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Los recursos de Bartomeu y Rosell se estudiarán hasta el 22 de mayo

La Audiencia Nacional estudiará el 22 de mayo siete recursos del caso Neymar, dos de ellos los del presidente del Barcelona, Josép María Bartomeu, y su predecesor, Sandro Rosell, contra su procesamiento por el fichaje irregular del brasileño, unos hechos por los que se enfrentan a penas de hasta 7 años de cárcel.

Eel presidente del FC Barcelona, Josép María Bartomeu, y de su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, buscan evitar el juicio. (Foto Prensa Libre: EFE)

Eel presidente del FC Barcelona, Josép María Bartomeu, y de su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, buscan evitar el juicio. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según informaron fuentes jurídicas, los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Penal tienen previsto reunirse ese día para debatir todos los recursos de apelación presentados por Bartomeu, Rosell y el Barcelona, los tres encausados en este caso.

Lo harán después de que el sucesor de Pablo Ruz en el juzgado de instrucción 5 de la Audiencia, José de la Mata, abriera ayer juicio oral contra los tres y que la sección tercera señalara anteriormente que los recursos no paralizan la tramitación de la causa.

Cada uno de los encausados ha presentado dos recursos, uno de ellos contra el auto de Ruz que les procesa por delitos fiscales (en el caso de Rosell, le añade un delito societario por administración desleal).

Tras su procesamiento, el fiscal José Perals pidió penas carcelarias contra Bartomeu (2 años y 3 meses) y Rosell (7 años y 6 meses) y que se imponga una multa de 22,2 millones de euros al Barcelona, que será juzgado como persona jurídica, así como de 25,1 millones a Rosell y 3,8 millones a Bartomeu.

Los procesados sostienen, en cambio, que la Audiencia Nacional no es competente en un caso que tendría que haber sido tratado en la Audiencia Provincial.

El Barcelona alega en su recurso, al que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE, que no puede “afirmarse que exista maniobra mendaz de ocultación de fondos a Hacienda por parte del club, por lo que pide que se archive el caso contra él”.

El otro recurso presentado por los tres es contra la decisión de Ruz de no enviar la causa a un juzgado de Barcelona para que se investigara y juzgara allí.

El juez Pablo Ruz rechazó inhibirse en favor de un juzgado de la ciudad condal atendiendo a los criterios del fiscal, que afirmaba que esta pretensión tenía la finalidad evidente de dilatar el procedimiento.

Ruz alegó que la competencia era de la Audiencia Nacional porque se trata de un delito cometido por españoles en el extranjero, dado que en Brasil se firmó uno de los contratos del fichaje de Neymar y allí se transfirió el dinero.

El séptimo recurso que tratarán los magistrados de la sección tercera es una apelación presentada por el club contra la negativa de Ruz de acordar una diligencia, han informado las fuentes.

Ruz procesó a Bartomeu, Rosell y el Barsa por las cuotas que el club habría dejado de pagar a Hacienda en 2011, 2013 y 2014 por el fichaje de Neymar.

Según el juez, el fichaje costó al club un total de 83.371.000 euros frente a los 57,1 millones que declaró el Barsa en sus cuentas, a lo que se sumaría la cantidad defraudada a Hacienda, 13 millones de euros.

En relación con la responsabilidad de Bartomeu, el juez destaca su protagonismo “tanto en la génesis de las operaciones contractuales que constituyen la base fáctica del procedimiento (la contratación de Neymar) como en el desarrollo del fichaje y, por ultimo, en relación al conocimiento, asunción y autorización de los pagos vinculados a dicha contratación ocurridos en 2014”.

Al actual presidente del club se le procesa por un delito fiscal en el último ejercicio, cuando Bartomeu continuó actuando con la misma “mecánica defraudatoria” que su predecesor.

Respecto a Rosell, Ruz asegura que fue quien “ideó la operación” para que el club pagara menos a Hacienda y añade que ocultó la cantidad real del fichaje a los socios, pese a que en una asamblea celebrada el 5 de octubre de 2013 varios de ellos le preguntaron por el coste, que él entonces mantuvo que fue de 57,1 millones de euros.

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