La violencia de las barras bravas en el futbol de Costa Rica vuelve a la palestra tras las agresiones ocurridas el fin de semana pasado, lo que evidencia que sigue siendo un problema sin solución, pese a que existe una ley y a que algunos clubes han tomado medidas.
El golpe le ocasionó fracturas en el cráneo al hombre, quien estuvo cerca de morir en el hospital y podría sufrir secuelas por el resto de su vida.
El sospechoso del delito de tentativa de homicidio, se entregó a la policía un día después, mientras las autoridades buscan a varios más que participaron en la pelea.
Esto ocasionó que, nuevamente, se armara un escándalo en el que la policía y clubes se echaban la culpa mutuamente por lo ocurrido y se reviviera el eterno debate sobre la necesidad de disolver las barras bravas.
En estos grupos hay de todo. Desde gente que va a apoyar a su equipo, hasta otros que van a los estadios a consumir droga, a asaltar gente y comercios cercanos o a buscar pleitos con los rivales, según han mostrado diversos reportajes periodísticos sobre el tema.
Datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) indican que en cada jornada del futbol son detenidas en promedio 20 personas de las barras por delitos como tráfico y venta de drogas, perturbación del orden público, desobediencia e irrespeto a la autoridad y tenencia de armas blancas o de fuego.
El martes la Federación Costarricense de Futbol celebró una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad y representantes de los clubes para analizar la problemática y plantear soluciones.
“Nosotros como Federación estamos interesados en que este tema se resuelva. Yo creo que esta reunión sí se diferencia a las demás porque se presentaron algunas ideas importantes que son el inicio para comenzar a hacer las cosas diferentes para que la violencia no manche el fútbol”, dijo el presidente Federativo Rodolfo Villalobos, tras la cita.
Y es que desde 2013 en Costa Rica existe una ley que sanciona con prohibiciones de ingreso a estadios de hasta tres años para quienes cometan hechos de violencia o racismo en escenarios deportivos, pero que no incluye castigos penales.
Las sanciones penales se pueden aplicar si los revoltosos son acusados por la Fiscalía de delitos graves como sucedió en 2014 con tres miembros de “La 12”, barra del Alajuelense, que fueron sentenciados a siete años de cárcel por robo agravado y agresiones durante un partido.
