De inmediato, esas alzas se reflejaron en los precios de los combustibles a nivel local, por lo que, en algunas regiones del país, el galón de gasolina ya ronda los Q40 y el de diésel, los Q43.
La postura de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), es que esa situación no se genera en Guatemala y hay circunstancias exógenas internacionales que están empujando al alza el precio del crudo.
Esta posición fue calificada de “pasiva” por varios diputados, quienes criticaron que el gobierno no haga nada para tratar de resolver el problema, mientras la población soporta el encarecimiento de diversos productos de consumo básico.
Por lo tanto, algunos de ellos declararon que se trabaja en iniciativas de ley para autorizar un subsidio al galón de gasolina y de diésel, así como al cilindro de gas licuado de petróleo (GLP). Diputados opositores también proponen otorgar transferencias monetarias temporales, utilizando y depurando el padrón del Ministerio de Desarrollo que se implementó en el 2020 por los efectos de la pandemia.
Mientras tanto, para el jueves 10 de marzo están convocados al Congreso varios funcionarios del Gabinete Económico al Congreso para que presenten escenarios sobre la tendencia de los derivados del petróleo, dada la coyuntura actual, así como una propuesta oficial sobre las medidas a aplicar para apoyar a la población.
¿Subsidió o eliminación?
De momento, en el Congreso se habla de brindar un tratamiento temporal al impuesto sobre la distribución del petróleo y sus derivados (IDP), que puede ser un subsidio o una eliminación por un periodo de tres meses.
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El diputado Oto Leonel Callejas, integrante de la Comisión de Finanzas, expresó que se está trabajando en una propuesta más enfocada en un subsidio, que en una baja o disminución del gravamen indicado.
El techo máximo del subsidio sería de Q4, que según el legislador sería parejo; o sea, tanto para gasolinas como para diésel, pues “se comprende que muchos atribuyen el incremento al conflicto Rusia-Ucrania, pero es más por las heladas en Norteamérica”.
Los legisladores Édgar Batres, de la bancada Winaq, y Samuel Pérez, de Semilla, expusieron que a pesar de que se autorice alguna de las propuestas anteriores, los aumentos de precios continuarán debido al conflicto, por lo que se debe pensar en algo más permanente.
Pérez reiteró que se debe pensar bien que tipo de subsidio se puede brindar, ya que se apoyó a las empresas importadoras de GLP, pero al concluir el plazo, los precios de nuevo subieron, por lo que sería mejor una transferencia para las personas.
En tanto que Carlos Barreda, del Grupo Parlamentario de Oposición, manifestó que su propuesta continúa enfocada a una exención del IDP por seis meses y 50% de rebaja al impuesto al valor agregado (IVA).
Consultado Saúl Figueroa, viceministro de Finanzas encargado del área de Ingresos y Evaluación Fiscal, cualquier iniciativa relacionada con el IDP tendría efectos negativos porque se desfinanciaría la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), municipalidades y proyectos carreteros, aunque aclaró que será decisión del Congreso.
“Técnicamente, no es lo recomendable. El mercado del petróleo es muy variable y la crisis se da por una reacción. Si la situación empeora, obviamente el precio seguirá para arriba”, apuntó.
Según la ley, por cada galón de combustible de gasolina súper se paga un impuesto de Q4.70; por el de regular, Q4.60; y por el de diésel, Q1.30. Por este tributo, en el ejercicio fiscal 2022 se prevé la recaudación de Q4 mil 46 millones.
Es decir que, en promedio, cada mes se recaudan unos Q337.2 millones, por lo que dejar de cobrar el IDP durante tres meses, el fisco dejaría de percibir unos Q1 mil millones.
Otras medidas
Batres declaró que también se deben trabajar otras acciones, dado el movimiento de precios de los productos alimenticios, a lo que se conoce como efectos de segunda vuelta. Por lo tanto, propondrá un bono de Q1 mil mensuales durante seis meses, para compensar la carestía de los bienes básicos, así como un ajuste a los salarios.
“Ahora que comienza a afectarse la economía en los hogares, esto es una caldera de conflictos y protestas a escala nacional. El Gobierno debe pensar una posibilidad directa que permita menguar la conflictividad”, puntualizó.
Pérez añadió que un programa de transferencias monetarias puede aliviar la pérdida del valor adquisitivo de las personas, pero debe estar bien focalizado y no ser universal, aparte de ejecutarlo con transparencia.
“Para ello, se debe cotejar con cifras claras cuanto es el costo de la CBA y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), afinando esos números para pensar en otro Bono Familia como compensador, en estos momentos”.
Y el sindicalista Adolfo Lacs Palomo, señaló que una buena compensación para la clase trabajadora sería actualizar el decreto 37-2001, que se refiere a la Bonificación Incentivo de Q250 mensuales y actualizarlo a Q700 mensuales.
“Es un compensador social adecuado que el Congreso puede actualizar, ya que algo temporal, sube el ingreso de las personas, pero luego se le quita. Y los precios no regresan a como estaban antes, aunque el combustible disminuya”, remarcó.
Bajo análisis
El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, aseguró que se está monitoreando las tendencias de los precios internacionales de los derivados del petróleo y la influencia que tendrá en los consumidores localmente.
Reiteró que la crisis entre Rusia y Ucrania se encuentra muy volátil con una clara tendencia alcista en el petróleo, que se refleja en el mercado interno, y aunque no se puede intervenir en la fijación de precios al consumidor, se están realizando vigilancias y la integración de la mesa entre el Ejecutivo y Legislativo, para buscar opciones. Pero aún no hay nada definido.
Sobre los señalamientos de pasividad de parte del Gobierno, el ministro insistió en que no es un problema generado aquí, pero recordó que ante la tendencia alcista que afecta a todos los hidrocarburos, desde noviembre se envió una propuesta de subvención al GLP, que en febrero no fue prorrogado en el Legislativo.
Malestar generalizado
El pasado jueves, el precio del galón de gasolina incrementó Q2.10 y el de diésel Q3, situación que no se había experimentado desde la crisis del 2008. En un sondeo realizado a consumidores de combustibles estos mostraron su rechazo:
Menfi López, quien es taxista en la ciudad capital, explicó que esto afecta sus ingresos y a la vez a los de sus clientes, ya que debe aumentar sus tarifas y las personas no quieren pagar el servicio. “Una carrera que antes valía Q20 ahora subió a Q25, y en promedio antes destinaba Q330 para una “tancada” y ahora pago Q380”.
El transportista Inocente Calderón que maneja un bus de Cabricán, Quetzaltenango, a la capital, aseguró que está “duro” el tema de los precios, ya que, con anterioridad, llenaba el tanque con Q900 a Q1 mil de diésel, lo que ya se elevó a Q1 mil 360, sacrificando sus márgenes de ganancia.
El comerciante Ervin García, contó que tiene que trasladar los costos al consumidor final de los productos que vende en el mercado y sin remedio, “el pueblo lo tiene que pagar”.
