“Lo que sucede se puede denominar como una expropiación indirecta, que nos obliga a buscar la justicia internacional, con base a los tratados de libre comercio”, explicó el jurista.
Quezada Fernández explicó que se interpreta como un retardo malicioso y responsabilidad por parte de la CC.
Según el mandatario, se han violado las garantías constitucionales de los empresarios, por la tutela de El Estado sobre el proceso de consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y se violentan otros derechos a la libertad, a la industria, al comercio y al trabajo, así como los derechos a la propiedad y los adquiridos.
En todo caso, explicó que hacer la consulta le corresponde al Estado y no al empresario, generar el cumplimiento o incumplimiento de un requisito —consulta— que no le corresponde ni le es atribuido de manera legal.
“Hay contradicciones del Estado, entre instituciones, como el Ministerio de Energía y Minas, que manifiesta haber realizado la consulta, con la CC y la Corte Suprema de Justicia”.
El abogado explicó que la demanda sería cursada por los daños económicos causados por la paralización de los trabajos.
Rigoberto Dueñas, integrante de la Comisión Tripartita de la OIT, aseguró que la CC actúo bien y lo que sucedió es que los empresarios pudieron ignorar hacer consultas.
“Están en su derecho, pero pueden perder, porque Guatemala ratificó un convenio internacional”, dijo.
La inversión proyectada en la construcción es de US$300 millones, que generarían unos 69 megavatios.
