Departamental

PNC no debería estar a cargo de cárceles en la provincia

El resguardo de cárceles por la Policía Nacional Civil (PNC) se debe a razones históricas, pero esta entidad no es legalmente responsable de ello ni tiene capacidad para controlar la delincuencia y violencia entre los mismos reos, coincidieron el director adjunto de esa institución, Jorge  Aldana Gálvez, y el Defensor del Debido Proceso, de la Procuraduría de Derechos Humanos, Gerardo Villamar.

Gerardo Villamar, de la PDH, el comisario Jorge  Aldana Gálvez, el periodista Leonel Sión y el editor Isaac Ramírez, durante el programa Diálogo Libre. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

Gerardo Villamar, de la PDH, el comisario Jorge Aldana Gálvez, el periodista Leonel Sión y el editor Isaac Ramírez, durante el programa Diálogo Libre. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

Esas declaraciones las proporcionaron  durante el programa Diálogo Libre, que se transmite por Prensa Libre.com,  en el que se habló sobre el cobro de la extorsión  conocida como talacha y  muertes de reos presuntamente  por haberse negado a pagar, en  cárceles preventivas  a cargo de la PNC en Jutiapa y Quetzaltenango.

 ¿Se investigan  abusos y hasta muertes de reos en  el cobro de la talacha? 

Jorge Aldana: En aspectos jurídico legales somos coadyuvantes del Ministerio Público (MP), y es esa entidad la que por competencia legal debe hacer la investigación.

La PNC solo reúne la información para cuando el MP lo requiera.

Gerardo Villamar: El procurador de la PDH, Jorge de León, se ha pronunciado en contra de ello.

 ¿Qué se ha investigado de dos recientes muertes  en las cárceles de Jutiapa y Xela?

Aldana: Es demasiado prematuro que se diga por qué murió un reo si no se tienen los elementos, pues hay un ente específico —Instituto Nacional de Ciencias Forenses— el que determina las causas de la muerte, y la  investigación la debe llevar a cabo  el MP.

 La Policía cuenta con la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), que se encarga de conocer sobre denuncias contra miembros de la PNC, y si hay flagrancia, hace la detención, o de lo contrario lleva a cabo la investigación.

 Villamar: La PDH también,  a través de las auxiliaturas departamentales en este caso, son  las que le dan seguimiento a indicios de la participación de autoridades en  delitos.

¿La PNC está enterada sobre la corrupción en las cárceles?

Aldana: Al tener conocimiento de algún hecho le damos seguimiento al caso, y se hacen investigaciones sobre situaciones que surjan hasta  dentro de la PNC. Abrimos la investigación hasta materializar el caso.

Se han hecho investigaciones  y consignaciones  de   compañeros que han incurrido en algún hecho delictivo.

¿Hay algún programa de la PNC para contrarrestar la talacha?

Aldana: El problema es que tenemos mucho hacinamiento,  pero hemos trabajado en algunos temas a través de la Subdirección  de Prevención del Delito.

Villamar: La talacha es una extorsión, pero hay que verla como un sistema de organización de los reos, pues les  trae algún beneficio.

Algunos detenidos que hemos entrevistado dicen que el pagarla le ha evitado tener que hacer la limpieza de la cárcel. No se debe olvidar que los reos se organizan para mantener limpios los centros de detención.

Sin embargo, no es justificable cuando se cobra demasiado; hay violencia y hasta homicidios.

 ¿Debe la PNC estar a cargo de cárceles?

Villamar: Es ilegal que estén a cargo de la PNC. La Ley de Régimen Penitenciario, de mayo del 2016, y la Constitución de la República, dicen que  deben estar a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP).

 La Procuraduría de la PDH se ha pronunciado para que esas cárceles pasen a control del SP.

En ese camino va la política nacional penitenciaria.

Se debe tener en cuenta que las granjas fueron construidas en 1968, y vamos para 50 años de su construcción,  y en 1996 se completaron las plazas para el cupo para el que tiene cabida, que es de  seis mil 381 privados de libertad.

Aldana: Durante el gobierno de Jorge Ubico se crean las cárceles preventivas, y eran  los alcaldes los que ejercían como jueces para faltas y delitos menores.

En hasta 1985, con la nueva Constitución Política, que las cárceles pasan al control del Sistema Penitenciario. En esta transición quedan 14  cárceles preventivas   bajo la responsabilidad de la PNC.

El artículo 19 de la Constitución señala que las cárceles no son para castigar, sino para la reinserción social, pero con el hacinamiento, la PNC no puede cumplir con ello.

También hay denuncias de que se  extorsiona a familiares de los reos. ¿Qué conocimiento tiene la PNC?

Aldana: Reitero  que al darnos cuenta de una irregularidad  se investiga y se deducen responsabilidades. Hay reos que se le notifican   una causa, y luego se les notifica sobre  otra.

En la actualidad  tenemos  competencia científica,   pero no se me permite hablar  sobre ello.

¿Han tenido avances?

Aldana: No tenemos resultados todavía,  pero tampoco puedo dar información.

¿Que instituciones son las encargadas de dejar a cargo del SP el control de las cárceles que maneja la PNC?

Villamar: El Organismo Judicial y el Ministerio de Gobernación.

 

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