Cómo impacta la crisis migratoria venezolana en la economía de otros países de América Latina

Unos cuatro millones de personas han abandonado Venezuela desde finales de 2015, según un cálculo de la ONU divulgado en junio.

La mayor parte de ellas se han trasladado a otros países de América Latina.

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Colombia (1.300.000), Perú (768.000), Chile (288.000) y Ecuador (263.000), encabezan la lista de receptores de estos migrantes, de acuerdo con la ONU.

Y el flujo de venezolanos no cesa y se incrementa en decenas de miles mes a mes.

Cada día hay unos 45.000 venezolanos que cruzan hacia Colombia. De estos, unos 1.500 o 2.000 deciden quedarse, mientras otros 1.000 a 1.500 transitan hacia otros destinos, según le explica a BBC Mundo Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela de la Presidencia de Colombia.

Para finales de junio, el número de migrantes venezolanos en Colombia ya sumaba 1.408.000.

El fenómeno se repite en otros países.

Recientemente, durante la sesión inaugural de una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en Guayaquil, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que unos 3.000 venezolanos entran cada día a su país.

Según el mandatario, este flujo migratorio ha elevado a 500.000 el número de venezolanos en Ecuador, lo que -asegura- representa para las arcas públicas de ese país un gasto de unos US$500 millones al año.

Según Moreno, esta situación está superando “la capacidad de acogida” de su país.

Pero, ¿cómo está impactando la crisis migratoria venezolana en las economías de estos países receptores?

¿Es un costo, como dice Moreno, o también una oportunidad?

Problemas presupuestarios

Alberto Ramos, jefe del equipo de investigación para América Latina de Goldman Sachs, señala que el hecho de que en tiempos de paz ocurra un fenómeno migratorio tan “masivo” y “dramático” como el venezolano es algo negativo.

“El impacto inmediato sobre estos países (receptores) es un problema presupuestario“, señala.

“Tienes que cuidar y alimentar a esta población desplazada, lo que genera presiones sobre los servicios sociales desde el momento en el que llegan hasta que se encuentren plenamente integrados en esas sociedades”, agrega.

En el caso de Colombia, esta situación llevó al gobierno a anunciar en marzo un ajuste de sus metas de déficit fiscal a mediano plazo, aunque posteriormente -en junio- el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que las metas de 2019 y 2020 permanecerán inalteradas.

Cálculos del Banco Mundial y del FMI (Fondo Monetario Internacional) realizados el año pasado indican que el peso anual de la migración venezolana en las cuentas fiscales colombianas se ubica entre 0,3 y 0,6 puntos del PIB. Otra estimación realizada por el centro de estudios Fedesarrollo apuntaba a 0,48.

En el caso de Colombia, 0,5 puntos del PIB equivale a unos US$1.500 millones aproximadamente.

Según explica Felipe Muñoz, el área más afectada por la llegada masiva de venezolanos es la atención sanitaria.

En Colombia, reciben cuidados no solamente los 1,4 millones de migrantes que decidieron quedarse allí sino también los que usan el país como punto de tránsito e, incluso, los llamados migrantes pendulares: aquellos que cruzan la frontera para recibir tratamientos de salud o vacunas y luego regresan a Venezuela.

“Hemos tenido más de 2.400.000 atenciones en los últimos tres años para migrantes venezolanos. Ha habido más de 25.000 niños de madres venezolanas nacidos en Colombia y atendidos de manera gratuita. Se les han aplicado más de 1.200.000 vacunas”, señala.

Esta situación -asegura- ha llevado a la acumulación de una deuda de US$50 millones con los hospitales públicos del país.

Otra área es la educación, pues la llegada masiva de niños en edad escolar obliga a ampliar la capacidad de las escuelas.

Muñoz indica que es el Estado colombiano el que asume la mayor parte de estos gastos, pues en los últimos dos años lo que se ha recibido de cooperación internacional para atender a los migrantes venezolanos son US$270 millones, de los cuales más del 60% han sido donaciones de Estados Unidos.

Explica que esa ayuda se canaliza a través agencias de la ONU y algunas ONG.

De acuerdo con un informe del Grupo de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), el financiamiento internacional recibido por cada migrante o refugiado venezolano apenas supera los US$200 dólares.

Por comparación, en el caso de Siria, los fondos superan los US$5.000 por persona.

La lucha por el empleo

La llegada masiva de migrantes también genera presiones sobre el mercado laboral de los países receptores.

Según Alberto Ramos, en el corto plazo esto se refleja en una tendencia a la caída de los salarios.

Se trata de un factor que tiene lecturas tanto positivas como negativas.

Así, por ejemplo, un informe publicado en mayo por el Banco Central de Reserva de Perú sugiere que la llegada masiva de venezolanos a Lima puede haber incidido en que la inflación en el sector de alimentación fuera del hogar fuera menor allí que en otras partes del país que no habían recibido esta ola migratoria.

En teoría, esto respondería a que el aumento de la cantidad de trabajadores disponibles reduce los costos salariales y, posiblemente con ello, la inflación.

Esa circunstancia fue precisamente la que alegó en junio pasado el Banco Central de Chile cuando anunció una inesperada reducción de las tasas de interés, argumentando que el contar con más gente disponible en el mercado laboral permite que la economía crezca sin que se produzca un aumento de los precios.

Entre abril de 2017 y diciembre de 2018, ingresaron en Chile unos 470.000 inmigrantes (lo que equivale a 2,5% de la población y 3,8% de la fuerza laboral), de los cuales 43% eran venezolanos.

Este aumento de la población activa, obviamente, también implica un impacto negativo para los trabajadores locales que pueden sentirse desestimulados a participar en la actividad económica ante la caída o el estancamiento de los salarios.

En ese sentido, el ente emisor peruano señala que el grupo más sensible a la inmigración es el de trabajadores menores de 39 años y con niveles de educación bajos.

“Este grupo corresponde al 7% de la población de trabajadores de Lima y Callao (a las afueras de Lima). Cerca del 45% de este grupo de trabajadores se desempeña en el sector servicios y coincidentemente, los inmigrantes venezolanos se desempeñarían principalmente en el sector servicios”, señala.

La inmigración masiva también lleva a una subida del subempleo, el cual en el caso de Colombia “aumenta en un 3% por cada incremento de la migración de los últimos 12 meses en un 1%”, según señala un informe del Banco Mundial de finales de 2018.

Sumando valor

Pero la llegada de miles de venezolanos también representa una oportunidad para las economías de estos países latinoamericanos.

El Banco Central de Perú estimó que el gasto realizado por los inmigrantes venezolanos en 2018 representó un aumento de 0,33 puntos porcentuales de los 4 puntos de crecimiento que registró el PIB peruano ese año.

En ese mismo sentido, en noviembre pasado el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, reveló que las simulaciones de esa institución indican que si emigran a Colombia unas 500.000 personas en edad de trabajar, el crecimiento de la economía de ese país se aceleraría en 0,2% como consecuencia de un aumento del consumo de 0,3% y de un incremento de la inversión en 1,2 puntos.

El informe de Fedesarrollo señala que esta ola migratoria no solamente implica un aumento de la población económicamente activa del país sino que destaca que la edad promedio de los inmigrantes venezolanos es inferior a la de la población colombiana lo que permitiría prolongar el llamado bono demográfico que ese país está a punto de perder.

También prevén un incremento de las contribuciones al sistema de seguridad social, lo que mejoraría la relación entre el número de cotizantes y el de pensionados.

En el caso de Chile, el Banco Central de ese país destacó algunas virtudes concretas de la llegada masiva de extranjeros.

“La inmigración reciente se caracteriza por ser una población en promedio más calificada, más joven y con una mayor participación laboral que la población chilena“, apuntó el ente emisor al resaltar que la media de escolaridad de sus nacionales es de 11 años, mientras que en el caso de los migrantes venezolanos es de 15,6 años.

Sin embargo, para maximizar la contribución de los recién llegados a las economías locales hace falta que puedan trabajar de acuerdo con sus capacidades y formación real.

“Si tienes un ingeniero y no puedes emplearlo como tal, el impacto en la productividad es bastante menor“, dijo a BBC Mundo en mayo Alonso Segura, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exministro de Finanzas.

Destacó que en Perú a los profesionales locales les cuesta obtener empleo y el mercado de la economía informal es muy grande.

Alberto Ramos, de Goldman Sachs, indica que el impacto de los nuevos inmigrantes crece con el tiempo.

“Inicialmente puede ser que pasen algunos meses sin trabajar. Luego pueden encontrar cualquier tipo de empleo que haya en el mercado local, hasta que finalmente pueden hallar algo que esté más acorde con sus habilidades y preparación. Así que este es un proceso gradual”, explica.

Sobre el aporte de los inmigrantes a la productividad del país de acogida, un informe del Banco Central de Chile señala que existe evidencia sobre “la contribución positiva de la inmigración al empleo, los salarios y el PIB per cápita del país de acogida, por medio del aumento de la población económicamente activa, cuando los inmigrantes pueden insertarse al igual que los locales en el mercado del trabajo”.

En el caso de Colombia, esta integración ha sido facilitada por el otorgamiento del permiso especial de permanencia a más de 600.000 inmigrantes venezolanos que les permite realizar cualquier actividad legal no regulada.

Felipe Muñoz afirma que el gobierno de su país lidera una iniciativa diplomática y política en el continente para buscar una pronta solución a la crisis en Venezuela, pero que consideran que incluso en ese escenario muchos de los venezolanos que han recibido retornarán a su país en el corto plazo.

“El reto migratorio va a seguir”, apunta al tiempo que indica que en estos momentos está aplicando una política de inclusión económica que contiene diversas medidas y cambios legales necesarios para facilitar la integración en el mercado laboral formal.

“Tenemos la claridad absoluta y el gobierno mantiene que esto puede ser una oportunidad para Colombia en el mediano plazo”, apunta.