La demanda acusa a Warner y a Chuck Blazer, un alto jerarca estadounidense de la FIFA y la Concacaf fallecido en 2017, de aceptar sobornos y regalos de empresas deportivas a cambio de otorgar contratos de televisación y marketing de partidos y torneos de fútbol.
También les acusa de aceptar coimas “para su enriquecimiento personal” a cambio del voto de la Concacaf para elegir a Sudáfrica como sede de la Copa del Mundo de 2010.
“No puede haber dudas de que Warner y Blazer victimizaron a la Concacaf, robándole y defraudándola en decenas de millones de dólares en atrevidos actos de corrupción para su propio beneficio personal a expensas de toda la región Concacaf”, según la demanda.
Un abogado de la Concacaf indicó que la organización intentará incautar bienes de Warner para recuperar el dinero perdido.
Warner, de 76 años, es uno de los pocos de los 42 acusados en el marco del gigantesco escándalo de corrupción conocido como FIFAGate que está libre y no ha sido juzgado.
El gobierno estadounidense le acusó en mayo de 2015 de ocho delitos de asociación para delinquir, transferencia ilegal de dinero y lavado de dinero, entre otros.
Warner, presidente de la Concacaf de 1990 a 2011, exministro de Seguridad y exlegislador de su país natal, Trinidad y Tobago, donde reside en libertad tras pagar una fianza, asegura ser inocente.
El comité de ética de la Fifa le prohibió en el 2015 ejercer cualquier cargo en el futbol nacional o internacional de por vida, y Estados Unidos busca extraditarlo para juzgarlo en Nueva York.
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En junio, el tribunal de apelaciones de Trinidad y Tobago rechazó la impugnación de Warner contra el pedido de extradición.
Warner tiene ahora la intención de llevar el caso ante el Consejo Privado Británico, última instancia de apelaciones de la excolonia británica, algo que llevaría varios meses.
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Sus hijos Daryll y Daryan Warner, también acusados en el marco del FIFAGate, se declararon culpables en 2013 y aguardan sentencia en Estados Unidos en libertad tras pagar fianza.
Los herederos de Blazer acordaron pagar este año 20 millones de dólares a la Concacaf para saldar la demanda civil, pero la prioridad la tendrá el fisco estadounidense.
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