La aeronave estaba asegurada por unos 25 millones de dólares, según la compañía boliviana y, estimativamente, por cada fallecido debería cancelar hasta 165.000 dólares, según LaMia.
“Sé que en una o dos semanas la Fiscalía va a desprecintar la empresa, eso con seguridad va a permitir que la misma cumpla con el pedido de la aseguradora”, señaló el jurista.
El 29 de noviembre, un BA-146 modelo RJ85 de LaMia cayó cerca de Medellín, Colombia, y en el accidente murieron 71 de las 77 personas que iban a bordo, entre ellas el piloto 19 jugadores del club Chapecoense de Brasil, así como directivos del club y periodistas brasileños.
Una investigación de las autoridades aeronáuticas colombianas estableció que la nave tenía combustible limitado para cubrir la ruta entre la ciudad boliviana de Santa Cruz y el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que sirve a Medellín.
Para ese trayecto (Santa Cruz-Medellín), la aeronave debía contar con una reserva de combustible para sostenerse en el aire al menos una hora y cuarenta minutos más, según la indagación.
Sobre la adquisición del seguro por 25 millones de dólares, el gobierno boliviano asumió la existencia de testaferros, pues señaló que se tuvo que acreditar un mínimo de 5 millones de dólares en bienes, pero el piloto Miguel Quiroga, uno de los propietarios de la empresa, carecía de propiedades.
LaMia no ha efectuado pago de seguros a familiares de las víctimas de tragedia del Chapecoense https://t.co/4OvBKuJ3GJ pic.twitter.com/sU0x4NuVys
— El Espectador (@elespectador) December 29, 2016
Autoridades bolivianas dijeron por separado que se enviará a Colombia el viernes toda la documentación requerida por autoridades aeronáuticas de ese país, luego de que éstas se quejaran de una falta de cooperación de La Paz.
El gobierno anunció también un proceso contra el director de Aasana, la empresa estatal aeroportuaria de Bolivia, Marcelo Chávez, por la falta de cooperación.
