El Cacif menciona en su carta que los organismos que tienen a cargo aspectos relacionados con el convenio son el Ejecutivo, el Judicial y, en el caso del Legislativo, para la reglamentación, y la solicitud surge por la suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricas.
Según expone esa agrupación en la carta, se viola el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, porque al no existir un reglamento, hay falta de certeza de cómo aplicarse, con resoluciones desfavorables al derecho de libertad de empresa y de trabajo, y generan conflictividad social.
Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), firmó la carta enviada al director de la OIT en Ginebra, Suiza.
En esta se explica, además, que luego de años de operar proyectos autorizados, grupos como organizaciones no gubernamentales, de las cuales incluso tienen conocimiento de que no son representativas de pueblos indígenas, promueven acciones legales para dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas.
Así, continúa, han logrado resoluciones desfavorables a la inversión y generan más conflicto. Sin embargo, eso es lo que el Convenio 169 quiere evitar, refiere la cúpula empresarial en otra parte de la carta.
Denuncia Internacional
El dirigente empresarial indicó que esta primera acción es solo una comunicación para enterar a ese organismo de lo que pasa en Guatemala, pero que no requiere que el Estado responda a la OIT.
Malouf advirtió de que de no obtener resultados con la primera medida y de continuar la suspensión de proyectos por las cortes de justicia, preparan dos acciones más en el lapso de un mes.
En la segunda acción, el Estado estaría obligado a enviar informe a la OIT sobre consultas y proyectos. La tercera se usaría si no cesa la suspensión de proyectos, y consiste en una denuncia o proceso de reclamación bajo el artículo 24 de esa organización.
La OIT se forma de manera tripartita con el Estado, empleadores y sector sindical. Las acciones del Cacif se hacen como empleadores y “estamos usando el derecho de petición”, refirió.
El problema, según dicho dirigente, es que de parte del Estado respondería el Ejecutivo, pero que ese organismo trata de impulsar acciones, entre estas un reglamento. Sin embargo, argumentó que el Organismo que no lo está aplicando bien es el Judicial porque suspende proyectos aplicando otras leyes sobre el convenio y lo hace vinculante.
En la actualidad hay tres proyectos hidroeléctricos suspendidos y dos mineras, como Proyecto Derivada IV y recientemente, El Escobal, propiedad de la empresa San Rafael. Además, hay denuncias o amparos contra otros, y aunque los procesos judiciales siguen no han sido suspendidos.
Sindicatos accionan
Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del Comité de Unidad Campesina e integrante de la Asamblea Social y Popular, dijo que la primera queja por parte del sector sindical se presentó en Ginebra por el caso de Hidroeléctricas Oxec, a las que la CC permitió seguir operando.
En dos meses más trasladarán “una serie de quejas” a la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas por violación a los procesos de los pueblos indígenas que se da por la mencionada resolución de la CC, la guía operativa para consultas lanzada por el Gobierno y otras actuaciones de empresas y autoridades que violan los derechos de los pueblos indígenas.
La ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, respondió que hasta ayer por la tarde se enteró de la solicitud enviada por el Cacif a la OIT, pero indicó que está en su derecho como parte tripartita de esa organización. La funcionaria lo ve como solicitud de acompañamiento de parte del sector empresarial.
Acerca del alcance que pueda tener una “intervención de la OIT”, indicó que esta respeta la soberanía y lo que puede hacer es brindar acompañamiento al país para buscar mediante diálogo viabilidad para la consulta de pueblos indígenas.
