El Colegio de Farmacéuticos y Químicos (Cofaqui) de Guatemala calificó de “desmedidos” los aumentos a las tasas por los servicios técnicos que prestan los departamentos o unidades técnicas especializadas de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud.
Las nuevas tasas están contenidas en el acuerdo gubernativo 179-2020 que entraron en vigencia el 1 de diciembre.
Entre estos servicios se encuentra la emisión de licencias y registros sanitarios, análisis de productos y certificaciones y autorizaciones, los cuales son indispensables para el funcionamiento de las industrias farmacéuticas, de alimentos o productos afines y laboratorios clínicos, entre otros.
Piden derogar acuerdo
Directivos de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), de la Cámara de Comercio de Guatemala, de los sectores de productos farmacéuticos, alimentos y cosméticos e higiene de Agexport, así como la presidenta del Colegio de Farmacéuticos y Químicos (Cofaqui) de Guatemala, entre otras entidades, se reunieron la tarde del martes 1 de diciembre con viceministros de Salud y de Economía para tratar el tema.
El presidente de la Comisión de Cosméticos e Higiénicos de Agexport, Giovanni Cardona, comentó a Prensa Libre que varias de esas organizaciones solicitaron a los funcionarios la derogatoria del acuerdo gubernativo 179-2020 (que fue firmado por el mandatario Alejandro Giammattei), con el cual se suben las tasas en mención y que se instale una mesa de discusión técnica.
“Una viceministra de Salud explicó las razones del aumento indicando que para poder mejorar los servicios del Ministerio necesitan aumentar los aranceles en esa magnitud, pero yo creo que no tienen un estudio técnico. Además, dicen que fue consensuado hace 3 o 4 años y pero no es cierto” dijo Cardona.
Estuardo Matheu, presidente de Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos adscrita a la CIG, mencionó que participó en la reunión del 1 de diciembre. Comentó que dicha organización no pidió la derogatoria, sino que solicitó al Ministerio de Salud que explique la lógica que usó para efectuar esos aumentos a las tasas.
El directivo comentó que les expusieron que las tasas se discuten desde el 2017 y fueron aprobadas durante el gobierno anterior por el presidente Jimmy Morales quien firmó un acuerdo, pero no se envió a publicar por falta de fondos por lo que perdió vigencia. Les indicaron que el actual gobierno no formuló la disposición, sino que la retomó, firmó un acuerdo y la puso en vigencia.
Tanto Matheu como Seidner y Cardona indicaron que no participaron en alguna reunión anterior a la del martes para discutir el tema de las tasas
“Subirán los precios”
Claudia García, química farmacéutica e integrante de la junta directiva del Cofaqui, manifestó su preocupación ya que el precio de algunos registros sanitarios aumentó hasta tres y cuatro veces su costo. El problema, dijo la profesional, es que esto se traducirá en un incremento del costo de los medicamentos y servicios de salud que se prestan a la población en general.
“Al aumentar estos aranceles se reflejará también un aumento en el precio de los medicamentos, de los servicios de los laboratorios clínicos y consultas médicas a los profesionales de la salud”, dijo la representante del Cofaqui.
El Acuerdo Gubernativo 179-2020, modifica e incrementa de manera desmedida e injustificada, las tasas por servicios que prestan los deptos de regulación y vigilancia de la salud del MinSalud. pic.twitter.com/X2wdw5BYRa
— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) December 1, 2020
Advirtió que, en Guatemala, particularmente, el costo de algunos fármacos es mayor en relación con otros países y esa situación podría agravarse aún más.
Asimismo, García dijo que el Ministerio de Salud en ningún momento se les pidió una opinión técnica como Colegio, como sí lo ha hecho en ocasiones anteriores. Tampoco se brindó un tiempo prudencial para que los profesionales de la salud se preparan para la entrada en vigor de los nuevos aranceles.
“Esto (el incremento de aranceles) fue unilateral del MSPAS, nunca se nos consultó. Para varias de las normativas o acuerdos que emite el ministerio sí nos convocan como Cofaqui y a otras asociaciones para obtener opiniones, pero esta vez no se hizo así”, dijo García.
El director del Núcleo de Farmacéuticos de Agexport Emmanuel Seidner reconfirmó que en ningún momento se les convocó a alguna discusión técnica para definir los nuevos cobros, incluso mencionó que ni siquiera se homologaron las tarifas con Centroamérica, sino que se fijaron más altas para el país.
Esos aspectos impactan de diferentes formas, agregó. Una de estas es el aumento de costos que no podrá ser absorbido por las empresas y tendrá que trasladarse al usuario.
También afecta la competitividad de la industria nacional para exportar hacia otros países y se corre el riesgo de perder mercados. En la actualidad dicho Núcleo está conformado por 20 de 43 farmacéuticas registradas en el país, y exporta alrededor de US$280 millones al año a ocho países.
Además, expresó que “es desatinado el momento para el aumento, en medio de una pandemia, donde haya más registros sanitarias más competencia y mejores precios habrá, pero vemos con suma preocupación el aumento desmedido de tasas que llegan a ser superiores entre 1 mil y 4 mil por ciento”, respecto de las anteriores.
El registro sanitario de cada medicamento que antes costaba Q100 ahora cuesta Q4 mil, de igual manera aumentaron las renovaciones, expuso Seinder.
Sin ese registro, el medicamento no se puede poner a la venta dijo al explicar que la industria nacional no tendrá capacidad para presentar nuevos registros y que “todos los aumentos en costos de cualquier empresa los tiene que absorber el mercado por lo que nos preocupa que afectara a los usuarios o compradores”, agregó.
Aparte, por cada producto que se exporta se necesita un certificado de libre venta, el cual costaba Q15 y ahora se elevó a Q140.
“Ya entró en vigencia, es una sorpresa” agregó al mencionar que están pidiendo la derogatoria de los dos acuerdos gubernativos, el 178 y el 179-2020.
Salud justifica aumento
Los ingresos provenientes de los aranceles únicamente se pueden utilizar para cubrir los gastos en que incurran los departamentos y la unidad técnica especializada encargada, según el artículo 10 del acuerdo 179-2020.
La Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud informó vía la oficina de comunicación social del MSPAS que el presupuesto que tiene asignado anualmente es insuficiente para cumplir con las funciones regulatorias que tiene asignadas.
Aunado a ello indicaron que los costos de funcionamiento e insumos necesarios para cumplir con sus atribuciones reguladoras, sancionatorias y de monitoreo han aumentado. No obstante, los aranceles que estaban vigentes previo a la emisión del acuerdo 179-2020 fueron aprobados hace más de 12 años.
“Para garantizar la presentación de los servicios y que estos sean acordes a las necesidades actuales es indispensable que estos sean auto sostenibles y autofinanciables lo cual es posible únicamente si los montos incluidos en el arancel son modificados y ajustados a costos reales”, indicó el departamento en un mensaje de texto.
Terceros laboratorios
El Ministerio de Salud también aprobó el acuerdo 178-2020 que establece la autorización a terceros laboratorios para hacer trámites para registros de medicamentos de farmacéuticas nacionales. Según Seidner, Agexport ha impulsado este tipo de laboratorios para agilizar los trámites mientras se establece una ventanilla única para ese tipo de productos. La intención era que otros laboratorios privados puedan efectuar pruebas y trámites para registros para agilizar los procesos y que estos resultados sean reconocidos por el Ministerio.
Sin embargo, mencionó que están en desacuerdo, ya que en la administración anterior se aprobó por un año y de manera opcional, pero a su criterio ahora se está obligando a todas las farmacéuticas a que hagan ese proceso en un laboratorio privado y se está estableciendo con un plazo indefinida.
Mencionó que el Ministerio solo tiene tres laboratorios autorizados o certificados para esa labor por lo que, al tener más demanda podrían subir los precios y afectar a las industrias.
Lucrecia Ramírez, viceministra Técnica indicó que el uso de esos laboratorios no es obligatoria sino opcional. La disposición se deriva de que esas empresas para obtener una licencia para comercializar sus productos necesitan aprobación del Laboratorio Nacional de Salud y “ellos mismos (los empresarios) se han quejado porque tarda mucho, entonces para apoyar en que estén satisfechos y acelerar el trámite, en coordinación con la Cámara de Farmacéuticos se analizó la necesidad de regular esos laboratorios terciarios”.
Seidner añadió que los trámites en el país afectan a la industria nacional ya que para la obtención de registros sanitarios para productos importados hay un plazo de 30 días con lo cual ya pueden salir al mercado, pero los producidos en el país tardan entre 3 a 6 meses porque les piden otros análisis.
“Desde marzo, cuando empezó la pandemia, pedí un registro para un producto de vitamina C, y ya es diciembre, ya pasaron nueve meses y no lo han aprobado”, agregó.
