Tanto el propio Barsa como sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu estaban siendo ya investigados en este causa, así como José María Enríquez Negreira, el exdirigente arbitral en el centro del escándalo, y su hijo.
Ahora, sin embargo, el magistrado Jesús Aguirre, a cargo de la instrucción en un juzgado de Barcelona, decidió sumar a Laporta, quien ya presidió el club entre 2003 y 2010.
Pese a que los supuestos pagos del club a Negreira -quien fue el número dos de los árbitros españoles durante 25 años- se extendieron entre 2001 y 2018, según la Fiscalía, Laporta no había sido incluido hasta ahora entre los investigados atendiendo a la prescripción de los presuntos delitos.
Pero el magistrado Aguirre ha considerado ahora que en el caso de los presidentes y empleados del club “los hechos imputables llegan hasta el mes de julio de 2008, por lo que abarca a la directiva del FC Barcelona anterior a la presidida por el investigado” Sandro Rosell (2010-2014), según puede leerse en el auto hecho público este miércoles.
El juez explica su criterio, diferente al de la Fiscalía, haciendo referencia a la tipología de los presuntos delitos, que permite contar diez años desde el último supuesto pago realizado a Negreira, el 17 de julio de 2018.
El llamado ‘caso Negreira‘, que lleva convulsionando desde hace meses el fútbol español, subió de nivel en marzo, cuando la fiscalía de Barcelona presentó una denuncia por corrupción entre particulares contra el club catalán y varios de sus exdirigentes, como los expresidentes Rosell o Bartomeu.
La querella también se dirigía contra José María Enríquez Negreira y alguna de sus empresas, a través de las que habría cobrado más de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía.
🚨 Joan Laporta aparece como imputado por los supuestos sobornos del Barça a Negreira https://t.co/197ZpMJUHI
— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 18, 2023
El Barça cesó en sus pagos en 2018 por la salida de Negreira del Comité Técnico de Árbitros (CTA), cuando el ahora exdirigente de la Federación, Luis Rubiales, remodeló el organismo a su llegada al cargo, de acuerdo con la investigación.
A finales de septiembre, la Guardia Civil registró durante horas la sede del CTA, situado en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol a las afueras de Madrid.
