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En el pasado mes de octubre el BCIE aprobó a Costa Rica un crédito por 550 millones de dólares, el más grande de la historia de la entidad, que se invertirá en la construcción de un ambicioso tren eléctrico de pasajeros que conectará las principales ciudades del país.
La propuesta impulsada por el presidente, Carlos Alvarado, y la primera dama, Claudia Dobles, forma parte de los esfuerzos por avanzar hacia la descarbonización de la economía de un país reconocido mundialmente por su protección a la naturaleza, biodiversidad y sostenibilidad ambiental.
Mejorar los cuellos de botella en carretera, disminuir la congestión vial y la cantidad de vehículos por habitantes, es uno de los principales retos del país para continuar con su agenda verde.
Alta congestión vial
Datos del 2018 del Programa Estado de la Nación (académico) revelan que Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con más vehículos por cada 1,000 habitantes (231 unidades), solamente superado por Argentina (315) y México (278).
Además, el uso del autobús (34%) y del vehículo privado (33%) son los principales medios para trasladarse al trabajo. Mientras que el sector transporte es responsable del 66% del consumo de hidrocarburos y el 54 % de las emisiones de carbono en el país.
El impacto económico asciende a un 3.8 % del Producto Interno Bruto cada año debido a los lentos desplazamientos para ir a laborar, así como la pérdida de productividad del talento humano que debe pasar horas en atascos viales, que también sacrifica parte de su calidad de vida y tiempo en familia.
En contraste, el tren eléctrico interurbano tendría una capacidad para 600 personas por tren, contaría con 84 kilómetros de longitud y uniría a las ciudades de San José, Cartago, Heredia y Alajuela, ubicadas en el área metropolitana y las más pobladas del país, mediante un servicio con frecuencias de 5 minutos, dispondrá de cerca de 42 estaciones y 10 nodos de conexión con rutas de autobús.
Con este panorama, según Mossi, el tren eléctrico resolverá problemas de conectividad, eliminará vehículos de las calles, y permitirá contar con un sistema más eficiente que facilitará la interacción con una variedad de medios de transporte como las bicicletas, los autobuses, carros, taxis y peatones.
“Es algo innegable para un país que ha avanzado tanto en la agenda ambiental y que ha acercado al mundo a este tema, que busque acercar a sus ciudadanos a sus trabajos de una manera eficiente, amigable con el ambiente y que se beneficien todos (…) No hay banco de desarrollo que no esté recomendando buenas inversiones de tan alto impacto para impulsar la actividad económica”, dijo el experto.
Oposición
El crédito del BCIE será el aporte estatal al proyecto, cuyo valor total se calcula en unos 1,550 millones de dólares, y que se planea desarrollar mediante una alianza público-privada.
El préstamo, que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, es duramente criticado por algunos sectores y diputados, quienes hablan de falta de estudios de factibilidad y dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto.
Además, sectores de oposición consideran que hay problemas más urgentes que atender como el déficit fiscal, la reactivación económica, el desempleo, la crisis sanitaria por el COVID-19 y el elevado endeudamiento.
El presidente ejecutivo del BCIE respondió que el debate interno es “bueno” y que lo respeta, y que Costa Rica debe tomar el “el tiempo que sea necesario” para que sea un proceso donde todo el mundo esté claro sobre lo que hay que hacer y lo que viene.
“Hay una crisis sistemática que se ha arrastrado por años y un sobreendedudamiento, pero en este caso, este proyecto -sobre otros que pueda tener Costa Rica- tiene muy bajo costo financiero y no va a agravar la situación de deuda, pero nuevamente Costa Rica selecciona. A mí me encantaría que Costa Rica cumpliera su meta y demostrara no solamente a Centroamérica, sino también al mundo que se pueden hacer las cosas y hacerlas bien”, expresó Mossi.
El financiamiento del BCIE contractualmente solo puede ser utilizado para el tren eléctrico de pasajeros. Es por un plazo de 25 años, con cinco años de gracia y no tiene comisión de compromiso, lo que significa que al Gobierno costarricense no se le acumularán cargos financieros adicionales durante la ejecución del proyecto.
*En alianza con Forbes México y Centroamérica.
