El Eje 4 de la iniciativa que lleva a cabo el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), trató sobre la amenaza de los fenómenos naturales, las catástrofes, el daño económico y la reconstrucción de país, así como la importancia de diseñar y ejecutar políticas públicas de prevención y aseguramiento.
El impacto de un fenómeno natural puede ser económico, pero también social, señalaron los expositores.
Hermann Girón, presidente del Cacif, señaló que, desde el sector privado organizado, el tema es de preocupación, y que es necesario entender estos grandes riesgos y tomar las acciones para liderar un camino para aminorar esa vulnerabilidad.
Sismos, deslaves, lahares volcánicos e inundaciones son las amenazas que enfrenta Guatemala, afirmó Girón, y uno de los objetivos es lograr un acercamiento para promover una cultura de prevención de riesgos.
Recuento
Christian Nölck Rodríguez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis), expuso que desde el impacto del huracán Mitch, en 1998, hasta las tormentas Eta e Iota, en noviembre del 2020, Guatemala ha tenido aproximadamente Q35 mil millones de daños en infraestructura del Estado, lo cual ha a su vez ha generado una baja de hasta Q137 mil millones en la producción por esos daños.
También ha provocado que se recurra a endeudamiento -interno o externo- para la reconstrucción de la infraestructura golpeada por los diferentes fenómenos.
Remarcó que puede tener consecuencias de contratar más deuda pública para la fase de reconstrucción por los activos dañados por los fenómenos naturales, que puede generar un financiamiento hasta el 5% del PIB.
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En lo social, expuso el directivo, los eventos catastróficos han tenido consecuencias, ya que aumenta el déficit habitacional teniendo departamentos en donde hasta un 20% de las viviendas pueden ser afectadas por un evento de la naturaleza.
Al respecto, citó como ejemplo que el huracán Stan en 2005 afectó 37 mil viviendas, que es el activo de las familias y su protección en la sociedad, indicó.
Recordó que con la tormenta Agatha y la erupción del Volcán de Pacaya –ambas en 2010–, hubo departamentos que tuvieron el 17% del total de viviendas, y eso significó un segmento de la población afectado, que, en vez de reducir el déficit habitacional, se amplió por no estar preparados para enfrentar estas catástrofes naturales a la que se está expuesto, dadas las condiciones geográficas del país.
¿Está preparado el país?
A las preguntas: “¿estamos preparados como país?”, o “¿podemos prepararnos mejor?”, Nölck Rodríguez respondió que sí, al manifestar que Guatemala ya cuenta con una estrategia financiera ante el riesgo de desastres, y que existe una normativa para que el país pueda acceder a las distintas herramientas de financiación y poder estar en las capacidades económicas para atender este tipo de situaciones.
Aclaró que no es lo mismo programar un gasto constante en el presupuesto todos los años, a que se presente un evento que dispare el endeudamiento del país,
Entre las herramientas más comunes enumeró la emisión de un bono catastrófico y los seguros paramétricos de los bienes públicos, que ayudan a que cuando se presentan estos fenómenos el Estado no tenga que acudir a financiación adicional.
Reiteró que Guatemala está dentro de los 10 países más riesgosos del mundo y se califica al país con un 25% de resiliencia, que significa que por cada US$1 de daño en infraestructura del Estado, el impacto económico se cuadruplica.
Mezcla de riesgos
Alejandro Maldonado, exsecretario de Conred, enfatizó que Guatemala está expuesto a la gama completa de amenazas en hidrometeorológicos, sísmicas, volcánicas y una serie de riesgos tecnológicas por el propio ser humano, pero es un país vulnerable y en ese sentido se tiene que identificar todos los elementos que hacen que sea un territorio de riesgos.
“Hay que reducir los impactos por los desastres, contar con las herramientas adicionales y los planes de ordenamiento territorial y hay que fortalecer planes”, puntualizó.
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Manifestó que un evento puede generar pérdidas entre 2 a 4% del PIB, pero se han presentado eventos grandes como el terremoto de 1976, o los fenómenos Mitch, Agatha y Stan que se estima que el costo promedio de estos desastres, pérdidas y daños está entre Q3 mil millones a Q4 mil millones al año, así como la consecuencia de pérdidas de vidas, por lo que se insiste en trabajar en la gestión integral para la prevención de riesgos por desastres.
Girón concluyó que el Eje 4 “Un Nuevo Rumbo de Nación” llega más allá, no solo es reaccionar ante un evento, sino de prepararnos para hacer frente a esos problemas “porque sabemos que van a venir”, y el impacto de un terremoto sería de “absoluta dimensión catastrófica para todas las actividades productivas del país”.
