Expuso que el gobierno de ese país les había autorizado los permisos para la construcción en el 2015 en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua, y también contaban con permisos municipales. Sin embargo, en el 2016, cuando la construcción llevaba un avance del 92% les fue retirado el permiso por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), y desde julio de ese año no se permite el ingreso de ninguna persona de la empresa. Indicó que fueron expulsados por la Fuerza Pública de ese país.
Añadió que hicieron intentos por reactivar el permiso, pero que en noviembre del 2020 la expropiaron. Según Carreon, de esto no se dieron cuenta porque nunca les notificaron al respecto, sino hasta marzo del 2021 porque parte del inmueble fue pintado de color verde, cuyos colores identifican a la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petrónic).
Agregó que el expediente ya no está en el Registro Público ya que lo resguardan las autoridades y que es “confidencial”.
Un boletín que según información extraoficial y documentos de la Procuraduría General de la Nación (de ese país), indican que, en la certificación de la Resolución 350-2020 de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones se lee que el inmueble tiene un área de 84,601.487 metros cuadrados. Se agrega que un área de 77 mil 714.42 de estos están delineada a favor de Corporación Tomza, S. A, “y que el área de 12,042.69 metros cuadrados pertenecen al Estado de la República de Nicaragua, que es exactamente el área delimitada con el muro perimetral dentro del cual están las instalaciones”.
“Ya habíamos visto la oportunidad de entrar en Nicaragua y de que era momento de desarrollar nuevos proyectos desde gas vehicular, desarrollo agropecuario y otros”, dijo.
El ejecutivo dijo que consideran ilegal la expropiación que refleja falta de seguridad jurídica para el inversionista. Además, sigue la creciente falta de oportunidades de empleo en ese país, ya que en el 2016 cuando llegaron las fuerzas de seguridad había 85 personas adentro, entre ellos, empleados de la construcción y otros en capacitación, y tenían previsto generar 235 empleos.
“Vamos a recurrir a instancias internacionales porque se están violando los derechos de una empresa trasnacional que con inversión extranjera” dijo.
Mientras que en el boletín compartido se expresó “Para las autoridades de la empresa expropiada, Tomza, el hecho es sin precedentes y sin cumplimiento de los procesos establecidos por las mismas leyes de dicho país. A la vez, se muestran preocupados por la continuidad y protección laboral de cientos de empleados de la empresa quienes, a través de los años de operar en Nicaragua, han sacado adelante la producción, obteniendo resultados que ahora será un beneficio directo para el Estado”.
