Es decir, hay dos procesos de conciliación entre las partes, ya que el Ciadi, con sede en Washington DC, registró el pasado 8 de septiembre una solicitud de inició de un procedimiento de conciliación de la compañía APM Terminals Gestión Barcelona, S.L.U., contra el Estado de Guatemala. El Ciadi es el ente para resolución de controversias que forma parte del Grupo del Banco Mundial.
Entretanto, en Guatemala se continúa con otra conciliación entre EPQ y APM Terminals, con la posibilidad de la suscripción de un acuerdo temporal o transitorio por un período de dos años, para que sean las nuevas autoridades —las que nombre el gobierno de Bernardo Arévalo— quienes decidan sobre el futuro de la terminal.
Un posible arreglo sobre la continuidad de las operaciones de APM Terminals de manera temporal, por parte las autoridades de EPQ, despeja en parte la incertidumbre generada desde hace varios años en el sentido de la situación del proceso contencioso administrativo que se ventila en la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo entre la EPQ y APM, cuya notificación final de la sentencia ordenaría el desalojo, es decir, la nulidad del contrato original.
Dicha notificación aún no se ha hecho efectiva y hace falta que se conozca el cierre de la conciliación entre EPQ y APM.
En proceso de conciliación
Francisco Anleu, gerente de EPQ, explicó a Prensa Libre que uno de los accionistas de APM Terminals Quetzal —Terminals Gestión Barcelona, S.L.U—, llamó a una conciliación en el Ciadi, invocando la misma bajo el tratado de promoción y protección de inversiones.
Se acude a esa instancia, dado que hay una declaratoria de nulidad del contrato que da vida a las operaciones de la terminal.
Este proceso de conciliación se da entre inversionista y Estado, por lo que participan el Ministerio de Economía —como administrador de los acuerdos comerciales— y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Detalló que ahora corre un proceso de 45 días para el nombramiento de conciliadores por parte del Estado de Guatemala, y si no hay un nombramiento, el Ciadi lo realizará. Sin embargo, se está buscando a los asesores adecuados para encontrar a los expertos y se evalúa si son internacionales, locales o se optará por la contratación de una firma internacional especialista en estas controversias.
Aclaró que en Guatemala aún no se ha dado por terminada la vía conciliatoria a nivel local entre las partes de la relación jurídica, es decir, tanto EPQ como APM Terminals Quetzal, lo cual se conoció en una citación en el Congreso el pasado 26 de mayo.
El directivo insistió en que se trata de un acuerdo conciliatorio, no una demanda, y se harán valer las pretensiones que se tendrán que hacer, y tratando de resolver directamente entre las partes.
Fase jurídica
El siguiente paso es conocer qué se resolverá por parte de EPQ, de acuerdo con la sentencia de la nulidad del negocio jurídico —contrato—, y así resolver las diferencias y las pretensiones que existen respecto de que se reconoce que APM Terminals Quetzal realizó inversiones en la terminal y la adquisición de equipos, pero también que la empresa portuaria es la dueña de la tierra.
“Nosotros, como Estado, vamos a reconocer y privilegiar la inversión privada y se respetará que ha sido una prioridad”, apuntó el gerente.
La conciliación local es directa con personeros designados por ambas partes y en la cual también se involucró a la PGN; entretanto, en la parte operativa está involucrada la Intendencia de Aduanas, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La negociación
Anleu precisó que se buscan estos puntos: respetar la propiedad privada y garantizar la continuidad de la operación, de manera que el Estado de Guatemala no se vea perjudicado, ni los agentes económicos.
“La conciliación es flexible y APM Terminals lo que busca es la continuidad de las operaciones y la forma jurídica”, explicó.
En las propuestas se ha planteado hacer un contrato de transición que permita resolver los litigios futuros que se puedan dar a partir de la nulidad de la declaratoria del contrato, para que no se vea impactado el comercio internacional —exportaciones e importaciones—.
Una declaratoria de nulidad del contrato original abre la puerta a más acciones a futuro y se busca transar esas posibles acciones a futuro.
También se busca que el contrato temporal brinde el espacio necesario para que las futuras autoridades hallen una salida para poder garantizar la continuidad.
En todo caso, si no se logra un acuerdo, está la posibilidad de restituir la inversión que se realizó.
A futuro y a largo plazo, para un nuevo contrato, ya se tendría que dar un proceso abierto, para decidir si es una concesión o una licitación internacional.
Cronología del proceso:
- La Empresa Portuaria Quetzal estuvo intervenida en 2012 por medio de un acuerdo que emitió el presidente Otto Pérez Molina y nombra interventor a Allan Marroquín Castillo. El acuerdo de intervención es el 144-2023.
- Con el acuerdo, se suscribió el contrato para “diseñar, construir, mantener y operar una terminal de contenedores”, a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) que es subsidiaria de la Terminal de Contenedores de Barcelona, que forman parte del conglomerado Grupo Marítim.
- En diciembre del 2012 un grupo de usuarios de EPQ que habían interpuesto acciones legales por el aumento de la renta por el uso de la tierra, fueron notificados de que es nulo de nacimiento el acuerdo 144-2023, que es la base legal que da cabida al contrato.
- En 2015 inicia el proceso legal de nulidad y consultas a la PGN. El tema quedó pendiente para la siguiente administración de Gobierno. En ese año APM Terminal adquiere la compañía Grupo Marítim.
- En 2016 las autoridades de turno confirman el proceso de nulidad del contrato de TCQ. Una de las sugerencias dadas a conocer en ese entones consistía en hacer una reparación civil a Guatemala y un nuevo contrato de concesión por 21 años.
- El 19 de febrero del 2017 se inician las operaciones en TCQ que luego cambia a APM Terminals.
- El expediente inicia un largo camino legal; en la Sala Quinta de Apelaciones se emite un fallo sobre el contrato, luego pasa a la CC, que emite una sentencia en noviembre del 2019.
- En 2020, las nuevas autoridades de gobierno ofrecen un arreglo para suscribir un contrato temporal y hacer las correcciones necesarias.
- Septiembre del 2022, el presidente Alejandro Giammattei Falla, hizo el anuncio en el Investors Summit en Nueva York sobre la negociación de EPQ para la compra de APM Terminals.
- Septiembre 2023, un socio de APM Terminals activa un proceso de conciliación contra el Estado de Guatemala en el Ciadi.
