Mientras tanto, la Compañía Puerta del Istmo afirmó este 2 de febrero que está vigente un contrato firmado el año pasado para rehabilitar 1.3 kilómetros de vía férrea en Ayutla, San Marcos, (Tecún Umán), por lo que Ferrovías no puede anularlo de forma unilateral.
El contrato entre Ferrovías y Remed fue aprobado por la asamblea de Ferrovías el 12 de enero del 2022 y firmado en 14 de ese mismo mes, con el cual se otorga el derecho de rehabilitación, uso y operación de 265 kilómetros de vía férrea para prestar el servicio de transporte de carga, pasajeros y turismo. De estos, 235 kilómetros van de Tecún Umán (San Marcos) hasta Puerto Quetzal (Escuintla) y 30 kilómetros corresponden a la vía entre Retalhuleu y el puerto de Champerico.
Por lo pronto, el funcionario de la CGC explicó que el análisis se lleva a cabo desde el punto de vista legal en la dirección de Asuntos Jurídicos de esa institución y posteriormente, se entrará a la fase de fiscalización, cuando se tomarán decisiones con base en las conclusiones recibidas. “Se prevé conocer los resultados en los próximos días”, precisó el subcontralor.
Posible demanda
El documento firmado en junio del 2021 entre Ferrovías y Puerta del Istmo, por un plazo de 25 años (finalizaría en el 2046), es un contrato para servidumbre voluntaria y oneroso de paso. Es decir que Ferrovías establece la tarifa y Puerta del Istmo la paga con base en el procedimiento establecido por uso de las vías y no sobre utilidades.
El gerente de Puerta del Istmo, Fredy Palma, explicó que se trata de un derecho de paso no exclusivo, lo que significa que pueden utilizarlo otras entidades, e incluye la interconexión ferroviaria de la vía nacional con la ubicada en terrenos privados por 1.7 kilómetros en la Zona de Desarrollo Económico Especial Pública (Zdeep) que tiene aprobada y está instalando en ese municipio.
Ambos tramos son importantes para la Zdeep porque atrae la instalación de varias empresas y alrededor del 30% de ellas usaría el tren, comenta el ejecutivo.
Esa compañía tiene previsto iniciar este año una inversión de Q25 millones para el tramo de 1.3 kilómetros en mención, aspecto que según el gerente, incrementará los bienes del Estado y generará ingresos para Ferrovías desde el primer día de operación, mientras que prevé invertir alrededor US$8 millones (unos Q61.6 millones) en un tramo de 1.7 kilómetros para la interconexión respectiva.
La construcción no ha iniciado, debido a tres motivos, explicó Palma: Covial no ha reparado el puente Rodolfo Robles; Ferrovías no ha habilitado su Depósito Aduanero Temporal (DAT) en la que operarán varias oficinas públicas; y desde octubre del 2022 iniciaron las acciones para afectar el contrato mencionado.
Palma comentó que el problema con el nuevo contrato firmado entre Ferrovías y Remed. S.A., es que le dan el uso de la vía de forma exclusiva, por lo que resultarían perjudicados los contratos vigentes no exclusivos que tienen varias empresas. También se corre el riesgo de que la empresa con el nuevo contrato decida no construir esa parte o cambiar el tramo, por lo que se les dificultaría interconectarse con la red ferroviaria del país.
Palma añadió que el tramo que a ellos les interesa está invadido con alrededor de 120 familias (unas 1 mil personas) y creen que la intención es cambiar el trazo, por lo menos en la parte que sale de Ayutla.
“Contrario a eso, el proyecto de Puerta del Istmo incluye el componente social de reubicar a las familias en otros terrenos”, añadió.
En contexto con lo anterior, Palma aseguró que no ha recibido ninguna notificación o aviso oficial sobre la decisión de la asamblea que dio como resultado el contrato con Remed, S.A., pero un abogado de Ferrovías se ha acercado a la empresa, de forma extraoficial, para pedirles que rescindan el contrato.
Por lo tanto, la compañía ahora analiza las acciones legales correspondientes, a pesar de que “los contratos podrían operar simultáneamente”.
Solución salomónica
Juan Pablo Carrasco, actual presidente de Amcham, opinó sobre el caso, desde su experiencia como abogado, y aunque dijo que no conoce detalles de ambos contratos, indicó que “se debe tomar en cuenta que Ferrovías está inscrita como una Sociedad Anónima por lo que no es estatal, y con base en ello, el contrato con Puerta del Istmo es entre dos entes privados y se debe usar la legislación comercial para definir lo que pasará”.
Explica que el contrato no se puede rescindir de forma unilateral, sino solo por medio de acuerdos bilaterales entre ambas entidades, aparte de que hay al menos dos contratos más de servidumbre no exclusiva en el tramo de la región sur. El tramo en esa área se otorgó a la empresa Remed, S. A., y según la Procuraduría General de la Nación (PGN) se trata de un arrendamiento.
“El contrato nuevo que se suscribió este año no debería interferir con la no exclusividad de los otros compromisos existentes y para ello, debería llegarse a un acuerdo para que funcionen ambos contratos de manera integral, pues un contrato posterior no puede afectar a uno ya existente”.
Ferrovías argumenta que es privada
El Administrador Único y Representante Legal de Ferrovías, José Fernando Ulloa Rosenberg, indicó que no se puede pronunciar sobre el contrato con Remed, S. A. porque este se encuentra en fase de inscripción y al hacerlo, caería en ilegalidades.
Por la misma razón, dijo no poder responder sobre la situación del contrato con Puerta del Istmo, aunque aseguró que la asamblea pidió analizar la legalidad de este último. Sin embargo, refirió que la compañía emitió un comunicado sobre el contrato con Remed, S. A., documento en el que se asegura que Ferrovías es una empresa mercantil y que no es sujeta a la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92, ni a la Ley Orgánica del Presupuesto, 101-97 porque no ha recibido ni recibe aportaciones, subsidios ni recursos del Estado de Guatemala.
Ferrovías argumenta que el 80% de las acciones de la empresa que posee el Estado no fueron pagadas, pues ello es consecuencia de un endoso derivado de un laudo arbitral internacional, tras haber perdido una demanda de la empresa Railroad Development Company (RDC) que por varios años tuvo a su cargo el sistema ferroviario del país.
“Alrededor de US$14.1 millones que el Estado pagó a RDC fue por inversiones, funcionamiento del servicio ferroviario y arrendamientos inmobiliarios, pero no por las acciones que se endosaron a su favor, para evitar que el próximo adquiriente de las acciones pudiera iniciar un nuevo juicio en contra del Estado”.
En el comunicado se indica que actualmente se está a la espera de la resolución que ponga fin a la acción inconstitucional de amparo presentada por el Procurador de Derechos Humanos. “El tribunal extraordinario de amparo ya emitió tres resoluciones el 14, 18 y 19 de enero, en las cuales no se ha decretado amparo provisional”, aseguró la empresa.
Asimismo, asegura que se ejercieron las facultades para disponer de los bienes que les fueron otorgados en usufructo oneroso, según el llamado Contrato 402, para la reactivación del Sistema Ferroviario de Guatemala, y que en el 2019, Remed, S. A., presentó manifestación de interés por lo que se iniciaron dictámenes técnicos, legales, estudios financieros y registrales que concluyeron en la viabilidad de la reactivación del tramo denominada División del Pacífico.
