Uno de los trabajos es el Estudio y propuesta de hoja de ruta para que Guatemala cumpla los estándares internacionales de transparencia fiscal, que ofrece un análisis sobre la situación actual de Guatemala y las acciones del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín), con un panorama de los avances realizados, así como de los desafíos y los espacios de mejora.
El estudio examina los principios y estándares internacionales que constituyen referentes clave para la promoción de la transparencia fiscal, elaborados por entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, entre otras, y que actualmente son la guía para trazar agendas, estrategias o políticas para los próximos años.
El segundo documento es el Estudio sobre el estado de la situación y retos pendientes en la participación pública en el proceso presupuestario guatemalteco, un análisis de los mecanismos tanto en el Organismo Ejecutivo durante la fase de formulación del presupuesto, a través de los talleres de presupuesto abierto, como en el Organismo Legislativo en la fase de aprobación, a través de las audiencias públicas que realiza la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para emitir su dictamen del proyecto de presupuesto, revisando sus principales características y evaluando si cumplen los estándares internacionales. Analiza esos mecanismos e identifica los principales retos para mejorar la profundidad y calidad de la participación pública, así como su diseño e implementación.
Según el analista Carlos Melgar, autor de los estudios y coordinador del área de transparencia fiscal del Icefi, se trata de una revisión cualitativa del proceso de presupuesto en base a estándares internacionales y “es necesario resaltar la importancia de que el nuevo gobierno avance en el diseño y la implementación de un componente sólido para fortalecer la transparencia fiscal”.
Además, recomienda revisar y fortalecer los mecanismos para fomentar la participación de la ciudadanía en las etapas del proceso presupuestario, que tiene al Minfin como ente rector, y al Congreso de la República, que recibe propuestas o posturas de diferentes sectores.
Hoja de Ruta
Melgar comentó que en los últimos años se tienen avances en algunos aspectos, pero el país aún está por debajo de ciertos estándares internacionales, por lo que el primer análisis propone 8 acciones, (4 inmediatas y 4 de mediano plazo).
Entre las inmediatas, para las que proponen plazos de tres meses, están:
- Actualizar la Estrategia de Transparencia Fiscal.
- Revisar el marco legal para asegurar los avances de transparencia fiscal y elaborar propuestas de reformas legales.
- Revisar las estrategias de promoción y difusión de documentos presupuestarios y portales con información fiscal.
- Así como elaborar y emitir base legal para relanzar el funcionamiento del Comité de Usuarios de Datos Abiertos del Minfín, y revisar los conjuntos de datos disponibles.
A mediano plazo, de tres a seis meses, proponen:
- Revisar e implementar cambios a documentos presupuestarios clave, así como el cumplimiento de las fechas de publicación.
- Un plan de trabajo para seguimiento a normas y estándares internacionales de transparencia fiscal.
- Fortalecimiento de los portales de transparencia fiscal.
- Evaluar la forma de la realización de los talleres de Presupuesto Abierto.
Participación pública
El segundo estudio emite recomendaciones dirigidas tanto al Minfin, como al Legislativo:
- Sistematizar y analizar las recomendaciones emanadas de evaluaciones o mediciones que surgen a nivel nacional e internacional, que se relacionen con el objetivo de mejorar la efectividad de los mecanismos participación pública dentro del proceso presupuestario guatemalteco. Aunque refiere que estas acciones deben enfocarse en los talleres de presupuesto abierto del Minfin y en las audiencias públicas de la Comisión de Finanzas, no hay que limitarse a estos ejercicios porque será positivo considerar nuevas oportunidades de participación pública en las demás fases del proceso presupuestario. A partir de este análisis debe surgir una hoja de ruta para impulsar o reformar el marco legal para este propósito e identificar buenas prácticas que permitan establecer diseños metodológicos apropiados para garantizar un mayor involucramiento, colaboración y empoderamiento de la ciudadanía en materia presupuestaria.
- Establecer mecanismos claros y estandarizados para informar sobre la implementación de acciones o adopción de medidas derivadas de las propuestas presentadas en estos mecanismos que abran la participación para el proceso presupuestario. Es decir, proporcionar retroalimentación oportuna y específica acerca de las contribuciones recibidas por los sectores, explicar cómo las han tomado en cuenta, tanto en el proyecto de presupuesto como en el dictamen al proyecto de presupuesto.
- También se deberá considerar los elementos esenciales que sugieren tanto los Principios de Participación Pública en las Políticas Fiscales como la Guía sobre el fomento de la transparencia fiscal para el desarrollo de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT), para mejorar los mecanismos participativos existentes dentro del proceso presupuestario o incluso para impulsar nuevos.
- Ligada a la recomendación, se detallan otras, como tener una minuciosa y cuidadosa planificación de participación pública estableciendo de forma clara los objetivos, definir su alcance y expectativas, las modalidades y reglas, y las formas de diálogo, retroalimentación y respuesta; así como el público destinatario. “Es importante incluir a los grupos de personas tradicionalmente excluidos, dándoles voz, y tomar decisiones acerca de cuándo y cómo debe tener lugar la participación de los sectores”.
Refiere el analista que partir de un análisis crítico de las características o rasgos que presentan ambos mecanismos se puede concluir que el país aún está lejos de las mejores prácticas y el nivel de involucramiento logrado en los talleres de presupuesto abierto del Minfín y en las audiencias públicas de la Comisión de Finanzas se limita a informar y consultar pero queda un largo camino para alcanzar los siguientes grados que permitirían a la ciudadanía tener algún tipo de involucramiento, colaboración o empoderamiento.
