Un informe del Observatorio Contra el Contrabando, con información del 2019 detalló que la participación de este tipo de mercadería en el mercado guatemalteco es el 28% de los aceites, abarrotes, boquitas y dulces; 25% del maíz; 20% de los huevos; 14% de las bebidas gaseosas; 12% de la carne de cerdo; y 10% de los lácteos. En 2020 y 2021 no se actualizó la información, a causa de la pandemia.
Pero desde el 2013, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha presentado informes de incumplimiento en el pago del impuesto al valor agregado (IVA), o sea la evasión, y el reporte del 2020 fue de 24.61%, equivalente a Q9 mil 83 millones, aunque disminuyó Q1 mil 295 millones con relación al 2019, cuando fue de Q10 mil 378 millones.
Modalidad creativa
Los datos del OCC señalan que desde diciembre pasado se observó una nueva práctica de contrabando que proviene de Honduras hacia Guatemala, con maíz amarillo -que se utiliza como mezcla de concentrado para alimentos de aves y animales-.
El producto que ingresa al país vecino desde Estados Unidos y Brasil, lo hace con exoneración del IVA, pero luego se traslada a Guatemala y se comercializa en las unidades productoras avícolas y porcicultoras de Izabal, Zacapa y Chiquimula.
“Es una triangulación porque el maíz ingresa legal a Honduras, pero luego entra a Guatemala por los pasos ciegos y se vende como ruteo en las granjas”, aseguró Luis Mazariegos, coordinador del OCC.
Citó como referencia que el precio de un quintal de maíz amarillo puede ser de Q100, pero uno de contrabando se ofrece entre Q85 y Q88.
También se detectó contrabando de útiles escolares procedentes de México, que tiene como centro de distribución varios municipios de Quetzaltenango.
Nuevo estudio
Ante esto, las autoridades llevarán a cabo un estudio que medirá el impacto del contrabando en el país, de manera que se puedan impulsar acciones en por lo menos tres grandes áreas en los cuales incide este problema: la salud, el empleo y la pérdida de mercado para las empresas.
“La importancia de estos análisis es medir cómo el contrabando pone en riesgo la salud de los consumidores; la pérdida de empleo formal, a consecuencia d la competencia desleal; y la disminución del mercado para la industria y el comercio”, expuso Luis Mazariegos, coordinador del OCC.
Saul Figueroa, viceministro de Finanzas encargado de Ingresos y Evaluación Fiscal, explicó que las intendencias de Recaudación y Aduanas (de la SAT) tienen el mandato de llevar a cabo el informe de incumplimiento de los impuestos internos y del servicio aduanero.
Entonces, se medirá cuánto se deja de percibir en impuestos internos y de comercio exterior para medir esta actividad ilícita. Reconoció que hay informes elaborados por el sector académico, pero nunca por el administrador tributario.
“Vamos a tratar de medir el impacto del contrabando, porque nadie puede saber cuánto es, y tratar de verificar las cantidades”. Y remarcó que la idea es medir ese delito y la defraudación aduanera, por lo que los estudios pueden durar entre uno y dos años.
Planes de acción
Con esta información, deberían planificarse acciones concretas para reducir las pérdidas al fisco y a los demás sectores, comentó David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
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Aunque para enfrentar al contrabando, se requieren esfuerzos y vigilancia de varias instituciones, capacitaciones, estrategias y otros factores, que requieren la asignación de recursos. “Conocer lo que se está perdiendo, puede ser un punto de partida para diseñar estrategias y generar conciencia en los consumidores sobre las consecuencias de esta actividad en la economía”, subrayó.
Política de Estado
Y Mazariegos manifestó que la importancia de combatir el contrabando debe ser transversal, pues afecta todas las actividades productivas, sobre todo a la industria de alimentos y bebidas, ropa, calzado y medicinas, entre otras, y debe verse como una política de Estado.
“No solamente le compete a la SAT, que es una entidad administrativa y no una fuerza de tarea, aparte de que promueve leyes. Aquí se necesita a los ministerios fuertes como Defensa y Gobernación, hasta lo servicios de inteligencia civil que deben colaborar con la persecución del delito”, puntualizó.
También dijo que se requieren acciones concretas del Ministerio Público y el Organismo Judicial, considerando esta situación como una lucha para mejorar las condiciones de bienestar en el país y la generación de empleo, para que las personas no opten por la migración irregular.
