Álvaro Zepeda: Comisiones por obras se pagan hasta tres veces

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¿Cómo afecta la corrupción en toda la cadena productiva del país?
Paraliza la inversión. Ahorita, por causa de la corrupción, nadie quiere tomar la decisión de firmar un contrato y muchas obras del Estado están detenidas. En Covial —Unidad Ejecutora de Conservación Vial—, por ejemplo, ya solo tres miembros de la Cámara de Construcción siguen participando.  

La semana pasada, durante el testimonio de Juan Carlos Monzón, se mencionó el papel de la Comisión de Transparencia como una forma de controlar los contratos para luego cobrar comisiones. ¿Cómo tomaron esto, tomando en cuenta que esta comisión era una contraparte del Estado en COST?

En varios procesos hicimos ver que había anomalías en la forma en que se daban los contratos. No estamos para juzgar, pero sí señalamos irregularidades. Como en el caso de Sigma Constructores hicimos ver la problemática, hubo una primera licitación y luego siguieron operando bajo la sombrilla de ese contrato que se estuvo ampliando tantas veces, luego, sin licitación.

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¿Cuáles han sido las irregularidades que más han encontrado en sus informes?
En el último informe hicimos ver que muchos proyectos se están incrementando en tiempo y costo. Por ejemplo, dicen: “Esta carretera va a costar Q20 millones”,  y resulta que cuesta Q30 millones y no la hacen a tiempo. Esa evaluación se hizo con muchas empresas y se encontró una falta de buena planificación y muchas veces la obra cuesta el doble o el triple.   

Además de la falta de planificación está el problema del cobro de comisiones por parte de funcionarios o el financiamiento de empresarios a partidos políticos. ¿Cómo afecta esto el costo?
Al principio se trabajaba bien, la Dirección General de Caminos (DGC) hacía su planificación. Ahora se saca a licitación diseño y construcción juntos. Se hacen los proyectos a la carrera y se abren las puertas a la corrupción. Se oferta, por ejemplo, un tipo de mezcla más barata y luego se modifica el contrato por una mezcla más cara. Con estos cambios el empresario obtiene un beneficio y paga “ayudas” a los candidatos y funcionarios.

Ahora se dice que se hace hasta tres veces un proyecto. Al ganarlo, al ejecutarlo y cuando se quiere cobrarlo, y las comisiones por las obras se pagan hasta tres veces.   

O sea que ganan con un precio y luego lo van modificando. Además de ser un robo afecta la competencia de otros constructores.  

Eso se ha dado, esas bases del contrato se han modificado, incluso renglones de trabajo. Hay empresas que son expertas en entregar una oferta ya pensando en los cambios que van a hacer para aumentar su precio y beneficiarse.

Hay disposiciones en la Ley de Contrataciones del Estado que no permiten incrementar el monto del proyecto, primero solo un 20 por ciento, y luego otro 20 por ciento en otra fase, pero se han hecho hasta contratos nuevos incrementando el costo mucho más que el 40 por ciento.

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¿Cómo han visto en esta administración la ejecución de obra?
Ahora la ejecución de obra es muy baja, porque hay mucho miedo en otorgar proyectos. Casi nadie quiere participar en juntas de licitación. Además, ha habido poca comunicación entre el Ministerio de Comunicaciones y sector privado, que solo ha tenido contacto con algunas constructoras, pero individualmente.

¿Es la justicia transicional una de las salidas a esto, o sea, admitir la culpa, tener una pena, pagar una reparación y buscar formas de que no se repita?
Creo que es uno de los pasos que tenemos que seguir. Tal vez no es la solución final, pero el hecho de que haya denuncias, capturas, se reconozca el delito, se fijen condenas, y se repare el daño es un paso importante.
Para cualquier empresario es algo de lo que se va a aprender. No sé si es suficiente. Algunos dicen que se podría ampliar a que no participen en licitaciones de obras ni en cargos públicos, pero siempre habrá personas interesadas en la corrupción, en el sector público y privado, ya que han hecho de esto su modo de vida.

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¿Las próximas elecciones serán un momento para medir si se aprendió la lección?
Antes era normal darle dinero al primero, segundo y tercer lugar, para estar seguro de que alguien iba a recibir. Ahora eso no se puede hacer tan fácil y ya no puede ser anónimo. Como  el mismo comisionado —Iván— Velásquez dice, el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia en el país, es algo que tenemos que entender. Como gremio de constructores tenemos que hacerlo de la forma correcta y, en la próxima campaña  electoral, ser más claros.