Los avances
Fijarán plazo para finalizar
En el caso del derecho Minero El Escobal, la licencia fue suspendida desde julio del 2017 y tuvo sentencia de la CC en septiembre del 2018. La empresa está a cargo Pan American Silver Guatemala (antes Minera San Rafael) y se ha mencionado que es una de las reservas de plata más grandes del mundo.
Para la licencia otorgada en el 2013, el MEM argumentó que no realizó una consulta a los pueblos indígenas basado en que según datos del Registro Nacional de Personas (Renap) y del Instituto Nacional de Estadística (Ine), no tenían registrada ninguna persona de comunidades indígenas en el área de influencia.
Las reuniones de preconsulta empezaron iniciaron en mayo pasado y el 12 de octubre se realizó la cuarta de ellas. O sea, casi cuatro años después de la suspensión de operaciones y a dos años y medio de la sentencia que ordena realizar la consulta comunitaria.
Entre las decisiones aprobadas más recientes está realizar el estudio de impacto cultural y espiritual en el Pueblo Xinca, actividad que comienza en los próximos días e incluye la recopilación y sistematización de información sobre las costumbres, cosmovisión y la cultura xinca y sobre “cómo perciben que el proyecto minero afecta sus formas propias de vida y organización” por parte de un equipo de antropólogos.
También se acordó efectuar reuniones intermedias para avanzar en los temas más relevantes del proceso, modalidad reconocida como una iniciativa que agiliza el proceso de consulta, según el MEM.
El proceso ha conllevado la aprobación de la contrapropuesta metodológica para el traslado de información a la población, efectuada por el Parlamento Xinca a la cual se le adicionó la disposición de definir el plazo de finalización de la etapa de preconsulta. Para ello, el MEM y el parlamento se reunirán el 10 de noviembre para definirlo.
Inician reuniones preparatorias para minera el Tambor o “La Puya”
En cuanto al proyecto Progreso VII Derivada, también conocido como mina el Tambor o “La Puya”, esta semana se empezaron las reuniones preparatorias para la preconsulta, pero esta aún no puede iniciar porque aún se esperando la orden de ejecutoria que deben emitir los tribunales correspondientes y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra pendiente de resolver algunos procesos dentro del amparo, por lo que están haciendo el trabajo preparatorio con la sentencia ya notificada, indicó el viceministro de Desarrollo Sostenible, Óscar Rafael Pérez.
El proceso llevará tres acciones, similares a las de otras sentencias como la fase administrativa, una de preconsulta y la consulta.
Sobre las comunidades a convocar, dijo que por el momento, no tienen el pronunciamiento del pueblo indígena maya kaqchikel al que pertenecen las comunidades de San Pedro Ayampuc, y en el caso de San José del Golfo, dijo que el alcalde del lugar les dio a conocer que no tienen registradas comunidades indígenas.
No obstante, se acordaron dos aspectos preparatorios: con el MEM y el Ministerio de Ambiente se hará la revisión de la información ambiental que consta en los expedientes que actualmente tienen ambas instituciones, y por aparte se efectuarán reuniones de seguimiento con el Ministerio de Cultura y el consejo municipal de San Pedro Ayampuc, con el fin de establecer la mejor forma de acercamiento y asegurar la participación de los representantes de las comunidades indígenas que deberán ser convocados más adelante para la consulta. Según Pérez, la CC estableció un período de 12 meses para realizar la consulta, pero el plazo debe ser acordado con las partes.
Un inversionista de este proyecto, Daniel K. Kappes, accionista de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua) y por la firma Kappes, Cassidy & Associates, planteó un arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y se indicó que podría buscar reclamo por US$300 millones. El arbitraje aún está en proceso.
Los Manantiales
Otro caso con la ejecutoria para realizar la consulta es el proyecto Los Manantiales. En este se tendrá que consultar al pueblo indígena Chortí, según el MEM. Busca la explotación de antimonio, el cual se emplea en la fabricación de partes de dispositivos semiconductores como diodos o detectores de infrarrojo (como el de un control remoto), en ciertas aleaciones químicas que se utilizan en la producción de baterías, y materiales de baja fricción, agregó la entidad.
Empezó la preconsulta por la Minera Fénix
El proyecto Fénix fue suspendido de forma provisional en el 2019, decisión confirmada en sentencia durante el 2020 y se ordenó hacer una consulta comunitaria, pero fue hasta el 17 de febrero del 2021 que el MEM suspendió en forma preliminar la licencia. En marzo, la CC decidió mantener la suspensión de la licencia a cargo de CGN.
Este es el proceso que comenzó más recientemente con la preconsulta, fase que concluirá en un plazo de 150 días (contados a partir de finales de septiembre), indicó el viceministro Pérez, y en las reuniones se cuenta con 38 representantes titulares y suplentes de las 13 instituciones que ordenó la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Se lograron cinco acuerdos durante la primera sesión, según el MEM: contratar profesionales especializados para la traducción de la información y materiales de apoya al idioma q’eqchi’; que toda la información generada durante la preconsulta esté disponible en la página electrónica del MEM; realizar tres reuniones más de preconsulta y si fuera necesario, establecer mesas de trabajo para agotar temas específicos, para lo que se alternarán las reuniones entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.
Con mayoría de votos, no se aprobó escuchar a los amparistas y a las organizaciones que han solicitado adherirse a la mesa de preconsulta. Pero a solicitud del MEM, la Comisión Presidencial de Diálogo realizará contacto con los solicitantes de acreditación, para funcionar como mediador y conciliador.
En las reuniones, aparte del MEM, participan los ministerios de Ambiente y de Cultura; la Procuraduría de los Derechos Humanos en su calidad de observador; la Comisión Presidencial del Diálogo (quien podrá actuar como mediador y facilitador); representantes de los Concejos Municipales de Desarrollo y Consejos de Comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ del Estor y Panzós; los titulares y suplentes de la Universidad de San Carlos y universidades privadas del área, así como la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
A pesar de lo anterior, el martes 19 de octubre surgieron denuncias públicas de que se está cerrado el espacio de participación del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’ para acreditar a sus representantes dentro del proceso de preconsulta y consulta. Las organizaciones indígenas, mencionan que el MEM y la municipalidad de El Estor, actúan de manera parcializada en favor de los intereses de la empresa transnacional minera.
También insisten en que el ministerio excluye e irrespeta la participación, representatividad y legitimidad de dicho Consejo, ya que está aceptando a personas no legitimas ni representativas de las comunidades indígenas. A ello se debió una manifestación que realizaron el martes 19 de octubre y piden que las entidades estatales cumplan con los derechos de las comunidades, que “el Ministerio de Gobernación cese el hostigamiento y criminalización a las comunidades y que garantice la protección y seguridad ciudadana”.
Oxec, proceso finalizado pero sigue diálogo
Por último, las generadoras eléctricas Oxec y Oxec 2 estuvieron suspendidas por tres meses, de febrero a mayo del 2017, pero posteriormente, la CC les permitió reiniciar la operación, aunque el Estado debía cumplir la consulta comunitaria.
Dicha consulta se llevó a cabo en el 2017 y finalizó en diciembre de ese año, participaron 11 comunidades ubicadas en el área de influencia en español y q’eqchi´, indicó el MEM.
Se implementó un proceso de seguimiento para lo cual se han realizado cuatro mesas de diálogo al año con las comunidades del área de influencia, las cuales quedaron establecidas de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas deben ser convocadas por el MEM.
En el 2020 no se efectuó debido a la pandemia, pero este año la compañía pidió que se pueda continuar con todas las comunidades, pero con menos representantes para respetar los protocolos de bioseguridad establecidos, indicó Ana Valeria Prado, directora de sostenibilidad Oxec, S. A., firma propiedad de Energy Resources Capital.
Con las mesas se da seguimiento a relaciones comunitarias, comunicación externa y cumplimiento regulatorio, así como a los programas de apoyo que brinda la compañía para proyectos de desarrollo y son las comunidades las que deciden en cuáles participar.
La sentencia de este caso fue la primera de esa naturaleza que emitió la CC respecto a la aplicación de las consultas comunitarias e incluso ha servido de base para decisiones posteriores, pero cada una tiene cambios según el caso de que se trate.
La planta Oxec tiene una capacidad de generación de 25 MW y la Oxec 2, de 60 MW.
