Hasta el momento el acuerdo ha sido ratificado por la Unión Europea y los Congresos de Honduras, Panamá y Nicaragua, mientras en Costa Rica, el Salvador y Guatemala aún se encuentra en trámite legislativo.
“El resultado principal de la discusión es que el acuerdo entrará en vigencia el 1 de agosto entre la Unión Europea y aquellos países de Centroamérica que hayan concluido antes del 15 de julio todos los procesos referentes a la ratificación”, declaró en conferencia de prensa el viceministro costarricense de Comercio Exterior, Fernando Ocampo.
El funcionario aseguró que los países que no logren entrar en el acuerdo el 1 de agosto deberán esperar otra oportunidad que como mínimo se daría hasta el próximo 1 de enero, dependiendo de la voluntad de la UE.
Por su parte, el viceministro salvadoreño de Economía, Mario Hernández, explicó que los países que queden fuera del tratado en la primera oportunidad correrán el riesgo de perder su participación en cuotas regionales de exportación de productos como carne, azúcar, ajos, hongos, arroz, maíz, entre otros.
Sobre la situación de su país, Hernández comentó que el acuerdo de asociación se encuentra en una comisión legislativa y que espera que se logre un avance para cumplir con el plazo establecido hoy entre las partes.
Por su lado, la viceministra guatemalteca de Comercio Exterior, María Luisa Flores, dijo que en su país han habido algunos “problemas” para avanzar con fluidez en la discusión legislativa de la iniciativa, pero que espera que se resuelvan en los próximos 15 días.
Agregó que del acuerdo de asociación “dependen muchos puestos de trabajo” en Guatemala y que además su país recibirá grandes beneficios comerciales.
En Costa Rica la iniciativa se encuentra estancada en el Plenario, donde los diputados José María Villalta, del izquierdista Frente Amplio, y Luis Fishman, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), han presentado decenas de mociones.
Estos legisladores argumentan que con este tratado Costa Rica privatizará sus aduanas terrestres y se comprometió a revisar impuestos internos a bebidas alcohólicas, lo que califican como “nefasto” e “inconstitucional”.
El viceministro Ocampo dijo hoy que esas premisas no son correctas, pues en el texto lo que Costa Rica incluye es la creación de un impuesto aduanero para pagar un préstamo de 80 millones de dólares que se tramita con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la modernización de los puestos fronterizos.
El acuerdo de asociación incluye tres pilares: cooperación, diálogo político y un tratado comercial.
