El 14 de diciembre del 2021 el Ministerio Público (MP) informó que realizó nueve capturas, de las 13 órdenes de aprehensión emitidas contra quienes integraron la junta directiva del Inde en el 2014, aparte de varios exfuncionarios y extrabajadores de la entidad.
Estos fueron señalados de participar en un supuesto proceso anómalo para crear la necesidad de una compra de energía eléctrica, por lo que también fueron sindicados de fraude e incumplimiento de deberes. El proceso incluye otra orden de captura contra el exministro de Energía y Minas, Érick Archila.
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Del 2014 al 2021 el Inde le ha pagado a dicha compañía Q826.8 millones, señaló el MP.
Ese instituto indicó el martes que respeta la ley y se pone a disposición para colaborar con las autoridades en lo necesario; también mencionó que acata el proceso jurídico y respeta la presunción de inocencia en las investigaciones.
El miércoles, ante consultas efectuadas por Prensa Libre acerca de la situación en que queda el contrato mencionado, respondió que en este momento no se puede pronunciar al respecto y que se deberán hacer los análisis correspondientes.
Por aparte, el consultor Jorge García Chiu, ex viceministro de Energía y Minas, dijo que al surgir los señalamientos por esa contratación en el 2014, la Contraloría General de Cuentas (CGC) debió auditar el procedimiento y el contrato, sin embargo ahora indica que para suspenderlo, se deben seguir los pasos que establece la legislación, para evitar contrademandas. En el informe anual de auditoria de ese período, no aparece mencionada esa contratación y tampoco hallazgos al respecto.
Rodrigo Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) respondió que el Inde es una institución autónoma, que tiene una Ley Orgánica propia que regula sus procesos y que el tema del contrato mencionado obedece a la dinámica de esa entidad; además, es un agente más dentro del sistema de electricidad del país para la generación, transporte y comercialización.
“Por la fase tan temprana del proceso no sería responsable emitir opinión alguna, más que el contrato obedecía a las necesidades del Inde y que dentro de esa lógica, debería administrarse, pero primero se debe de agotar el debido proceso y sobre todo, salvaguardar siempre la garantía de presunción de inocencia”, añadió el funcionario.
El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien también preside el Inde, no ha respondido a la solicitud de información.
El instituto adjudicó un contrato a la generadora La Libertad, que produce energía a base de carbón, por 15.2 megavatios a US$119 por megavatio/hora; es decir, casi US$0.12 por kilovatio hora, por un plazo de 17 años, precios cuestionados en ese año por diferentes sectores.
En esa ocasión se mencionó que la entidad necesitaba la compra de electricidad para completar los compromisos que había adquirido de proveer a las distribuidoras para el segmento de la Tarifa Social.
Los reportes de liquidación presupuestaria del Inde refiere que se ha pagado alrededor de Q115 millones anuales a dicha empresa.
