“Como miembro del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara, tomaré las medidas inmediatas para estudiar las condiciones de ayuda extranjera para Guatemala, las cuales se relacionan al respeto del estado de derecho” refiere Amodei en el documento divulgado este miércoles por la Minera San Rafael.
Por lo que también solicita que las tres entidades investiguen el caso, que se analice el caso en relación a la asignación de la ayuda extranjera de Estados Unidos para Guatemala y “congruente con las leyes pertinentes, normas y regulaciones”.
La solicitud se deriva, agrega el congresista, por los retrasos de la Corte de Constitucionalidad (CC) en resolver el caso, los cuales califica de irregulares porque según las leyes guatemaltecas debió resolverse a finales de octubre del 2017.
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Pero también por las acusaciones contra dirigentes, exdirigentes de Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), organización que es la denunciante principal en el caso contra la mina, así como de quien fuera abogado del caso por parte de esa agrupación.
“Por consiguiente, le solicito a sus departamentos que realicen de inmediato una investigación coordinada para determinar si las acciones para facilitar la corrupción por parte de Calas (miembros actuales y anteriores) están afectando los retrasos inexplicables en la resolución del caso de la Mina El Escobal” se agregó en el documento.
Explica que sus acciones se deben a que mina a cargo de la compañía canadiense Tahoe Resources ha invertido alrededor de US$1 mil 700 millones, pero la empresa tiene su sede principal en Reno, Nevada y alrededor de la mitad de los accionistas son ciudadanos y entidades estadounidenses.
Directivos de la Minera San Rafael indicaron esta semana que por la suspensión de operaciones el Estado ha dejado de recaudar Q440 millones en concepto de impuestos en regalías.
Además de los más de Q2 mil 400 millones que han dejado de ingresar a la economía del país, en pago de proveedores, salarios, entre otros.
Los efectos de la suspensión de la minera fueron mencionados, agrega el congresista, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe emitido en junio de 2018 y califica las suspensiones de actividades mineras ordenadas por las cortes como un factor importante de la creciente desaceleración en el país.
El congresista envió en agosto del 2017, una carta secretario Ross y otros funcionarios acerca del tema en la cual solicitaba a las autoridades que impulse acciones para promover la reapertura de la mina.
El Escobal es una de las más grandes reservas de plata a nivel mundial, además Guatemala es el noveno exportador de ese material, explicaron recientemente ejecutivos de la mina.
Las operaciones de la minera cumplen este miércoles llevan 413 días en suspenso el cual se emitió el 5 de julio del 2017. A la fecha han despedido a 700 trabajadores.
El lunes recién pasado personeros de la mina informaron que han planteado la situación actual de la mina ante varias entidades en Washington DC, Estados Unidos.
“El objetivo —del cabildeo— es recurrir a instancias que velan por las inversiones extranjeras estadounidenses en otros países donde tengan certeza jurídica, y se enteren de cómo se encuentra el caso, porque la empresa Tahoe Resources Inc. posee al menos mil accionistas en el mundo que están preocupados, por la caída de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York”, informó ese día Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos de Minera.
Entre las entidades se encuentran el Departamento de Estado y el de Comercio.
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