Con la ampliación aprobada por el Legislativo, se incluirá a los usuarios que consumen entre 89 y 100 kilovatios por mes y la medida estará vigente de abril a diciembre de este año, según el acuerdo que dio vida a la “Ley de fortalecimiento al aporte social de la tarifa eléctrica”.
La medida, según el Congreso, fue tomada debido al incremento constante en los precios de los combustibles, lo que impacta de manera directa en el tema de generación de energía.
“La presente ley tiene por objeto garantizar los recursos destinados al aporte social para los usuarios de la tarifa social para el suministro de la energía eléctrica”, de abril a diciembre de 2022, señala el decreto.
Además, refiere que se autoriza al Inde para que “otorgue un apoyo social temporal a los usuarios regulados de distribución final de energía eléctrica que consuman mensualmente entre 89 kilovatios hora a 100 kilovatios hora”, durante los meses descritos.
Añade que la “se amplía el Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022” por el monto de Q90 millones, que serán financiados con “recursos de la disminución de caja y bancos de recursos del tesoro”.
Dicho decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado en un solo debate y “entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial”.
En tanto, el Inde señaló en un comunicado que dicha medida “beneficiará a los guatemaltecos de menores ingresos durante nueve meses, ya que se implementará un nuevo esquema temporal para incluir en el aporte a la tarifa social a los consumidores de energía eléctrica comprendidos en el rango de 89 a 100 kilovatios hora mes”.
Agrega que el aporte a la tarifa social asignado por el Gobierno es de Q450 millones, el cual incluye la ampliación de Q90 millones. “Para el cumplimiento del objetivo de Gobierno el Inde contempló Q481 millones para cubrir el Aporte Inde a la tarifa social para 2022, por lo que el total global del citado aporte para este año sería de Q931 millones”.
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El Gobierno por su parte señaló que “la normativa forma parte del Programa Nacional de Emergencia planteado por el Organismo Ejecutivo para apoyar a la población guatemalteca ante el conflicto Rusia-Ucrania y la crisis mundial que desencadenó”.
Refiere que la iniciativa de ley fue elaborada por el Ministerio de Energía y Minas con el objetivo de beneficiar a más de 120 mil familias.
