Cuatro policías resultaron con heridas leves, pero no hubo ningún detenido por los disturbios en el estadio Centenario, según un comunicado del Ministerio del Interior, divulgado el lunes.
Nacional ganaba 3-2 cuando el partido fue suspendido. Las celebraciones de los aficionados de Nacional acabaron en actos de violencia fuera del estadio, incluyendo el saqueo de un supermercado en el centro de Montevideo.
Cuarenta y tres personas fueron detenidas luego en los desmanes en el posterior festejo y otros actos violentos posteriores al partido, de acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior.
En la ciudad de Paysandú, 400 kilómetros al norte de la capital, los festejos dejaron dos policías heridos, al menos dos detenidos y un mínimo de cinco comercios con las vidrieras rotas, informó el diario local El Telégrafo.
Su decisión provocó la renuncia de las autoridades de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF). Sin embargo, poco después Mujica dio marcha atrás en su decisión cuando los clubes acordaron adoptar las normas de la FIFA para sancionar los hechos violentos.
“Fue lamentable, una vergüenza, una tristeza. Es un fenómeno que arruina cualquier fiesta. Ninguna de las instituciones y los miles de personas que estaban en la cancha se merece una culminación tan fea como la que nos tocó vivir. Es un asunto que estará en la preocupación de las autoridades correspondientes. No es una buena cosa para los uruguayos, no es motivo de orgullo”, dijo el lunes el ministro de Transporte, Víctor Rossi al término de una reunión del consejo de ministros.
El viceministro del Interior, Jorge Vázquez, hermano del presidente Tabaré Vázquez, culpó a los dirigentes de Peñarol por los incidentes en el Centenario. Señaló que el club elige a su personal de seguridad entre los integrantes de su propia afición.
“El mecanismo que utiliza Peñarol no es el que acordamos”, dijo Vázquez a radio Oriental. “Está mal, está prohibido”, agregó.
En cambio dijo que Nacional ha contratado personal de vigilancia “y ellos son los que más o menos contienen los problemas”.
La oposición, sin embargo, responsabilizó al gobierno por su inoperancia ante los violentos.
“Ni Peñarol en el estadio ni Nacional en las calles, podrán nunca resolver eso, por más sanciones que reciban. O el Estado se ocupa o el Estado huye. El Gobierno elije”, escribió el diputado José Carlos Cardoso, del opositor Partido Nacional, en su cuenta en Twitter.
El senador Pedro Bordaberry, del también opositor Partido Colorado, lamentó que el parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría, no trate su proyecto de ley para crear un “registro nacional de aficionados de deporte”, según el cual cada aficionado sería individualizado con sus eventuales antecedentes, de modo de no permitir el ingreso de los violentos a los espectáculos.
En marzo de 2014, el entonces presidente José Mujica decidió que la policía no brindara más servicios de seguridad en los partidos donde Peñarol y Nacional fueran locales, debido a los repetidos actos de violencia.
