Moody´s: el país tiene problemas que no está resolviendo
Gabriel Torres, analista y vicepresidente senior de crédito de la calificadora Moody´s, refirió que no tienen una opinión sobre el hecho concreto, porque no son especialistas en el tema y las reglas de porqué se acepta o no que esté alguien en un cargo como en un caso como el mencionado.
Sin embargo, considera que hay un problema más grande que la firma viene señalando hace mucho tiempo y que tiene que ver con la muy débil institucionalidad en Guatemala. En su momento, se señaló el tema cuando no se renovó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que es una de las razones por las que tienen una perspectiva negativa para la calificación del país, agregó.
Torres explicó que el tener una perspectiva negativa sirve para señalar que es posible que se baje una calificación a un país, aunque por ahora no está ocurriendo.
En el conflicto concreto actual, que involucran a Porras y a Sandoval, dijo “no sé quién tiene la razón por lo que no estoy en condiciones de aportar mucho al respecto. Pero si me preguntan cómo vemos estos temas, le diría que Guatemala tiene una historia de problemas institucionales, problemas de lucha contra la corrupción que no los está resolviendo”.
Cuando una firma como esta califica un país, toma en cuenta una serie de factores como económicos, financieros y políticos e institucionales.
De estos, “en el tema institucional Guatemala siempre ha tenido debilidades que se notan en altos niveles de corrupción, bajos niveles de acatamiento de las reglas de juego, medidas que están basadas en la percepción, y no vemos que haya cambiado en años, en décadas, y que no se termina de resolver”, señaló.
En la parte institucional las razones por los problemas recurrentes que no se logran resolver, es lo que Torres denomina como “el típico problema que tiene un país en la situación de Guatemala” siendo una combinación de altos niveles de pobreza y desigualdad, con alta percepción de corrupción y falta de respeto o no seguimiento a las reglas de juego o dificultades para tener un sistema judicial independiente y fuerte.
Aunque indicó que no es el rol de una calificadora medir la corrupción, explicó que la principal razón por la cual creen que eso es negativo es porque esa combinación tiende, tarde o temprano a llevar a una crisis. “Lo que sí vemos es que en los países que tienen las circunstancias que tiene Guatemala, tarde o temprano la población reacciona, y muchas veces reacciona muy negativamente. Y lo que estamos diciendo es que acá claramente hay problemas para el país, para resolver lo que tiene que ver con demandas sociales y con la percepción de corrupción”, agregó el analista.
La que evalúa Standard & Poor’s
Omar de La Torre, director asociado de calificaciones soberanas e internacionales de las finanzas públicas en Standard & Poor’s (S&P), explicó la visión de esa firma.
La última evaluación de S&P fue en abril del 2021 y mantuvo la calificación en BB- con perspectiva estable, la cual sigue vigente.
Explicó en forma general que con el tema de la corrupción la calificación es cuatro, que refleja débiles pesos y contrapesos entre las instituciones y este grado de percepción de la corrupción que ha estado en el país desde hace tiempo.
Coincidió en que, por el momento tienen un pronunciamiento por el caso de la remoción del fiscal Sandoval y lo dicho por el MP.
Sin embargo expresó que tendrán que dar seguimiento si esta situación o el tema de la corrupción llega a deteriorar aún más la evaluación de los pesos y contrapesos, a tener un reflejo importante como deterioro consistente en las finanzas públicas o un efecto en la inversión extranjera directa que cambie su escenario base de la calificación actual.
La calificación en el área institucional
En el área de institucionalidad Guatemala está clasificada en cuatro dentro de la evaluación de S&P, donde el mejor posicionado es el 1 y el más bajo el 6.
Esta calificación de 4, aunque se considera que está en el medio, refleja un legado político y sus instituciones públicas aún débiles, pesos y contrapesos inciertos, corrupción y servicios públicos inadecuados, además que el estado de derecho y el cumplimiento de contratos se mantienen como un desafío el país, explicó de la Torre.
Es una calificación prospectiva y lo que se ve es la evolución de la calificación, dentro de los siguientes, dos años, añadió.
Insistió que no se están refiriendo puntualmente la remoción de un fiscal o de una agencia del gobierno, sino de la relación integral entre el Ejecutivo y el Legislativo donde se refleja que la aprobación de reformas siempre ha sido compleja y lleva mucho tiempo en la historia de Guatemala.
“La relación entre el Ejecutivo y el Congreso, la falta de una agenda que se pueda presentar y de tiempos concretos que se puedan definir respecto de cuando puedan ser aprobadas, es una de las limitantes en la parte de baja efectividad de políticas públicas”, responde el analista de S&P.
Afecta la economía y la inversión
De la Torre también explica el impacto en la economía o atracción de inversión.
Expuso que no hacen una evaluación específica del sistema legal, las cortes de justicia o el sistema de justicia, pero que la parte relacionada a la firma de contratos se mantiene como un desafío, así como el estado de derecho, aspectos que para la inversión extranjera directa es un freno ya que se pudieran tener montos más significativos, y limita que sea un detonante en el crecimiento económico.
Mencionó que se han analizado otras aristas, como cuando se buscó terminar el mandato de la Cicig por las autoridades de turno.
S&P, ve que el tema de la corrupción ya es una limitante dentro de la calificación de Guatemala.
“La débil institucionalidad, los pesos y contrapesos y la percepción de corrupción que ha imperado en el país desde hace algunos años ha tenido consecuencias en la parte de crecimiento económico, en la desigualdad de distribución del ingreso, baja efectividad en la ejecución de políticas públicas”, señaló al indicar que esas condiciones no permiten avance en políticas públicas ni tener un crecimiento económico más elevado, porque el actual no ha sido suficiente para contrarrestar la pobreza.
La firma dará seguimiento al tema que se desató con la remoción del fiscal, y si esto tuviera algún impacto en el deterioro de las finanzas públicas o en el deterioro de los escenarios base que consideran, podrían hacer cambios en la calificación, pero en la actualidad sigue vigente la calificación y el boletín emitido en abril.
Moody´s, considera que para la atracción inversiones el impacto de no resolver la problemática que su firma señala que se convierte en una limitante, por lo que la inversión puede ser menor que en países con mejores condiciones.
El problema, explica Torres, analista de Moody´s, es que genera incertidumbre en otros aspectos, porque no saben quién invierte, si va a haber corrupción y que las implicaciones que tiene para el funcionamiento de una economía se ven agrandadas cuando no hay una idea de que el tema de la corrupción se esté resolviendo. Mencionó que hay países en que con esas mismas condiciones se ven afectadas las inversiones y en otros no.
¿Afectará el pronunciamiento de Estados Unidos?
Los pronunciamientos de Estados Unidos por la remoción de Sandoval, y la decisión de suspender temporalmente su apoyo al MP, son aspectos que las firmas monitorearán.
Torres, ejecutivo de Moddy´s, refirió que han analizado que para que la postura de Estados Unidos tenga un impacto más directo, tendría que ser más que un pronunciamiento y haber algún tipo de evidencia de acciones que pueda emprender el gobierno de ese país, aunque por momento no hay, sin embargo expone que con lo sucedido hasta ahora en ese caso en Guatemala “se vuelve a la parte del problema de fondo ya que hay debilidad institucional, hay altos niveles de corrupción y no se terminan de resolver”.
Moody´s cambió la perspectiva de Guatemala en noviembre del 2020, esta sigue vigente y se colocó en Ba1 negativa. El cambio de ese año se derivó del aumento de la deuda pública, pero que mantuvieron vigentes sus observaciones por las debilidades institucionales que tiene el país.
En la actualidad no están anunciando algún cambio en la calificación y no están juzgado el hecho concreto del fiscal Sandoval y el MP, “pero creemos que es un síntoma de un país con debilidad institucional”, afirmó. A finales del 2021 empezaría la evaluación anual prevista.
El analista de S&P, dijo acerca de la postura de Estados Unidos, que en el caso concreto de la remoción del fiscal Sandoval y el MP, se tendrá que evaluar con el tiempo, tomando en cuenta la importancia de ese país como socio comercial y observar si se deriva en decisiones estadounidenses tanto en ese como en otros ámbitos.
Fitch, indicadores de gobernanza, entre sus análisis
En el caso de Fitch Ratings, la firma no tiene ningún comentario sobre la destitución de Sandoval del cargo como fiscal, respondió por correo electrónico Daniel Pulido-Méndez, analista Superior de Calificaciones de esa entidad.
La consultora mantiene para Guatemala una calificación de BB- con perspectiva estable, según el boletín emitido en mayo del 2021.
Esta calificación es respaldada por un historial de estabilidad macroeconómica, políticas fiscales conservadoras que han minimizado el endeudamiento del gobierno y una sólida liquidez externa, se indica en el documento, sin embargo, reporta debilidades como bajos ingresos tributarios indicadores de gobernanza y desarrollo humano que se comparan desfavorablemente con las categorías ‘BB’ y ‘B’, además de un estancamiento político que limita la capacidad del soberano para abordar estos problemas y debilidades.
Fitch señaló en ese boletín que las instituciones y la gobernanza de Guatemala son débiles en relación con la categoría ‘BB’, y que Estados Unidos propuso invertir US$4 mil millones en el Triángulo Norte en cuatro años, para abordar las causas fundamentales de la migración, con un enfoque en mejorar la gobernanza.
La reacción del Gobierno
Consultado al respecto de lo mencionado por las calificadoras, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, indicó que en la actualidad la economía de Guatemala se está comportando muy bien y seguirá mejorando.
Cita cifras como el índice de actividad económica a mayo, que se encuentra en 15.7%, el PIB trimestral del 2021 creció a 4.8%, las exportaciones crecieron en 16.6% a mayo, las importaciones muestran un crecimiento de 33.2%, las remesas familiares a más de 40%, y la recaudación en casi 26%.
“Mi impresión es que la medida adoptada por el Ministerio Público no afecte este buen comportamiento económico. Lo que sí es un hecho es que Guatemala debe seguir trabajando en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las Instituciones, mejorar el estado de derecho y la certeza jurídica”, expresó el ministro de Finanzas Públicas.
Agregó que mantienen una estrecha comunicación con las calificadoras internacionales de riesgo, para que tengan conocimiento del acontecer nacional.
Además, considera importante mencionar que históricamente la economía del país ha sido resiliente a estas coyunturas, en buena medida por la fortaleza macroeconómica del país, las políticas económicas estables y disciplinadas, y el hecho de que Guatemala nunca ha incumplido sus compromisos de deuda pública.
