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Cada año se presentan alrededor de 2 mil 400 denuncias por delitos contra la propiedad inmueble
La usurpación simple y agravada, así como la invasión de áreas protegidas, son algunos de los ilícitos que se cometen en el país, según el Observatorio de Derechos de Propiedad.
Una denuncia pública por usurpaciones lanzó el abogado del Ingenio Magdalena, Kevin Moldauer; apoyado por los ejecutivos Luis Miguel Paiz, de Asazgua; Carla Caballeros, de Camagro y Andrea Cáceres del Observatorio de Derechos de Propiedad. (Foto, Prensa Libre: Esbin García).
Del 2018 al 2023 se presentaron más de 14 mil 350 denuncias por delitos contra la propiedad privada: el primer año en mención fueron 2 mil 316 denuncias, mientras que el 2023 cerró con 1 mil 847, con un repunte en el 2021 con 2 mil 898. En tanto, a abril pasado se reportaban 513, pero el dato subió a 1 mil 400, según datos actualizados al 8 de agosto, explicó Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad. En estos se incluyen invasiones y otras acciones contra la propiedad inmueble.
Además, se registran alrededor de 5 mil denuncias anuales por los delitos de falsedad material y falsedad ideológica que son otras formas de despojo de propiedades con distintas tipologías que involucran robo de protocolos, falsificación de firmas de títulos de propiedad y otros documentos legales.
Pero a pesar del gran número de denuncias, alrededor del 70% es desestimado por diferentes razones, el 21% refleja una salida alterna, y solo el 0.3% ha logrado sentencia, expuso Cáceres. Mientras, el 3.5% de denuncias siguen activas y 5.9% presentan otros casos.
El año con menos desestimaciones fue el 2021, con 64.9%, pero posteriormente empezaron a subir, por lo que en 2022 y 2023 llegaron a 72.6% y 75.5% respectivamente; y en el presente año, de 513 denuncias a abril, se ha desestimado el 72.5%.
“Siempre nos ha llamado la atención por qué se desestiman tantas denuncias y lo que sucede es que los juzgados pasan muchos de los casos al ámbito civil, cuando realmente se trata de delitos penales”, expresó Cáceres.
Por departamento
En las estadísticas del observatorio aparecen registrados estos ilícitos en todos los departamentos, pero el de Guatemala es el que está a la cabeza con 2 mil 509 denuncias del 2018 a abril del 2024.
Le siguen Huehuetenango con 1 mil 611; San Marcos, con 1 mil 357; y Alta Verapaz, 1 mil 25. También aparece Sololá con 703 y Petén con 695.
En el tema de desalojos, las cifras son menores. Según las estadísticas recabadas por el observatorio, en el 2022 había 80 solicitudes de desalojo, pero solo se ejecutaron 45. En el 2023 fueron 60 y 38 respectivamente, mientras que a abril del 2024 se registraban 71 y 16.
El desalojo es una medida preventiva que establece el Código Penal para poder recuperar la posesión de los bienes inmuebles.
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En general, el plazo que tarda la ejecución de una resolución de ese tipo de casos sobrepasa lo que establece la legislación en Guatemala, explicó la ejecutiva, pues debería ser un promedio de 341 días (según análisis efectuado por el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal de Guatemala de la Universidad Rafael Landívar), pero en la realidad, tardan en promedio 817 días, que representa más de dos años.
Usurpación de “grupos criminales”
En una denuncia pública efectuada este jueves 8 de agosto, el Ingenio Magdalena dio a conocer que pese a contar con varias sentencias dictadas por Salas de la Corte de Apelaciones y por la Corte de Constitucionalidad, “un grupo criminal continúa actuando fuera de la ley utilizando argucias y documentos falsos para intentar, de manera violenta, retomar la posesión ilícita de tierras ubicadas en La Democracia, Escuintla”.
Según el abogado de esa compañía, Kevin Moldauer, la propiedad ha estado bajo legítima posesión de dicho grupo por más de 70 años y se utiliza para labores exclusivamente agrícolas desde hace 40 años.
Pero en septiembre de 2020 un grupo de personas usurpó alrededor de 120 caballerías del inmueble, recuperadas mediante acciones judiciales en febrero de 2024, tras una serie de allanamientos con el apoyo de las autoridades pertinentes, se agregó.
Por ello ahora denuncian el robo de la propiedad privada, “mediante la usurpación agravada por parte de grupos criminales fuertemente armados, aparte de que los retrasos injustificados en los procesos judiciales atentan contra los derechos fundamentales de los guatemaltecos”.
Por lo tanto, solicitan que se garanticen y respeten los tiempos en los casos judiciales aspecto que, insisten, es fundamental para asegurar el estado de derecho, el debido proceso y el cumplimiento de la ley.
Moldauer explicó que el proceso jurídico continúa en desarrollo, “aun y cuando la gran mayoría de los procedimientos emprendidos por este grupo criminal han sido declarados sin efecto, los hechos parecieran indicar que hay manipulaciones que retrasan injustificadamente el proceso judicial”, según el ingenio Magdalena.
Denuncia demoras no justificadas y otras anomalías
El abogado dio a conocer acciones que, a criterio de la compañía, ponen en riesgo la certeza jurídica y el respeto al debido proceso, por lo que la entidad hizo un llamado a los jueces a mantener su objetividad e imparcialidad, resaltando la importancia de enmarcar sus decisiones dentro de la ley y evitar más demoras injustificadas en el proceso.
- Las personas involucradas han sido citadas más de 4 veces al Juzgado para rendir su primera declaración, pero las audiencias han sido suspendidas y uno de los implicados no se ha presentado.
- El Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa suspendió la audiencia indicando que el representante de Magdalena no estaba presente aunque su representante legal y abogado ya se habían acreditado ante el secretario de dicho Juzgado. Además, el juez ha sido recusado tres veces y, no obstante tener limitación para seguir conociendo del proceso por imperativo legal, continúa a cargo del mismo, se añadió.
- El Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión para los supuestos involucrados, pero hasta la fecha ninguna ha sido ejecutada, “pese a que durante la usurpación, estos grupos armados amenazaron de muerte y tomaron por la fuerza al personal presente en las fincas, los tuvieron amarrados y restringieron su movilización. Además, durante los allanamientos, atentaron contra la vida de personeros de Magdalena y autoridades gubernamentales”.
- El abogado dijo además que las agrupaciones denunciadas han emprendido acciones ilegales e ilegítimas dentro de las instituciones judiciales con el fin de recuperar su presencia en la zona.
- No se trata de grupos de personas comunes, ya que incluso después de los allanamientos, “el ingenio tuvo que desmantelar 5 helipuertos y tres pistas de aterrizaje en una de las fincas, que habían sido instaladas por este grupo criminal, sin los permisos correspondientes, aparte de que durante el tiempo de la ocupación ilegal, más de 150 personas con armas de asalto dentro de las fincas intimidaban a los propietarios y vecinos del área”.
- Se tiene conocimiento de que para este viernes 9 de agosto se está convocando a una audiencia donde las personas denunciadas buscan que el caso ya no se conozca por la vía penal sino que se traslade a lo civil.
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En la conferencia de prensa en la que se hizo la denuncia pública, también participó el gerente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Luis Miguel Paiz; la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, Andrea Cáceres; y la directora ejecutiva de Cámara del Agro Guatemala (Camagro), Carla Caballeros; quienes indicaron que se unieron al llamado del Ingenio Magdalena “para que los jueces e instituciones encargadas de velar por la justicia actúen de forma imparcial y objetiva, con prontitud y firmeza, apegados a lo que manda la ley en el proceso de usurpación agravada de tierras en La Democracia, Escuintla, por un grupo criminal que ha intentado tomar posesión de las mismas mediante documentos falsos y el uso de la fuerza”.
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