Autoridades centroamericanas de Competencia sugieren aprobar la ley respectiva en Guatemala

La Comisión de Economía del Congreso analizó durante varias semanas alrededor de 100 enmiendas sugeridas para la iniciativa 5074, ley de Competencia, por lo que ahora busca los consensos necesarios para presentar y retomar la discusión en una tercera lectura en el Pleno.

Durante el foro “Ley de Competencia en Acción” que organizó el Ministerio de Economía (Mineco), en la cual participaron autoridades regionales, se conoció el proceso que siguen los integrantes de la comisión indicada, así como la visión de especialistas.

El tema vuelve a cobrar relevancia, ya que hace una semana estuvo en Guatemala, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto para América Central en la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, quien se reunió con las autoridades del Legislativo para conocer los avances de las leyes relacionadas con la agenda económica y la de competencia es una de ellas. 

Experiencias regionales

Jorge Miguel Castillo Castro, director de Promoción de la Competencia del Mineco, remarcó durante el foro que el objetivo fue reunir a los involucrados en este tema para hablar sobre la importancia de que Guatemala cuente con una ley específica sobre el tema. 

Una de las conclusiones del evento y en la que coincide con los delegados invitados fue que los inversionistas locales y extranjeros en los países de Centroamérica donde está vigente una ley de Competencia están seguros de que existe la certeza jurídica de que nadie va a realizar prácticas anticompetitivas que atenten contra las inversiones de los demás. Y eso aún no existe en Guatemala. O sea que “en esos países, los inversionistas comprenden cómo funciona y opera una ley de Competencia, por lo que se sienten más cómodos con esa normativa, que sin ella”.

Arturo Ochoa, de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia en Honduras, expuso que hay un beneficio no solo para los consumidores y las empresas, sino que aporta al crecimiento económico de país, pues “la eliminación de algunas restricciones a la competencia puede representar hasta el 0.5% del producto interno bruto (PIB), según los estudios oficiales”.

También afirmó que uno de los beneficios es que se genera innovación, productividad, eficiencia en las empresas y empleo. Sobre las investigaciones, comentó que, en el caso hondureño, estas pueden ser a petición de las partes, por denuncias de que algún agente económico se ve afectado o de oficio, por lo que se han ejecutado más de 120 investigaciones a empresas relacionadas con cemento, finanzas, telecomunicaciones, cervezas y bebidas carbonatadas.

Isaura Guillén Mora, comisionada de la Comisión para Promover la Competencia en Costa Rica, explicó los mecanismos para las autorizaciones de concentración económica, que en la mayoría son aprobadas y no se entrampan, “siempre y cuando cumplan los requisitos que exige la normativa”.

En tanto, Gerardo Henríquez, jefe de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, declaró que siembre se busca que la ley tenga un beneficio para el consumidor, y así evitar daños a la economía, que puedan generar pobreza. 

La situación en Guatemala

Jorge Ayala, presidente de la referida sala de trabajo, explicó que se recibieron las enmiendas presentadas por todos los bloques legislativos, se analizaron y procesaron.  Ahora, los ponentes de dichas modificaciones buscan las firmas suficientes para que estas se incorporen al dictamen final.  

“La línea general que llevamos es que las enmiendas sean garantes del debido proceso, presunción de inocencia, transparencia y que se conserve la figura de Superintendencia de Competencia, como la institución que aporte la carga de la prueba tras un proceso de investigación, en el cual se demuestre que se ha cometido una práctica anticompetitiva”, anotó el diputado.

Reiteró que también se busca garantizar que la institución reguladora no se convierta en un instrumento político para atacar a un detractor, agente económico o un grupo determinado de interés, sino que sea una institución técnica que cuente con los recursos, la capacidad y el conocimiento de mercado, además de que los agentes imputados puedan ejercer su legítimo derecho de defensa.

Concluyó con que el ambiente en el Legislativo es de voluntad política “porque los mismos bloques han mostrado interés en la iniciativa y han presentado las enmiendas mencionadas”.

ICE: “Urge avanzar”

Durante el foro, José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), resaltó la importancia de que los diputados estén en busca de los 107 votos necesarios para aprobar la ley, aunque aclaró que aún se desconocen los cambios, en el sentido de cuáles se incorporarán al dictamen.  

Desde su punto de vista, agosto es el tiempo ideal para aprobar la iniciativa, ya que se aproxima la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto estatal 2025, así como la elección de la nueva junta directiva del Congreso.  

“Creemos que la iniciativa ya tiene suficientes cambios y aquellos que se vayan a hacer, deben ser mínimos, sin cambiar la sustancia ni retroceder en los avances técnicos logrados”, advirtió al comentar que todavía están en discusión por lo menos cuatro o cinco temas centrales.

En la misma línea opinó Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia, agregando que deben eliminarse las enmiendas que buscan excepciones para algunos sectores o restarle estándares internacionales a la iniciativa. Al contrario, “la autoridad de competencia debe contar con las herramientas necesarias para poder investigar y sancionar una práctica anticompetitiva”.

A su criterio, debe prevalecer la independencia técnica y funcional para evitar alguna cooptación de los poderes político o económico.