La aceptación de los fondos NML Capital y Aurelius, destrabó las negociaciones para afrontar los costos de un juicio que ganó junto a un grupo de fondos llamados “buitres” en los mercados por haber comprado los bonos a precio de remate para luego litigar por jugosas ganancias.
El preacuerdo, que debe ser refrendado en el Congreso argentino, fue resultado de negociaciones en torno a la oferta de pago que el gobierno de Mauricio Macri (alianza de centroderecha) presentó el 5 de febrero último.
Macri busca que Argentina normalice su relación con la comunidad financiera internacional, lo que le permitirá obtener créditos a tasas razonables.
La oferta
Argentina ofreció pagar en efectivo US$6 mil 500 millones (sobre un total de US$9 mil millones) a fondos “buitres” y otros acreedores para poner fin al juicio por la deuda tras 15 años de litigio.
Los fondos integran el 7% de acreedores que han rechazado los canjes de 2005 y 2010 cuando un 93% aceptó una reestructuración con importantes quitas y largos plazos de pago.
La iniciativa fue impulsada por el anterior gobierno de centroizquierda de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina Kirchner (2007-2015) pero quedó trunca por el rechazo de un grupo minoritario de inversores.
En el marco de esa estrategia, Argentina saldó en un pago su deuda con el Fondo Monetario Internacional en 2006 por unos US$9 mil 500 millones.
Revés judicial
Encabezados por NML Capital y Aurelius, un grupo de fondos consiguió en 2012 una sentencia favorable para cobrar en efectivo y en un pago una deuda que originalmente era de US$1mil 330 millones por bonos que habían comprado a precio vil para cobrar el 100% por vía judicial.
Kirchner entabló una batalla con rédito político interno y respaldo internacional para combatir lo que consideró una acción amenazante contra cualquier reestructuración de deuda soberana.
Cruzada antibuitre
En 2014 Argentina recibió un duro revés cuando la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó tomar el caso y con esa decisión dejó firme el fallo de primera instancia del juez de Nueva York, Thomas Griesa.
En ese año la retórica argentina “antibuitre” llegó a su clímax cuando Griesa empujó al país a un default técnico al bloquear el pago por US$539 millones de dólares en Nueva York a bonistas que habían adherido a los canjes, cuyos vencimientos Argentina venía cumpliendo en tiempo forma.
Argentina argumentó que una cláusula de los canjes impedía cumplir el fallo sin extender el beneficio al resto de los acreedores, cláusula que venció en enero de 2015.
Contra todo pronóstico, pasada esa fecha, Argentina no varió su estrategia y el acuerdo que todos esperaban tampoco llegó.
En su campaña electoral en 2015, Mauricio Macri prometió acabar con el pleito y pagar el juicio si llegaba a la presidencia.
Tras asumir el 10 de diciembre, su gobierno presentó una oferta que reconoce el ciento por ciento del capital y propone una quita sobre intereses de la sentencia.
El acuerdo es vital para el nuevo gobierno que busca cuanto antes financiarse en el mercado internacional a tasas razonables.
La misma urgencia tienen las administraciones provinciales, lo que empuja la aprobación del Senado, la cámara más difícil para el oficialismo que tiene sólo tiene 15 sobre 72 escaños. En la Cámara de Diputados, Macri está mejor posicionado, pues suma el respaldo de peronistas de centroderecha.
El acuerdo deberá ser refrendado por el Congreso que inicia sesiones este martes.
Según el ministro de Hacienda, Alfonso Pray Gay, el total de la deuda con los llamados “buitres” y otros acreedores en Nueva York que reclamaron entrar en la demanda suman unos US$9 mil millones.
No obstante técnicos de la cartera económica estiman que el total de los bonos en default suman unos US$20 mil millones entre capital e intereses.
