Felipe Rojas, representantes de los vecinos, comentó que el problema es de grandes dimensiones, pues debido al desalojo de un bloqueo que efectuó la semana recién pasada la Policía Nacional Civil (PNC), que dejó varios niños intoxicados, los pobladores se han armado con piedras y palos.
Esas afirmaciones causaron revuelo en algunos sectores, que aseguran que esos agrava el conflicto en Casillas, ubicado a 16 kilómetros de donde opera la mina, en San Rafael Las Flores.
Rojas señaló que la única solución para dar por terminado el conflicto es si se cerran las operaciones de la mina, pues a su lucha se han sumado vecinos de varios sectores del occidente del país que se oponen a la explotación de los recursos naturales.
Felipe Rodríguez, otro vecino, comentó que es urgente que las autoridades asuman su responsabilidad en la resolución del problema, pues la mayoría de habitantes vive con temor ante la cantidad de sismos que se registran.
“Con mina o sin mina uno comía fríjol y tortilla”, comentó Rodríguez.
Los vecinos critican los informes que han presentado el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y el Ministerio de Ambiente, los cuales determinan que la actividad sísmica se debe a causas naturales.
Añadieron que las muestras han sido tomadas mientras la compañía está fuera de operaciones, por lo que exigen responsabilidad en el manejo de los datos.
Eddy Sánchez, director del Insivumeh, señaló que los estudios tienen fundamento científico y que Casillas está ubicado cerca de la falla de Jalpatagua, por lo que es un área altamente sísmica.
Añadió que gran parte de los temblores que detectaron son imperceptibles para la población, a pesar de que esta se encuentra cerca de donde se originan, a unos 680 metros.
Juan José Cabrera, representante de la Mina San Rafael, comentó que la oposición de los vecinos de Casillas les causa una serie de problemas para operar, pues el combustible que utilizan para generar energía eléctrica se les está terminando.
Cabrera solicitó a los diputados intermediar para el paso de los vehículos de la empresa sea habilitado, pues el diésel, los alimentos y el agua se están agotando. A la obstaculización del paso para automotores de la minera, sus representantes la califican como un acto de discriminación.
Cabrera añadió que están en disposición de sumarse a la mesa de diálogo que se formará a partir de esa reunión en elCongreso, en busca de que la situación se normalice en las comunidades del lugar.
Irregularidades
Mario Minera, director de Conflictos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que determinaron que las fuerzas de seguridad incurrieron en varias irregularidades durante el operativo de desalojo que se efectuó la semana última, por lo que presentaron una denuncia penal contra varios agentes de la PNC.
Añadió que entre las irregularidades destacan el uso inadecuado de las armas y la invasión a propiedad privada, pues algunos policías ingresaron en varios negocios e inmuebles.
Juan Herrera, delegado de la PDH en Santa Rosa, comentó que no hubo una orden de desalojo y que los agentes de la PNC actuaron porque algunos vecinos efectuaban revisiones de vehículos.
Para el miércoles se tiene prevista una visita a Casillas y San Rafael Las Flores por parte del comisionado presidencial del Diálogo, Rocael Cardona, quien deberá identificar a los actores principales para formar la mesa de diálogo.
