Tantos intereses creados alrededor de la sal ayudan a entender por qué, a pesar de que el Gobierno chino trataba de liberalizar el sector desde comienzos de siglo, ha pasado más de una década hasta que finalmente lo ha conseguido.
“La reforma no se pudo realizar antes porque había muchos grupos de presión que no lo permitían. Para empezar, la empresa de la sal veía que, si se hacía, perdería sus ganancias y retrasaría pago de los salarios, lo que llevaría al descontento de los empleados”, dice a Efe Zou Jialai, un abogado chino pionero en casos antimonopolio.
“Hace más de diez años que se planteó acabar con el monopolio, pero la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (el órgano de planificación económica) la vetaba una y otra vez citando razones como la preocupación por la seguridad alimentaria”, explica Zou.
Tan longevo era el monopolio chino de la sal que antecedió a la Gran Muralla -y, de hecho, si el famoso muro defensivo pudo construirse fue por los ingresos que generaba-, porque nació incluso antes de la unificación del país.
El estado de Qi, situado en la actual provincia de Shandong (este), adoptó un monopolio sobre la sal allá por el siglo VII a.C., en el periodo conocido en la historiografía china como de las Primaveras y los Otoños.
La dinastía Han emuló esa idea en el siglo II a.C. al entender que controlando la sal podría financiar la expansión del imperio recién unificado.
El monopolio sobrevivió al paso del tiempo y de las diferentes dinastías y, cuando ya en el siglo XX el Partido Comunista ganó al Kuomintang (Partido Nacionalista) la guerra civil y fundó la República Popular de China en 1949, la sal continuó bajo la tutela estatal.
En ese esquema, una sola empresa, la Corporación Nacional de la Industria de la Sal de China, decidía los niveles de producción, los precios y los canales de distribución, bajo la premisa de garantizar que la sal yodada formara parte de la dieta.
El Gobierno chino fue abriendo la mano poco a poco y empezó por la rama de la producción, permitiendo a empresas privadas participar en ella, aunque siempre con la autorización previa de Corporación Nacional y siguiendo sus dictados.
La distribución y los precios, sin embargo, seguían siendo un monopolio hasta hoy.
Esta situación propició la aparición de mercados negros de la sal, sobre todo en las provincias del interior -está estrictamente prohibido transportarla sin permiso incluso dentro del país-, y, a su vez, la creación de una fuerza policial específica para combatir estas actividades ilícitas.
Los ingresos para las arcas del Estado derivados de la sal, que tan importantes fueron en el pasado, han menguando progresivamente hasta caer por debajo del 1% del total en la actualidad, lo que acabó por convencer a Pekín para acometer la reforma.
Con plan que entra hoy en vigor, el Gobierno chino dejará que los productores autorizados se conviertan en mayoristas y decidan cómo distribuyen la sal y a qué precio.
Es un indicio de los tiempos que corren en la segunda mayor economía del mundo, que espera que aumente la competencia en el sector y bajen los precios para dar un alivio a los bolsillos de sus más de 1 mil 300 millones de consumidores.
La liberalización, en todo caso, es parcial en la medida en que el Consejo de Estado (Ejecutivo) ha anunciado que no concederá de momento más licencias y que se reserva el derecho a intervenir en los precios de la sal en caso de emergencia.
