La licencia minera fue propiedad de minera San Rafael y ahora pertenece a Pan American Silver Guatemala. Comenzó a operar en el 2013, pero fue suspendida el 5 de julio del 2017, por la Corte de Constitucionalidad (CC), y en una sentencia de septiembre del 2018 ordenó que se realizara la consulta comunitaria que establece el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese entonces, el MEM no realizó una consulta a los pueblos indígenas argumentando que según los datos del Registro Nacional de Personas (Renap) y del Instituto Nacional de Estadística (Ine), no estaba registrada ninguna persona de comunidades indígenas en el área de influencia de la licencia.
Pero las partes ya llegaron a un acuerdo de calendarización para la consulta y se fijarán fechas específicas para que cada institución traslade al Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala la información relacionada con el proceso, al área de influencia y los estudios realizados.
Para cada fecha se designarán dos instituciones como el MEM, Pan American Silver, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn); el Ministerio de Cultura y Deportes, la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (Conred); y el Ministerio de Salud Pública, dijo el funcionario. Sin embargo, los plazos establecidos en el calendario son tentativos y se pueden ampliar.
Después de julio se realizará la fase de consulta, con la cual se prevé llegar a la firma de acuerdos entre las partes involucradas en febrero del 2023, dijo López.
Los avances a la fecha son la presentación y aprobación estudio “El pueblo Xinka y sus percepciones sobre el impacto cultural y espiritual del proyecto minero Escobal”, además de la definición del calendario tentativo de la fase dos o fase de consulta ya mencionado. Además, se definió el mecanismo de resolución de desavenencias.
El MEM como el Parlamento acordaron presentar de manera conjunta ante la Corte Suprema de Justicia el informe de la fase uno o preconsulta.
Por aparte se está llevando a cabo el proceso de preconsulta por la minera Progreso VII Derivada (también conocida como El Tambor o la Puya), ubicada en San Pedro Ayampuc, y el caso de la ubicada en San José del Golfo, departamento de Guatemala. Esta fue suspendida desde el 2015.
La convocatoria para nombrar representantes para la consulta se lanzó este mes.
#GuateCrece | Convocatoria derecho minero Progreso VII Derivada.
Más información aquí👉 https://t.co/YXtWZzFB5g.#JuntosVamosPorMás#AccionesQueTransforman🇬🇹 pic.twitter.com/BEbryf1cz0
— Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) June 20, 2022
