Figueredo será sometido a proceso en su país por cargos de estafa y lavado de activos, explicó el fiscal del caso, Juan Gómez, a la AFP. Esos cargos fueron los que llevaron a la Justicia uruguaya a pedir la extradición del exdirigente en el marco del FIFAgate, el escándalo de corrupción que sacude a la FIFA.
Las penas previstas en el código penal uruguayo para los delitos de los que se le acusa van de 2 a 15 años de prisión, pero la defensa se amparará en la posibilidad de prisión domiciliaria prevista por la legislación local para mayores de 70 años, indicó a la AFP la abogada defensora de Figueredo, Karen Pintos.
La abogada defensora de Figueredo, Karen Pintos, dijo a la AFP que el estado de salud del dirigente de 83 años es “delicado”. “Él padecía una enfermedad anterior a la privación de libertad que se agudizó estando en prisión”, señaló.
Debido a su estado de salud y edad avanzada, Figueredo tendría la posibilidad de cumplir la pena en régimen de prisión domiciliaria. “Es un beneficio previsto por la justicia uruguaya y yo, como defensa, la voy a solicitar”, dijo Pintos.
La justicia suiza dio prioridad a Uruguay sobre Estados Unidos, que también lo reclamaba en extradición, y envió al exdirectivo a su país de origen.
Figueredo es sospechoso de haber aceptado sobornos millonarios a cambio de otorgar a una sociedad de comercialización estadounidense los derechos para la difusión de partidos de fútbol por televisión, aunque esta firma ofrecía menos dinero que otras competidoras por la compra.
El uruguayo fue vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) entre 1993 y 2013, año en que asumió como presidente, y además encabezó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) entre 1997 y 2006. También fue uno de los vicepresidentes de la FIFA.
Estaba detenido en Suiza desde el 27 de mayo pasado.
Acuerdo de colaboración
Figueredo rechazó desde un principio su extradición a Estados Unidos, donde además es acusado por fraude de naturalización por brindar datos falsos en su solicitud de ciudadanía.
Para lograr su extradición a Uruguay, desde el comienzo se manifestó dispuesto a cooperar dando datos a la justicia local.
“Él está dispuesto a colaborar”, dijo su abogada.
El fiscal señaló que el acuerdo dependerá del tenor de la información que brinde Figueredo. “Las condiciones para que se dé ese acuerdo es que esa persona revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores” en los ilícitos investigados, señaló Gómez recientemente a medios locales.
El FIFAgate
El caso comenzó en mayo de este año cuando la fiscal general (ministra de Justicia) de Estados Unidos, Loretta Lynch, dio a conocer un escándalo de sobornos, lavado de activos y fraude electrónico en la FIFA. Ese mismo día fueron detenidos cinco altos directivos de la FIFA – entre ellos el uruguayo- en Zúrich.
La semana pasada otro notorio dirigente del fútbol latinoamericano, el paraguayo Juan ngel Napout, también expresidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA como Figueredo, fue extraditado a Estados Unidos y quedó en libertad condicional.
Napout fue detenido el 3 de diciembre en Zúrich junto al presidente de la Concacaf, el hondureño Alfredo Hawit, en una segunda tanda de arrestos.
El viernes también fue extraditado desde Suiza a Estados Unidos el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Li.
De los dirigentes que figuraban como presidentes de las 10 asociaciones sudamericanas en 2013, año en que la Conmebol acordó los cuestionados derechos de televisación, ninguno se encuentra ahora al frente de sus entidades.
La lista es frondosa: Julio Grondona (Argentina, ya fallecido), José María Marín (Brasil), Rafael Esquivel (Venezuela, preso), Carlos Chávez (Bolivia, preso), Juan Angel Napout(Paraguay, extraditado y en libertad condicional), Luis Chiriboga (Ecuador, preso), Manuel Burga (Perú, preso), Luis Bedoya (Colombia), Sergio Jadue (Chile, colabora con la justicia de EEUU) y Sebastián Bauzá (Uruguay). Bauzá es el único de la lista sobre el cual no pesan denuncias judiciales ni sospechas.
