El decreto 5-2021 Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites, o también conocida como antitrámites modernizará la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización y digitalización, utilizando las herramientas tecnológicas de comunicación e información, y tendrá un ámbito de aplicación a todos los trámites que se realicen en las dependencias del Organismo Ejecutivo.
Es decir, será de carácter obligatorio en las entidades del Ejecutivo para la realización de trámites.
Buena señal
La simplificación es una buena señal para agilizar los procesos administrativos, y que no se quede como otras iniciativas que son buenas pero que se quedan en intenciones o no se implementan, señaló Juan Pablo Estrada Domínguez, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi).
Le puede interesar: ¿Cómo invertir en España? Un mercado maduro, sofisticado y altamente competitivo
Subrayó que el contenido de esta ley, ya lo podían aplicar las instituciones de manera independiente, sin necesidad de contar con una normativa, sino de falta de voluntad política, ya que todas las instituciones tienen la iniciativa de disminuir o reducir los tramites innecesarios, no duplicar información que las mismas entidades emiten o que lo obliguen a adjuntar al expediente, pero ahora la ley los obliga a que no se haga eso.
Estrada Domínguez aclaró que esta normativa viene a incentivar y reforzar a las instituciones a tomar la postura de reducir los tramites, agilizar y poder resolverlos.
La disposición, establece que, para el caso del Organismo Judicial, Legislativo, municipalidades, y otras entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas podrán aplicar la normativa por decisión de la autoridad máxima.
El presidente de Anacovi, destacó que, para completar la simplificación, hace falta resolver los temas de papel de protocolo y timbres electrónicos para llevar a cabo la transformación digital, para llevar a cabo la firma electrónica y trámites en digital en todo sentido.
Beneficio para los usuarios
Hermann Girón presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expuso que como sector organizado consideran positiva la aprobación de la ley, y que estaba identificada en el plan de reactivación para el desarrollo (Predes) que se presentó en agosto del 2020.
Precisó que el gran objetivo de esta ley es modernizar la gestión del estado, promoviendo la simplificación, agilización y digitalización de trámites administrativos.
Aun cuando su aplicación es para dependencias del Organismo Ejecutivo, dependencias de los otros organismos del Estado, como son el Judicial, el Legislativo y dependencias como las municipalidades, pueden utilizar los conceptos de esta ley para beneficiar a los usuarios de sus procesos, agregó.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, las autoridades deberán trabajar para simplificar procedimientos y poner a disposición de los usuarios los mecanismos tecnológicos, declaró Girón.
Lea además: ¿En qué podría afectar a Guatemala las acciones políticas que suceden en El Salvador?
“Los integrantes del sector estamos dispuesto a trabajar en colaboración con las diferentes instancias que lo requieran para apoyar en esta etapa que requerirá de esfuerzos importantes y que es clave a la buena implementación de la Ley”, recalcó el presidente del Cacif.
Como logros inmediatos, desde el inicio de su vigencia, esta Ley dará legitimidad explícita a prácticas modernas como son la utilización de firmas electrónicas, documentos digitales y modalidades de pago electrónicos, que hoy han sido sujetos a interpretación de diferentes autoridades.
Una vez implementada, esta ley privilegiará los registros digitales, lo cual logra los importantes objetivos de mejorar la trazabilidad y transparencia de trámites ante las dependencias del Estado.
Contenido
La Ley que cobrará vigencia 90 días después de su publicación en el Diario de Centro América, consta de 42 artículos, y establece VII capítulos para hacerla operativa en los medios electrónicos:
- Celeridad: deben incentivar el uso de medios electrónicos a efecto que los trámites administrativos se desarrollen de forma eficiente y en el menor tiempo posible.
- Consolidación: deberán simplificar sus procedimientos, consolidando los pasos de similar naturaleza dentro de cada trámite administrativo.
- Coordinación: deberán implementar canales de intercambio de información mediante el uso de medios electrónicos para la adecuada gestión de los trámites.
- Participación ciudadana: para la optimización y modificación de los trámites administrativos, deben contar con la participación de los usuarios tomando en cuenta sugerencias y necesidades.
- Presunción de buena fe: salvo prueba lo contrario, los documentos y declaraciones presentadas por los usuarios, en el marco del trámite administrativo, se presumirán auténticos, sin perjuicios de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se puedan generar por la falta de veracidad en lo declarado, presentado o informado.
- Publicidad: se garantiza la publicidad de las actuaciones gestionadas en virtud de un trámite administrativo.
- Simplicidad: los trámites deberán ser claros, sencillos, ágiles y de fácil entendimiento para los usuarios.
- Transparencia: deberán de proporcionar a los usuarios toda la información relacionada a los trámites administrativos que se pueden gestionar en sus oficinas, sitios web o dependencias.
- Trazabilidad: deberán proporcionar herramientas para que los usuarios conozcan el estado o avance de su solicitud o expediente.
Cuotas de poder
Estrada Domínguez reconoce que, aunque existirá una orden de simplificar los trámites con tecnología, uno de los problemas de fondo en las instituciones públicas sigue siendo los sindicatos, pactos colectivos o nombramientos en entidades cumpliendo favores políticos o por compadrazgos, que en parte vuelven más burocráticos los procesos, y posiblemente en algunos casos, abren las puertas a ciertos casos de corrupción, por lo que hay más cosas que atender para poder simplificar los trámites.
Citó como ejemplo, que en una institución que tiene cinco plazas para hacer el trabajo que debiera ser una, las cinco plazas deben de justificar sus actividades, y el expediente deberá pasar por las cinco personas.
Recomendó que para que los procesos sean más eficientes, hay que reducir la cantidad de pasos que se dan en las instituciones, y eso implicará otros asuntos.
