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Colegios privados buscan alternativas para que maestros puedan mantener beneficios del Irtra
¿Por qué el Irtra ya no puede seguir cobrando el impuesto a los colegios y qué soluciones se plantean? Colegios privados y la institución proponen alternativas tras cancelación de beneficios a los a los maestros, personal administrativo y operativo.
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El Irtra suspendió la renovación de carnés para trabajadores de colegios privados, generando un debate entre la institución y la Asociación de Colegios Privados sobre la legalidad de la medida. (Foto Prensa Libre: Irtra)
En abril de 2024, el Congreso aprobó el Decreto 9-2024, que afectó a los trabajadores de colegios privados al eliminar el cobro del impuesto al Irtra y dejar de renovar los carnés una vez vencidos.
Esto impactó a muchos docentes, especialmente a aquellos que renuevan su contrato en enero, ya que el acceso a los beneficios de los parques de recreación depende de su relación laboral.
El Irtra argumenta que, por una disposición constitucional, no puede cobrar un impuesto al sector educativo, incluyendo colegios y universidades, y por eso no puede extender los beneficios de recreación a sus trabajadores.
Esto ha generado un debate, ya que la Asociación de Colegios Privados (ACP) sostiene que esta exclusión viola los derechos adquiridos desde hace 40 años, mientras que el Irtra defiende su postura de que la ley no le permite otorgar el beneficio a instituciones exentas del impuesto de recreación.
Imposibilidad de modificar la ley
El asesor de la presidencia del Irtra, Jorge Mario Chajón, enfatiza que, aunque se reformara la Ley del Irtra, la exención es un mandato constitucional, por lo que el único camino legal para revertir la decisión sería una reformar la misma Constitución. "Ninguna ley está por encima de la Constitución", asegura.
Desde su creación en 1962, el Irtra estableció que el aporte financiero provendría exclusivamente de los empleadores, fijando una contribución o impuesto equivalente al 1% de la planilla reportada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss).
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En aquel entonces, los colegios privados manifestaron interés en formar parte del sistema y se les incluyó dentro del esquema de aportación. Sin embargo, las universidades quedaron fuera desde un inicio, en cumplimiento del Artículo 88 de la Constitución.
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Chajón comenta que, con la reforma constitucional de 1985, el Artículo 73 amplió la exención a los colegios privados, pero en su momento no se realizó ninguna modificación en la forma en que se les cobraba el impuesto. "Nadie reparó en que debíamos dejar de cobrar el 1% a los colegios, por lo que la relación continuó como si nada hubiese cambiado", indica.
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En 2024, al revisar la normativa en el marco de reformas a la Ley de Creación del Irtra, el equipo legal de la institución identifica esta contradicción y sugiere suspender el cobro. "Así como los colegios no pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni Impuesto al Valor Agregado (IVA), tampoco podemos cobrarles el 1% para el Irtra", afirma Chajón.
No obstante, el instituto de recreación reafirma su compromiso con la comunidad de afiliados en general: "desde hace tiempo hemos implementado medidas para ampliar el acceso de las familias a nuestros parques, como permitir que cada afiliado pueda ingresar con un acompañante externo. Pero, en el caso de los colegios, ahora que somos conscientes del incumplimiento legal, debemos respetar la ley", agrega.
Una posible “solución”
Chajón comparte que, recientemente, durante una entrevista, alguien sugirió la opción de crear o contratar una empresa terciaria (outsourcing) para gestionar todo el personal del colegio a través de esta, preguntándose si podrían incluirlos como afiliados. Según Chajón, si la empresa es creada legalmente y conforme al Código de Comercio, podría brindarse el beneficio, ya que la relación se establecería entre una empresa privada (lucrativa) y el Instituto de Recreación.
No obstante, las implicaciones legales y laborales de crear una figura empresarial de este tipo, o de contratar a la empresa, deben ser evaluadas con sumo cuidado por cada propietario de los centros educativos. Incluso debería considerar si hacer este cambio podría afectar alguna normativa del Ministerio de Educación (Mineduc).
“Entendemos que son 50 mil empleados de centros educativos, y lamentamos no poder seguir brindándoles el servicio. Sin embargo, cuando se creó el Irtra en 1962, no existía el artículo que excluía a los colegios del pago de impuestos. Luego, al modificarlo en 1985, se incluyó esa exclusión, pero nadie reparó en esto hasta 2024. No se trata de arbitrariedad, simplemente estamos cumpliendo con la ley”, afirma Jorge Chajón.
Postura de la Asociación de Colegios Privados
Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala (ACP), expresa su preocupación por la decisión del Irtra. Explica que, después de enterarse por medio del Diario Oficial sobre las modificaciones del 2024, sostuvieron una reunión virtual con un representante del instituto para conocer los motivos de la medida. A partir de ello, el equipo legal de la ACP comenzó a buscar alternativas para que los trabajadores de los colegios no perdieran el beneficio.
En enero de 2025, la ACP envió una carta a la junta directiva del Irtra para presentar una propuesta y permitir que el personal docente y administrativo de los colegios siguiera afiliado. Sin embargo, la respuesta del Irtra fue negativa y no les concedieron un espacio para reunirse.
"Sabemos que la Constitución prohíbe el cobro obligatorio de impuestos a los centros educativos, pero queremos contribuir de manera voluntaria con el 1% para seguir siendo parte del sistema", indicó Brown.
Al proponerles la posibilidad de que los colegios contraten a su personal a través de una empresa terciaria, como se ha sugerido recientemente, Marcos Palma, asesor legal de la ACP, indica que esa posibilidad la habían evaluado pero no la consideran posible por las implicaciones legales que puedan ocasionar:
- El Ministerio de Educación mantiene un control estricto sobre el personal contratado en los centros educativos.
- Las implicaciones laborales podrían verse afectadas por el Ministerio de Trabajo, ya que están reguladas por la normativa vigente.
- Esto podría considerarse como un fraude a la ley
Palma, añade que lo que más les ha desconcertado es que, en ningún momento, ni antes ni después, las autoridades de la institución se acercaron para exponerles la situación: "nos enteramos por la publicación oficial del decreto. Esto da la impresión de que no existe voluntad por parte de las autoridades para negociar o establecer una mesa de diálogo" declara el abogado de la ACP.
Por último Brown, enfatiza que su prioridad es establecer un diálogo con el Irtra para buscar una solución viable. "Nos preocupa el bienestar emocional de nuestros trabajadores, que han disfrutado de este beneficio por décadas", concluye.
Alternativas y compromiso del Irtra
El Irtra mantiene su apoyo a la comunidad educativa, explica Chajón, "anualmente, más de 300 mil estudiantes de todo el país visitan sus instalaciones con entrada gratuita, cubriendo únicamente el costo del almuerzo que es asequible".
"Nuestro objetivo no es perjudicar a nadie ni generar complicaciones. Simplemente estamos cumpliendo con la ley", asegura Chajón. También indica que el Irtra evaluará la posibilidad de ofrecer promociones especiales para los colegios, aunque reconoce que no es lo mismo que contar con un carné de afiliado para ingresar con libertad.