Según el documento, luego de que concluyó la concesión el 31 de mayo del 2014, analizó, evaluó y promovió diferentes opciones ante la DGCyT y ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) para mejorar el servicio postal, las cuales nunca fueron consideradas.
El comunicado refiere que luego de que el Congreso decidió no aprobar la continuidad del servicio por parte de CDG, el 19 de mayo de este año, la empresa comenzó a tomar medidas necesarias para acatar la decisón y entregar al Estado la concesión del servicio postal. Esto, luego de que se otorgó un plazo de 90 días improrrogables, por parte de la DGyT y del Micivi para llevar un proceso ordenado.
Sin embargo, este lunes el Ministerio de Comunicaciones señaló que el proceso no puede finalizarse debido a irregularidades que se encontraron en la revisión de algunos documentos.
El Ministro de Comunicaciones Aldo García, indicó a Prensa Libre que la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un recurso legal y están a la espera de que ese ente les informe si podrán continuar operando algunas agencias.
Para atender estas posibles irregularidades ha sido propuesta e integrada la Comisión de Liquidación.
“Estamos a la espera de la instrucción por parte de la PGN, para saber si es posible operar temporalmente algunas agencias que se encuentran en situación normal para trabajar, con la finalidad de garantizar el servicio postal”, informaron las autoridades.
252 agencias tenía el correo en todo el país, aunque algunas ya las había cerrado o transformado.
En la Dirección de Correos y Telégrafos responden a los usuarios que todas las agencias están cerradas debido a ese proceso y que no saben cuándo se volverán a abrir.
Las puertas principales del Edificio de Correos en la 12 calle y 7ª. Avenida de la zona 1, donde se ubica una de las agencias, se encuentra cerrada, de igual forma el resto ubicadas tanto en la capital y otros municipios.
El caso
El 19 de mayo pasado, y después de 12 años de prestar servicios de manera continuada, la empresa El Correo de Guatemala, S. A., concesionaria de los servicios postales del país, comenzó de manera abrupta el proceso de devolución de los bienes muebles e inmuebles al Estado de Guatemala, así como la indemnización de 690 trabajadores.
Desde el 16 de diciembre de 1998 dejó de operar el correo como una empresa estatal y se convirtió en una concesión privada.
En el 2004, la empresa Correo de Guatemala, S.A., fue contratada por el Estado para operar los servicios postales en el país por el plazo de 10 años.
Desde mayo del 2014, cuando venció el contrato de concesión la empresa solicitó al Congreso la prórroga; sin embargo, esta no fue aprobada y el 26 del 2016, el pleno del Congreso conoció la prórroga de concesión, pero fue improbada porque la mayoría de diputados votó en contra.
En mayo, el Ministerio de Comunicaciones solicitó un proceso legal para el revertimiento de bienes con el fin de no afectar a los usuarios del servicio del correo.
Esa medida se basó en el reglamento del contrato de concesión, que establece 90 días para la devolución del servicio al Estado.
Don Máximo Toc, uno de los guatemaltecos afectados por el cierre de El Correo, zona 1. Video: Estuardo Paredes ► pic.twitter.com/0sdgMGC230
— Beatriz Tercero (@BeaTercero_PL) August 22, 2016
En ese mes también se instaló una mesa de diálogo, con representantes de El Correo de Guatemala, S.A., la Dirección General de Correos y Telégrafos y las autoridades competentes del CIV.
La Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT) emitió, mayo del 2014 diciembre del 2015 multas por Q13 millones a la empresa El Correo por incumplimiento, también se verificaban las denuncias de cierre de agencias en la provincia.
