Ese cobro forma parte de las Tarifas por Servicios de Inspección de Envíos, Mercancías, Medios de Transporte y Otros, aprobadas mediante Acuerdo Ministerial 114-2018 del MAGA. Este establece que por inspección de equipaje de pasajeros provenientes vía aérea, a través de medios no intrusivos, se cobrará US$2.7 por persona.
Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), dijo que esa tarifa debió comenzar a cobrarse desde 2018, no se aplicó debido a que no se instalaron los equipos de rayos X. Sin embargo, en enero de 2023, se publicó el Acuerdo Ministerial 4-2023, mediante el cual se modificó el 114-2018.
“Pero nosotros no conocíamos el acuerdo anterior porque nunca los socializaron y ni el 4-2023, ya que tampoco lo socializaron hasta que nos avisaron a través de un oficio, a finales de marzo. Únicamente para informarnos que se había publicado y que ya estaba vigente. También indicaron que hablarían con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés)para ver cómo se podía incluir en el boleto aéreo”, indicó Rodas.
Según Rods, en abril empezaron tratar el tema, ya que no han estado de acuerdo con la nueva tarifa, porque afecta la competitividad del país sumarle US$2.75 por viajero que ingrese al país por revisión de equipaje. Tuvieron acercamientos con instituciones de turismo para manifestar nuestra preocupación, y con el Ministerio de Economía (Mineco), pero este dijo que el tema le competía al MAGA.
“En teoría (el cobro) era para empezar a aplicarse el 1 de junio, pero como las aerolíneas no lo incluyeron en el costo del boleto y habíamos comenzado la mesa de diálogo antes de esa fecha, entonces el 30 de mayo, sostuvimos una reunión con el ministro de Agricultura, quien dijo que se retrasaría el cobro y que entraría en vigencia el 15 de enero de 2024”, explicó Rodas.
Además, dijo que por ahora, continúan las conversaciones entre las diferentes instituciones participantes que comparten la preocupación por los efectos de esta disposición en la competitividad.
¿Qué dice el Acuerdo Ministerial?
Según se establece en Acuerdo Ministerial 114-2018, la tarifa por inspección se deriva de la delegación por parte del MAGA de la administración de los servicios de cuarentena vegetal y animal al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en 1998. El cobro se hará a través del SEPA y los fondos son para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos.
La normativa también indica que con la inspección se busca cumplir con la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, y su reglamento, que tiene como objeto velar por la protección y sanidad de los vegetales, animales, especies forestales e hidrobiológicas. La preservación de sus productos y subproductos no procesados contra la acción perjudicial de las plagas, enfermedades de importancia económica y cuarentenaria, sin perjuicio para la salud humana y el ambiente.
También busca ejecutar acciones para la aplicación de normas y procedimientos reglamentarios en la movilización de plantas, productos y subproductos de origen vegetal y de origen animal, medios de trasporte, equipos o insumos para uso agrícola, en animales e hidrobiológicos, con la finalidad de evitar el ingreso al país de plagas cuarentenarias o su diseminación y establecimiento.
