La intervención es una medida cautelar que permite tomar control de la caja y el embargo de créditos fiscales y cuentas bancarias hasta recuperar el monto evadido, incluyendo multas e intereses, explicó el intendente jurídico de la SAT, Adrián Zapata.
En la información proporcionada por esa institución se incluyen 10 casos de intervención por aspectos penales y que conllevan la comisión de un delito, como defraudación tributaria, aduanera, contrabando y otros.
Esta semana fueron capturadas ocho personas por el caso El Bodegón, entre ellas el exministro de Agricultura Élmer López Rodríguez y el representante legal de la empresa, Nery Dubón Arita.
Según las autoridades, en el 2014 el Estado, por medio del Ministerio de Agricultura, compró a esa empresa, sin licitación, granos básicos por Q741.4 millones, amparado en el estado de Calamidad decretado debido a la canícula prolongada.
Se descubrió que el producto proveniente de México ingresó de contrabando. Este se distribuiría por medio de cupones a familias, en el Plan Hambre Cero.
En el caso está involucrado Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien fue mencionado por el exministro como el funcionario que lo presionaba en busca de negocios.
Además, hay 24 casos por juicios de cobros económico-coactivos que no implican delitos, explicó Zapata.
Estos casos “son procesos que han tenido una ruta administrativa o que se ha discutido un ajuste pendiente, y fruto de esa decisión final pasa a un juicio de cobro económico coactivo”, agregó el funcionario de la SAT.
Sin embargo, expuso que en muchos de los casos que se llevan a lo penal no hay un proceso administrativo previo, porque si en el transcurso del que se está efectuando se detecta que el contribuyente cometió un acto anómalo, como un delito de facturas falsas, por ejemplo, solo entonces se llega a la parte penal.
A la fecha, cuatro empresas, con casos penales, ya pagaron sus adeudos, por lo que aparecen como intervención no vigente, entre estas Aceros de Guatemala, S. A., Hotel Camino Real, S. A., Agropecuaria Bellamar Tiquisate, S. A., y Multiperfiles, S. A. Las restantes 30 aún mantienen vigentes las intervenciones.
Según datos a agosto brindados por el intendente de Recaudación, Abel Cruz, la SAT ha recuperado Q1 mil 600 millones por vía judicial y Q800 millones por correcciones voluntarias o atención a llamados que se hacen a los contribuyentes.
Tres más, el jueves
Solo ayer se efectuaron tres intervenciones con orden de juez.
La empresa Importadora, Empacadora y Comercializadora El Bodegón, S. A., fue una de ellas, a la cual trabajadores de la SAT llegaron ayer por la tarde, indicó Zapata.
La medida precautoria en este caso se efectuó con el propósito de salvaguardar los intereses del Estado, tomando en cuenta el caso sobre delitos aduaneros por contrabando de granos básicos que se divulgó esta semana, explicó el funcionario.
El Ministerio Público informó esta semana que las personas implicadas en la investigación del caso Bodegón defraudaron al Estado unos Q88 millones al evadir impuestos de importación de productos provenientes de México. Agregaron que la firma compró facturas anómalas a 78 proveedores con quienes no sostuvo relación comercial.
El monto defraudado podría aumentar porque, según Zapata, “es evidente que hay un tema de presunción de defraudación tributaria, por lo que la SAT investigará cómo se dio el manejo del débito y crédito fiscal (del impuesto al valor agregado) de esas facturas”.
Las otras dos intervenciones ejecutadas ayer fueron la de Bero de Guatemala, S. A., y Servicios Internacionales y Bodegas, S. A. (Sertinsa), por defraudación tributaria denunciada, para los períodos fiscales del 2007 al 2011, informó la SAT.
Bero de Guatemala fue notificada en junio pasado, pero la intervención no se ejecutó en ese momento porque existía una de un juzgado civil, por otro hecho.
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Casos Antiguos
Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que muchos de los casos que ahora pasan a intervención provienen de procesos y denuncias presentadas en años anteriores.
Recordó que en el 2009 y el 2010 hubo tres intervenciones por año y se lograron cobros extraordinarios, pero principalmente hubo solicitud de captura de personas que manejaban facturas falsas o compras simuladas. Entre esos casos se encuentra el de Norman Tejeda, por el que ahora se está cobrando, por medio de intervenciones o embargos, a las empresas que usaron las facturas de esta persona.
Otros casos, como el de cadenas de producción, vienen de proveedores ficticios o simulados, lo que ha generado ajustes por crédito fiscal del IVA, añadió el analista.
Para Medina, “la SAT hizo bien cuando al llegar al final del proceso solicitó el embargo precautorio de cuentas para facilitarse el cobro”, pero esas acciones no le garantizan que haya recuperado sus capacidadades administrativas y debe seguir con medidas de cobro y fortalecimiento.
