Sergio Hernández, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero, Eduardo Liu, directivo, y Ronald García, gerente general, habrían firmado el acuerdo, con el cual obtendrían 50% de las acciones preferentes de una inversión entre DHK Finance Inc, propiedad del venezolano Hidalgo Rafael Socorro, y Bantrab.
La inversión fue por US$20 millones —Q156 millones— que capitalizó al banco, pero el juez de extinción de dominio congeló las cuentas el pasado 8 de abril.
Manuel Pérez Lara, exmiembro de la Junta Monetaria, dijo que Bantrab cometió errores al hacer la operación.
Uno, refirió, es la falta de experiencia de llevar a cabo capitalización internacional, y otro es si el gobierno corporativo de la institución estaba o no enterado, y si la SIB determinó si el origen de los fondos era legítimo.
Óscar Erasmo Velásquez, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional, afirmó que la SIB deberá comprobar si había intenciones de los directivos de cambiar esas acciones preferentes a comunes.
Postura de la SIB
Prensa libre consultó a la SIB sobre el caso y respondió: “hacemos de su conocimiento que las denuncias presentadas oportunamente por la SIB, por sus implicaciones legales, se encuentran bajo reserva en el Ministerio Público y los tribunales correspondientes. Este es un asunto entre individuos que no afecta a la institución bancaria, la cual opera con normalidad y a la fecha cuenta con adecuados índices de liquidez y solvencia.
Agrega en la nota: “Es importante resaltar que el banco tiene como objeto el desarrollo económico y el bienestar de los trabajadores, reporta activos por más de Q17 mil millones, cuenta con 143 agencias y en 2015 reportó utilidades por más de Q420 millones”.
Finaliza: “Cabe indicar que, la Superintendencia de Bancos cumple y hace cumplir la ley; y, si como resultado de las actividades de supervisión, se tiene conocimiento de hechos o indicios que pudieran tener carácter delictuoso, se tiene la obligación de denunciarlo ante la autoridad competente, en este caso al Ministerio Público (MP), institución a la que corresponde la investigación y persecución penal”.
