Además, el 8 de septiembre último, APM Terminals Barcelona, una de las empresas socias de Maersk, propietaria de APM Terminals Quetzal, activó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un mecanismo de conciliación contra el Estado de Guatemala.
Ambas acciones se derivan del complejo proceso legal que existe por el contrato que permitió las operaciones de APM Terminals Quetzal —antes TCQ—, el cual se conoce en la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y cuya sentencia podría ordenar la nulidad del contrato original y, por ende, el inmediato desalojo. Dicha resolución está pendiente de ser notificada.
Transición ordenada
Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), afirmó que ven positivas las acciones que permitirían una transición ordenada y la continuidad de las operaciones, aunque dijo desconocer detalles sobre la conciliación entre las partes.
Reconoció que el proceso muestra una hoja de ruta que habían solicitado. “Asumiendo, con la información disponible, lo vemos con buenos ojos, además de que se envía un mensaje de orden, de una transición con certeza jurídica”, indicó.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americano (AmCham) expuso que lo ideal sería que, desde la vía legal, APM Terminals pudiera seguir operando la infraestructura portuaria, porque es de conocimiento que “existe equipo técnico y físico difícil de sustituir de manera inmediata, como, por ejemplo, los escáneres”.
Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), comentó que durante el actual gobierno se tuvieron cuatro años para buscarle una salida a la eventual nulidad del contrato, a pesar de que no hubo un daño, en el sentido de que no se paralizaron las operaciones de atención a la carga del comercio exterior.
“Hemos manejado, desde que empezó este gobierno para acá, una situación en la que la condición legal ya era clara y ya se sabía; por lo tanto, las posibilidades de llegar a un acuerdo en el que APM Terminals tuviera que cambiar las condiciones en la concesión eran factibles. Entendemos que en este período hubo propuestas para renegociar las condiciones, pero el Gobierno se manejó durante cuatro años sin cerrar el tema. Al final se estuvo operando y no se dio un daño, porque nunca se detuvo la operación, pero la pregunta para el que invierte es: ¿cuál es la certeza?”, explicó.
A su juicio, fue demasiado tiempo de inseguridad, tanto para los usuarios como para los que invirtieron en esas instalaciones e incluso para la misma EPQ.
Luis Pedro Cazali, abogado especialista en comercio exterior y atención a inversionistas, explicó que una conciliación es cuando las partes acuerdan someter sus diferencias en una comisión o puede ser directamente.
“En la conciliación se asume que hay un conflicto entre las partes, hay acercamientos entre ambas y, si llegan a acuerdos, las partes renuncian a sus derechos de seguir el proceso, y se da una compensación económica para uno u otro lado”, dijo.
En este caso, desde 2018 APM Terminals había anunciado su intención de acudir a un arbitraje, y con esta conciliación lo que se estaría buscando son puntos de acuerdo para finalizar el proceso y llegar a una etapa en la cual ambas partes se sientan satisfechas con lo acordado.
