La nota general precisa que el “Departamento puede tomar medidas adicionales para promover la seguridad nacional de EE. UU. e intereses de política exterior. Durante este período de ‘pausa’, el Departamento evaluará más a fondo el control actual de las exportaciones de armas de fuego”.
“La revisión se realizará con urgencia y permitirá al Departamento evaluar y mitigar de manera más efectiva el riesgo de que las armas de fuego se desvíen a entidades o actividades que promuevan la inestabilidad regional, violen los derechos humanos o impulsen actividades criminales”, añade.
Para especialistas consultados, esta medida, que afecta a Guatemala, puede tener otras connotaciones, como la crisis política, y podrían empezar a materializarse sanciones comerciales de acuerdo con las advertencias en reiteradas ocasiones por parte de altos funcionarios en Washington. También se registra una tendencia al alza de la violencia homicida.
Por otro lado, la suspensión puede afectar el abastecimiento del suministro de equipo a la cadena que comercializa desde EE. UU. Hasta agosto último el monto de las importaciones ascendía a US$11 millones 727 —unos Q91 millones—, lo cual representa el 0.17 por ciento de las compras totales registradas hasta esa fecha.
Lectura y el mensaje
Preguntado sobre cómo se interpreta que Guatemala haya sido incluida en la lista de países sujetos a la medida, el analista político Ronald Flores considera que denota falta de confianza, en general, aunque también que no se tiene la certeza que las armas vendidas queden en manos de los compradores registrados.
“Puede ser que se añada –la suspensión– a otras medidas similares en otros ámbitos”, apuntó.
Para Francisco Quezada, analista del Centro de Investigación Económicas Nacionales (Cien), la medida es muy compleja de interpretar “porque enseña algo que no está en la superficie”, pues en EE. UU. hay una discusión eterna entre las corrientes a favor y en contra de las armas.
En el marco de aproximaciones y acuerdos, es posible que decidan restringir la importación de armas a países que tienen determinado perfil para suspenderles la venta y comercialización, lo cual es una política de EE. UU. y de Europa al exterior. También puede responder a que en que países como Guatemala se observa un repunte de violencia. Ahí surge el debate interno de esas naciones que no limitan su mercado local, pero sí hacia otros, expuso Quezada.
Asimismo, estimó que Guatemala no es un problema para EE. UU., como sí lo es México, puesto que las armas que han comercializado con este último han ido a parar a estructuras criminales como la del narcotráfico.
A ello se suma la imagen “turbia” y “revoltosa” que el país ha proyectado al mundo en estas últimas semanas. No obstante, la medida no parece basada en datos, porque la violencia se mantiene contenida, y pese a un evento electoral permeado por acciones judiciales, tampoco ha sido violento, subrayó Quezada. Pese a lo anterior, “sin la menor duda, esta crisis política es parte del paquete”, opinó.
Primer aviso
Desde otra perspectiva, el internacionalista Roberto Santiago Servent dice que la suspensión podría ser un primer mensaje al corte de relaciones comerciales que puede implantar EE. UU. en Guatemala, si las acciones antidemocráticas siguen encaminadas a minar la voluntad expresada en las urnas.
“El mensaje, además de intentar frenar la violencia local y transfronteriza, parece ser evitar un rearme social que pueda causar un levantamiento civil. Además de lanzar el primer mensaje de advertencia sobre quién controla y maneja las relaciones comerciales bilaterales, por lo que de seguir las acciones antidemocráticas se pueden intensificar las suspensiones, bloqueos y embargos comerciales al país”, comentó.
En torno a quiénes afecta de manera directa la suspensión temporal de comercialización de armas, indicó que son las empresas de venta de armas y municiones y las agencias de seguridad privada.
También hay una falta de normativa en el país que hace que exista un amplio mercado negro de armas.
Se calcula que hay unas 80 mil armas en depósitos policiales pendientes de destrucción. Exfuncionarios del Ministerio del Interior creen que no existe voluntad institucional para eliminarlas, unida a una inercia política para que el Congreso apruebe la legislación que permita el rastreo de armas y municiones.
¿Cuánto importamos?
Del 2010 hasta agosto del 2023, en el comercio formal y legal de este rubro, la factura por la importación de armas y municiones de EE. UU. a Guatemala es de US$77 millones 857 mil —unos Q607 millones—.
Las compras pasaron de US$2 millones 318 mil en el 2010 a US$13 millones 780 mil en el 2022, lo que presenta un crecimiento del 494 por ciento en ese período.
Las estadísticas indican que hasta agosto recién pasado las importaciones totales de armas y municiones alcanzaban los US$28 millones 435 mil, y solo de EE. UU. se adquirieron US$11 millones 727 mil, lo que equivale a una participación del 41.2 por ciento.
La medida causa pérdidas
La senadora estadounidense Shelley Moore Capito (R-W.Va.), miembro del Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte, junto con 45 de sus colegas del Senado, envió una carta a la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, planteando dudas sobre la decisión anunciada por la Oficina de Industria y Seguridad de promulgar una pausa de 90 días para la emisión de licencias de exportación de armas de fuego, municiones. y ciertos accesorios para la mayoría de los mercados extranjeros.
La carta fue encabezada por el senador estadounidense Ted Budd (republicano por Carolina del Norte).
La misiva expone: “Como usted sabe, las exportaciones de armas de fuego a usuarios no gubernamentales en países no cubiertos por la excepción constituyen un porcentaje significativo de las exportaciones totales de armas de fuego de Estados Unidos.
Esta pausa pone en juego los intereses comerciales y económicos de Estados Unidos, así como los intereses comerciales de los exportadores de armas de fuego cuyas exportaciones pendientes ahora están sujetas a pausa, además de los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, escribieron los senadores.
“Según una encuesta realizada por NSSF, la asociación comercial de la industria de armas de fuego y municiones, esta decisión tendría un impacto económico negativo severo. A día de hoy, la industria estima un costo directo de al menos 89 millones de dólares asociados con la pausa de 90 días y al menos 238 millones de dólares anuales si la pausa se volviera permanente”, dijeron los senadores.
Afectación a las empresas
Elmer Arriaza García, consultor en temas de seguridad privada, indicó que esta barrera no arancelaria, por la restricción de las licencias, es coyuntural al Estado como tal, y el comercio formal se verá afectado porque no podrá adquirir los equipos de manera inmediata.
En las agencias y empresas de seguridad privada la ley indica contar con una bodega con las medidas preventivas para la protección de activos. El equipo se asigna a los elementos que están en servicio, pero la rotación del equipo es muy baja, porque se rota al personal que queda en el puesto de atención.
La afectación puede ser que las empresas que prestan los servicios necesiten un abastecimiento o un cambio de inventario, y no cuenten con muchos equipos en comparación con la fuerza pública, sino un abastecimiento para un servicio específico.
Por ley, se mantiene un inventario actualizado, así como los equipos asignados, y las gestiones de reposiciones se gestionan ante la Dirección General de Armas y Municiones, adscrita al Ministerio de la Defensa.
Arriaza García hizo ver que el desabastecimiento de municiones en el sector puede ser por contar con un entrenamiento al personal con cierta frecuencia, con base en riesgos operativos.
