Ager manifestó su preocupación ayer, por medio de comunicados públicos, en los que expuso que hay resoluciones judiciales en contra de proyectos hidroeléctricos debido a la falta, por parte del Estado, de procesos para consultas establecidas en el Convenio 169 de la OIT.
Ager criticó “las convocatorias a consultas a mano alzada”, ya que “manipulan y confunden a la población”. Colom dijo que el convenio indica que los gobiernos son los que deben fijar los procedimientos.
El domingo se suspendió una consulta prevista en comunidades de Alta Verapaz, por las hidroeléctricas Oxec 1 y 2.
En febrero pasado, el Ministerio de Energía y Minas informó que no puede establecer el procedimiento, sino que deben ser el Gobierno y el Estado de Guatemala.
El vocero de la Presidencia, Heinz Heimann, explicó ayer que es una labor interinstitucional en la que se deben involucrar las procuradurías General de la Nación y de Derechos Humanos y otras entidades, además de crear o modificar leyes para tal efecto.
