Por decirlo así, el crecimiento del renglón de salarios pagados anualmente está dominado por los aumentos aprobados por los sindicatos públicos.
Incluso este año, antes de los efectos del covid-19 en las finanzas, ya se había elevado una solicitud de ampliación presupuestaria para cumplir con los compromisos salariales de los ministerios de Educación, Salud y Gobernación, que se acordaron en el último año de gestión del expresidente Jimmy Morales, y que el Congreso la aprobó en marzo.
Los salarios están incluidos en el rubro de funcionamiento que representa casi el 64% de la estructura del presupuesto, 20% la inversión y 16% el pago del servicio de la deuda, según la estructura para 2021.
Inversión, “el gran perdedor”
Del 2008 al 2019, el rubro de remuneraciones creció en 181%, y pasó de Q9 mil 260 millones a Q26 mil 035 millones, y casi se triplicó en estos 12 años.
Mientras, en la asignación de inversión, el crecimiento es de 23% y prácticamente se encuentra estancando en el mismo período.
Hace 12 años, el monto de inversión de capital era de Q13 mil 221 millones y al 2019 fue de Q16 mil 285 millones, según las estadísticas.
Es decir que el presupuesto aprobado en este lustro ha privilegiado la nómina salarial que la inversión pública.
En 12 años el rubro de remuneraciones suma Q210 mil millones y la inversión en capital Q157 mil millones para tener una referencia.
Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), subrayó que aquí el gran perdedor es la inversión pública, porque las remuneraciones tienen una gran participación en el presupuesto.
Aunque reconoce que los funcionarios públicos deben ser bien pagados, hace falta avanzar en mejoras asociadas a un buen desempeño y resultados a los contribuyentes particularmente en ministerios grandes, como Educación, Salud y Gobernación.
Partida en escalada
Precisamente en el rubro de remuneraciones, se observan los “brincos” cuando se aprueban los incrementos salariales por pactos colectivos, mientras en la inversión, el indicador se mantiene estable.
- Por ejemplo, en 2008 –año de crisis financiera– el monto era de Q9 mil 260 millones, y sube a Q11 mil 154 millones para 2009, que equivale al 20% interanual.
- En 2013, la asignación ascendió a Q16 mil 967 millones y para 2014 fue de Q18 mil 465 millones o sea 8% más.
- Para 2019 el monto para remuneraciones fue de Q26 mil 035 millones, y en 2018 de Q23 mil 294 millones, registrando una variación del 11%.
- En 2020 el rubro de remuneraciones es de Q28 mil 745 millones y una inversión de Q21 mil 643 millones.
Este año hubo ampliaciones presupuestarias para hacerle frente a los efectos del covid-19 en Guatemala, las cuales aprobó el Congreso en abril último.
Mientras que en el proyecto de presupuesto 2021, la asignación de remuneraciones es de Q y de inversión de capital.
Salarios crecen 10% cada año
Para el exviceministro de Finanzas, Érick Coyoy, el rubro de remuneraciones crece en promedio 10% en los últimos 12 años, y la fuente de financiamiento para cubrir esos ajustes salariales es por ingresos tributarios y bonos del Tesoro –deuda bonificada–, quitándole porcentaje a inversión de capital.
“Mucho del crecimiento en el rubro de salarios en gran parte responde a los pactos colectivos y a los aumentos salariales que se negocian en estos”, subrayó.
Otro problema es que cuando no hay compromisos de pactos colectivos, la masa salarial siempre crece porque no se cierran entidades públicas, se crean otras que automáticamente cargan esa partida.
Coyoy citó como ejemplo el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) que tiene una asignación de Q8 millones para cubrir la nómina salarial, no tiene mayor renglón para inversión y la entidad no se suprime; pero a la vez, otras como el Centro de Gobierno tendrán asignados espacios presupuestarios para cubrir salarios que anteriormente no se pagaban.
“Hay un crecimiento vegetativo de la masa salarial por el simple hecho de que el Gobierno no evalúa las funciones de las entidades, y cuando crea una, no suprime otra para compensar, y simplemente las dejas funcionar”, reiteró.
Riesgo latente
Aunque por el momento este Gobierno no ha realizado ninguna negociación de un nuevo pacto colectivo, podría darse en otro momento posterior a la pandemia.
A decir de Coyoy, es una práctica para las autoridades de turno negociar incrementos colectivos con los sindicatos que, a cambio, se constituyen como un aliado político.
En ese sentido, Lavarreda considera que en esas negociaciones hay una interacción de diferentes grupos que tienen intereses entre el Ejecutivo y el Legislativo que incide para hacer esas asignaciones de los pactos colectivos, sin mayores discusiones.
“Uno se pudo dar cuenta de que en este año se privilegió y priorizó la asignación para cumplir con los pactos colectivos, y el Congreso avaló deuda para pagar los compromisos salariales”, recordó el analista del Cien.
Explicó que el Congreso realizó una excepción al artículo 61 de la Ley del Presupuesto para pagar con deuda los ajustes salariales, en medio de la crisis sanitaria.
