La entidad ya trasladó los fondos, pero el cobro dependerá cuando el beneficiario lo decida, agregó.
Aseguró que presentaron 8 mil denuncias al MP por personas que brindaron falso testimonio y duplicidad para el cobro.
En el caso de las duplicidades que se han señalado, mencionó que todas las personas que accedieron a inscribirse para beneficiarios de ese bono lo hicieron bajo declaración jurada señalaban que toda la información que estaban dando era fidedigna, en caso contrario ellos estaban incurriendo en un delito, comentó el ministro.
“Estamos identificando que hay muchos casos que posteriormente de haberse inscrito ya no hicieron los cobros del bono familia no en el primero, segundo o tercer aporte porque se dieron cuenta que algunos habían incurrido en delito”, expuso.
Romero argumentó que el programa funcionó bien y es reconocido por entidades como el Banco Mundial y Unicef, y que los casos que se identificaron como irregularidades no llegan a representar el 0.1% de error en la ejecución del bono.
Se identificaron casos en los cuales trabajadores del Estado, de municipalidades o instituciones descentralizadas se inscribieron al bono familia y brindaron un dato falso, mencionó el ministro indicando que se interpusieron denuncias y corresponde al MP continuar con la investigación.
Respecto a las personas pensionadas, expuso que el Congreso efectuó una reforma al programa con la que se estableció que quienes tuvieran una pensión a los Q2 mil sí podrían ser beneficiarios del bono familia, sin embargo, cuando se dio esa reforma ya llevaban un alto porcentaje en ejecución y eso generó algún nivel de confusión.
Denuncias a personas y entidades
Javier Paniagua, director de asesoría jurídica del Mides explicó que inicialmente se presentó al MP una denuncia por 8 mil personas y cuando se avocaron a la fiscalía metropolitana trazaron una línea de acción para trabajarla por fiscalías municipales porque se trataba de casos de diferentes departamentos del país.
Sin embargo mencionó que se prevé firmar un convenio interinstitucional con el MP para presentar denuncias electrónicas y agilizar la fluidez de la información ya que solo se va a deducir responsabilidades en contra de las personas individuales o quienes eran funcionarios (servidores públicos) que se inscribieron sino en contra de las dependencias o entidades estatales que no cumplieron con el artículo 10 del decreto que creó el Bono Familia y que establecía que debían trasladar al Mides información requerida respecto a sus trabajadores.
En la actualidad se ha trabajado información de irregularidades en 72 municipios entre estos varios de Petén, Baja Verapaz, Escuintla y el área metropolitana, entre otros.
El funcionario dijo que el Mides recibe unos 80 requerimientos diarios de parte de las fiscalías del MP para continuar la investigación y persecución penal, y se les entregan datos como correlativo, CUI, nombre de la persona que cobró, el teléfono y la acreditación.
Mencionó casos como el de Petén, ya una persona fue ligada a proceso y el juzgado de primera instancia penal pidió el bloqueo de la cuenta bancaria por el delito de estafa propia y se prevé que en enero se realice la primera declaración. Se trata de una mujer que robo a un vecino su factura de energía eléctrica.
Hay otros casos en que personas denunciaron el robo de su factura, pero luego se dieron cuenta que el que registró la factura para efectuar el cobro del bono era un familiar como un hijo, un hermano, o un primo, pero no le avisaron a su familia.
Se detectaron otros casos que el Paniagua calificó como más complicados, como el que se dio en condominios en donde el propietario tomó todas las facturas y fue denunciado por los arrendantes, y en este caso se dio una conciliación.
El Bono familia es un apoyo de Q1 mil mensuales, que estableció por el plazo de 3 meses, para las familias que hayan consumido menos de 200 kilovatios hora al mes según su factura de energía eléctrica de febrero del 2020. Para ello Mides entregó a las distribuidoras de energía una base de datos con los nombres de los beneficiarios que estuvieron en ese rango durante el mes de febrero. También se debía entregar apoyo a hogares que no contaban con ese servicio.
Debilidades por corregir
El cambio y ampliación en el padrón de beneficiarios fueron los principales obstáculos para definir un alcance claro del Programa Bono Familia, según un análisis del Fondo Bono Familia que efectuó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
- El programa fue cambiando y el problema radicó en que el Fondo arrancó con poca claridad en identificar el problema priorizado y por ende su población objetivo no quedó clara.
- No se definió desde un inicio, las condiciones o características del apoyo y el estado ideal a alcanzar de los beneficiarios del programa con la ayuda.
- Tampoco se establecieron tiempos de entrega y no se alineó el plan de emergencia del gobierno con la estrategia de intervención del Bono Familia.
- Cuando el programa ya había iniciado, el Congreso realizó cambios en la definición de criterios para elegir a los beneficiados y los mecanismos de entrega del dinero.
- Ese aspecto provocó algunas demoras, ajustes sobre la marcha al manual del programa, la necesidad de realizar nuevas solicitudes de información a entidades externas y ajustes en la plataforma informática.
- Dichos puntos más cambios establecidos en el decreto 22-2020 impactaron en el tamaño del padrón, resultando en que todos estos cambios contravinieran las buenas prácticas en la implementación del programa y que se tuviera que reducir el monto del tercer aporte para mantenerse dentro de la restricción presupuestaria, se agregó.
Unicef y Banco Mundial entregan al Mides resultados de la asistencia técnica brindada durante el 2020 en #BonoFamilia#GuatemalaNoSeDetiene pic.twitter.com/FIm5D7IIl0
— Mides (@midesgt) December 22, 2020
