La operación se denomina “préstamo contingente” para atender los requerimientos relacionados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el alza de la inflación mundial, sobre todo de alimentos y derivados del petróleo, y el agente será con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ahora, el expediente pasará a la Comisión de Finanzas del Congreso, para su dictamen, y luego se conocerá en el pleno, ya que por tratarse de endeudamiento soberano deberá de conocerlo.
La bancada oficial en alianza con otros bloques parlamentarios aprobó el pasado 18 de mayo un préstamo por US$500 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que está dentro del cupo de contratación de deuda que avaló el Legislativo con la aprobación del presupuesto 2022.
No hay claridad
Prensa Libre consultó a varios analistas sobre esta nueva operación de endeudamiento que está promoviendo la cartera de Finanzas, y lo primero que destacan es que hay incoherencia, ya que las autoridades han indicado que durante este año habrá una mejor recaudación tributaria, dado el desempeño de la economía, por lo que no existe claridad sobre esta maniobra de deuda, y puede existir un componente político por el año electoral 2023.
Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) aseguró que la proyección para este año es que la cobranza de impuestos estará superior en Q8 mil millones a la meta.
“¿Entonces para que necesitan un nuevo préstamo? Ellos están proyectando otra vez tener un excedente de caja; no es un problema macroeconómico; no tiene sentido financiero contratar deuda para tenerla en la caja fiscal”, cuestionó.
Y añadió que el gobierno se está endeudando un poco para quedar un saldo el próximo año que es periodo electoral y habría que esperar quién será el candidato oficial que saldrá a ofrecer obras.
Edwin Matul, exgerente general del Banco de Guatemala (Banguat), indicó que esta solicitud tiene dos perspectivas: la fiscal y la monetaria.
En la primera existe una contradicción, ya que el gobierno ha estado señalando que el año pasado hubo una mejora en la recaudación y que la tendencia continúa en este ejercicio.
Recordó que con el prestamos de US$500 millones se vendió la idea de sustitución de fuente de financiamiento, pero nunca se aclaró cuáles eran las fuentes, y al observar la aprobación del presupuesto aprobado en noviembre del 2021 por Q106 mil millones, ya se ha logrado una ampliación mayor de Q6 mil millones, lo que es contraproducente.
“Realmente, en momentos cuando se necesita una mayor disciplina macroeconómica, con un proceso inflacionario, la política monetaria debe responder, así como la política fiscal, para no ampliar el déficit. El Ejecutivo lo que debe hacer es una recomposición del plan de gasto, sin ampliaciones, dando prioridad a lo que se necesita”, manifestó.
Por un lado, hay una política monetaria que está tratando de apretar y defender el incremento de precios, pero por el otro lado, está incrementando la demanda agregada por la vía fiscal, y ahí no hay sentido financiero y macroeconómico, concluyó.
Poca información
Para Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) estamos en un contexto en el que se necesita este tipo de operaciones, pero el tema más relevante, es que al analizar el tema de endeudamiento, la clave es la gestión de política de mediano plazo.
Precisó que los análisis no solo deben concentrarse en la capacidad de pago, sino en los perfiles de riesgos, costos, y un poco más de información pública. “En todo caso, cuando llegue el expediente al Congreso, se debe conocer toda la información de los contrapesos de esta operación, para que la población se entere con mayor difusión y transparencia”.
Sobre las preocupaciones, Lavarreda mencionó que estos endeudamientos implican el cumplimiento de pagos con el menor costo posible, pero con un nivel prudente de riesgo, que es la información aún no está disponible para el público general.
Aumento de la deuda
Miguel Ángel Moir, extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), durante la gestión del presidente Giammattei el saldo de la deuda pública incrementó siete puntos, al pasar de 24% del producto interno bruto (PIB) al 31%, y aunque se justificó por la crisis sanitaria y que serviría para la reactivación económica, no hubo ningún plan.
Explicó que las alarmas están en los indicadores del servicio de deuda, respecto al total de los ingresos, ya que se está entrando a una zona de riesgo al límite, y eso quiere decir que se lleva a una posición crítica y por lo regular, las tasas empiezan a incrementarse por estar en esa posición.
Además, que cada año crece la participación del pago del servicio de la deuda, desplazando a la inversión.
