El senador Bob Menéndez, patrocinador de la iniciativa, llamó a evaluar la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
Al consultar al Ministerio de Economía sobre las repercusiones que una medida de ese tipo podría tener en el resto de la región, prefirió ser cauteloso y esperar hasta que la suspensión sea un hecho, para emitir una postura como país.
Pero Enrique Lacs, especialista en comercio exterior, explicó que ningún país puede ir en contra de un Tratado de Libre Comercio que ha sido aprobado por los gobiernos y que es de orden internacional; es decir, que está sujeto al derecho internacional público. “Por lo tanto, la ley que aprobaron no puede suspender a un país de manera unilateral por razones democráticas o de violaciones a los derechos humanos”.
Añadió que no existe ninguna cláusula que permita una medida de este tipo, ya que no está incluida dentro de los tratados comerciales. Sin embargo, lo que quedó establecido en la Ley Renacer de Estados Unidos, es que el país se reserva el derecho de revisar la participación de Nicaragua en el marco del DR-CAFTA.
“Puede haber un forcejeo para reducir los beneficios de Nicaragua en el marco del tratado, pero son necesarias enmiendas, que deberán ser aprobadas por la comisión y luego ser trasladadas a los Congresos de cada uno de los países miembros”, explicó Lacs.
Luego planteó tres escenarios, si Estados Unidos concreta la suspensión: Por ejemplo, que Nicaragua deba pagar el 100% de aranceles en algunos o todos los productos que envía hacia ese país. El segundo es para los países a los que Nicaragua provee materia prima; y que podría perjudicar a toda la cadena de suministro intrarregional como un “daño colateral”;
Y el tercer escenario es que Nicaragua dejaría de comprar a Guatemala y a otros países, las materias primas que necesita para manufactura de productos terminados.
Medidas en la OMC
Juan Pablo Carrasco, presidente de Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) se mostró preocupado y afirmó que cualquier modificación al TLC mencionado contempla que debe hacerse el marco del acuerdo y convocar a todas las partes.
“Pero sí podrían adoptar medidas de emergencia en el marco de lo que establece la Organización Mundial de Comercio (OMC). Centroamérica tiene una cadena logística integrada y se utilizan materias primas de todos los países para fabricar productos terminados. Ese extremo generaría un cuello de botella y los efectos serían nocivos para el comercio regional”, enfatizó.
En su opinión, el gobierno de Guatemala debe oponerse a una posible suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA, porque tendría consecuencias negativas para la población guatemalteca, por lo que consideró necesario abogar por que las sanciones no se generen en la vía comercial sino específicamente hacia las personas que violan la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses.
Carrasco, agregó que los países miembros del DR-CAFTA tienen la obligación de mantener un ambiente legal y de sana competencia, debe prevalecer el Estado de derecho (que es indispensable para la atracción de inversión de los países), por lo que Nicaragua estaría violando ese Estado de Derecho e incluso, 26 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya lo han indicado de esa forma.
A manera de antecedente, Estados Unidos ha suspendido relaciones comerciales con Cuba, Venezuela, Irán, pero no en el marco de un Tratado de Libre Comercio, por lo que sería primera vez que se establecerían sanciones económicas específicas sin afectar el comercio intrarregional, enfatizó el directivo de AmCham.
Qué es la ley RENACER
La Ley RENACER (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) fue aprobada por 387 votos a favor y 35 en contra en la Cámara de Representantes, tras su aprobación por el pleno del Senado en agosto y las enmiendas realizadas el 1 de noviembre y aprobadas por mayoría el 3 de noviembre pasado.
La legislación bipartidista, que fue apoyada por más republicanos que demócratas, deberá ahora ser promulgada por el presidente Joe Biden.
“Estamos siendo testigos del peor asalto autoritario a la democracia en América Latina en décadas, y me enorgullece liderar este esfuerzo para que el Congreso actúe de manera decisiva y que el régimen de Ortega-Murillo sepa que habrá grandes consecuencias para la pseudocoronación de su dictadura dinástica”, dijo el senador demócrata Bob Menendez, patrocinador de la iniciativa.
Ortega, un exguerrillero sandinista en el poder desde 2007, se presenta a los comicios del 7 de noviembre junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, frente a cinco partidos derechistas prácticamente desconocidos para los nicaragüenses.
La oposición ha quedado excluida: siete precandidatos presidenciales están detenidos y tres partidos fueron ilegalizados.
