Aumento al salario mínimo: una decisión política y no técnica
Sector privado organizado afirma que decisión del gobierno podría afectar a la pequeña y media empresa.
Según la recopilación de datos del Ministerio de Trabajo, del 1995 al 2024 hay períodos donde el salario mínimo se ha subido en 10% o más. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Expertos coinciden que un acuerdo gubernativo salarial no es la solución a las condiciones laborales de los trabajadores del país, sobre todo, tomando en cuenta que menos del 30% de la población ocupada de Guatemala se encuentran en la economía formal.
El aumento al salario mínimo promovido por el presidente, Bernardo Arévalo, provocó que el sector privado expresara su preocupación por las pequeñas y medianas empresas para poder absorber este incremento y que la posibilidad de no poder sobrellevarlo ponga en riesgo cientos de trabajos formales provenientes de estas.
Para el analista, Abelardo Medina, esta acción es un intento del Gobierno para recuperar los salarios que no se han pagado en años con respecto a la productividad del trabajador. Al no contar con un sueldo que vaya directamente proporcional, entre la productividad del trabajador y su salario aunado a que los precios vayan en incremento, esto ha provocado que a las personas ya no les alcance su sueldo para cubrir sus necesidades.
“Un ejemplo simple es, durante muchos años las empresas han visto que los precios aumentan por ejemplo el 5%, sus ventas aumentan también 5%, sus insumos utilizados otro 5%, pero los salarios no aumentan ese 5%, entonces ahí es donde se complica”, aseguró el experto.
A este factor se le debe sumar el hecho que no todas las actividades económicas son igual de productivas, lo que un aumento del 6% y 10% generalizado es un reto para el país. Para Guido Ricci, director de la Unidad Laboral del Cacif, este aumento “no responde a la situación económica del país en general”.
“El 80% de las empresas agremiadas a Cacif son pequeñas y medianas empresas y ahí está nuestra mayor preocupación, que estas no puedan absorber el aumento poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa y cientos de empleos”, expresó Ricci. Además, aseguró que algunas personas y/o empresas que buscaban formalizarse, este cambio, podría pedir que lo puedan hacer.
Para ambos expertos el problema es que fue una decisión política y no técnica que además, solo beneficia a una parte de la población y no representa un cambio de fondo para mejorar las condiciones de los trabajadores y fomentar que el 79.6% de los trabajadores informales se quieran formalizar.
Una de las opciones que los expertos mencionan para evitar este problema podría haber sido los salarios diferenciados “así como lo tienen otros países como Costa Rica”, refirió Medina.
Para los expertos consultados para hacer un cambio integral a las condiciones de los trabajadores a nivel país se debería de hacer una ley salarial que abarque el tema de forma integral. “Yo creo que los indicadores de éxito deberían ser: logramos elevar el promedio general de salarios, esto quiere decir de todos los trabajadores del país y logramos generar más empleos y más empresas, ahí abría un indicador de éxito”, argumentó Ricci.
Más desincentivos para la formalidad
La calidad de los incentivos para buscar la formalidad en Guatemala a veces provoca que los mismos trabajadores, en algunas ocasiones, prefieran un poco más de dinero y estar en la modalidad de contrato, que estar en planilla. Esto se debe a que con ese extra pueden optar a pagar un seguro médico en lugar de estar afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
“Deberíamos de trabajar en esos incentivos para la formalidad de los trabajadores para que cuenten con verdaderos beneficios y también mejorar los incentivos para las empresas, por ejemplo, aquellas que necesitan bancarizar sus operaciones para brindar mayor seguridad a sus clientes o quieren exportar, no tienen opción”, expresó Ricci.
“No puede ser que en Guatemala muchas empresas formales sigan sin darle el salario mínimo a sus trabajadores”, expresó Medina. Ya que asegura que el Ministerio de Trabajo debe mejorar y endurecer las formas en las que verificará el cumplimiento de este pago y otros derechos de los trabajadores porque, a pesar de las mejoras que se han hecho, Guatemala aun no cuenta con los suficientes recursos técnicos, humanos y tecnológicos para su correcta verificación de los derechos de los trabajadores.
Otro aspecto importante de mencionar es la búsqueda de políticas equilibradas para todos los sectores de la población ya que, acuerdos como este, perjudican a pequeños emprendedores, pero no a actividades informales que, en ocasiones generan mayores flujos de dinero, por ejemplo mercados como el CENMA y La Terminal.
ESCRITO POR:
