El sector afectado abarca de la 3a. a la 6a. avenidas, y de la 11 a la 14 calles de esa zona, donde los negocios no respetan la ley seca y mantienen equipos de sonido y venta de licor hasta las 6 horas.
En el lugar, además del bullicio y desorden en las calles, también prolifera la prostitución, se promueve el alcoholismo y la venta y consumo de drogas. Además, hay problemas de higiene, pues los vecinos deben salir a limpiar la suciedad que queda en las calles y frente a sus hogares.
Sergio Barrios, presidente de Comité Único de Barrio Tívoli, quien tiene a su cargo velar por el bienestar de los residentes, lamentó que muchos negocios se hayan establecido ilegalmente en ese sector, ya que son víctimas del sonido y el desorden en el lugar.
“Estos negocios están amparados por la Municipalidad de Guatemala. Amparados, porque el que calla otorga. Ha provocado que muchos vecinos vendieran sus propiedades al ver que la zona no tiene el aval municipal de protección al residente”, explicó.
“Hay vecinos que han hecho quejas directas a representantes de los negocios, y como respuesta reciben amenazas, con la advertencia de que desocupen y que les ofrecen dinero por sus propiedades”, dijo Barrios.
Varios vecinos hablaron del problema que padecen bajo la condición del anonimato, por temor a represalias.
Una mujer que vive a un costado de uno de los antros cuenta que en las noches su casa vibra, al extremo de que no puede tener un cuadro o un retrato en sus paredes y en el cuarto de baño se desprenden azulejos.
Otra vecina dijo que sufre lo mismo, y culpa a las autoridades por el desorden, pues no hay control minucioso en las construcciones de locales en la zona y estos no cuentan con los permisos municipales sobre cambio del uso del suelo.
Confirma problema
Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala, informó que por medio de la línea del 1551 la comuna ha recibido varias denuncias de vecinos de ese sector, quienes se ven afectados por el ruido proveniente de varios establecimientos ilícitos que se encuentran en el área.
Sandoval destaca que unos 20 o 25 expedientes se ventilan en el Juzgado de Asuntos Municipales, donde se hacen los trámites necesarios para cerrar los negocios que funcionan sin autorización.
Agrega que los establecimientos que infringen la ley son multados, y si la falta es grave, se ordena el cierre. Reconoce que uno de los problemas es que cuando se clausura con un nombre, con el tiempo surge de nuevo con otro.
Además, reconoce que hay dueños de negocios que no cumplieron con los trámites por el cambio del uso del suelo —licencias de construcción—, tampoco cuentan con los permisos que deben poseer los establecimientos que tienen abiertas sus puertas al público e incluso de sanidad.
El vocero lamentó que muchas veces se complica la notificación que hace el juzgado a los negocios, ya que son recibidos por personas armadas.
Barrios, presidente del CUB, critica que los dueños de negocios no cumplen con el reglamento de la ley seca ni el control de decibeles establecido por la comuna.
“El alcalde Álvaro Arzú, a través de sus concejales, ha manifestado que el lugar es un área ideal para comercio y que no se ha explotado para vivienda; pero no hay interés en los inversionistas, quienes piden reglas claras y, sobre todo, que ven que la muni no cumple con sus compromisos de mantener buenos vecinos”, agregó.
Prohibiciones
La comuna aprobó el reglamento para la autorización y el uso de megáfonos o equipos de sonidos expuestos al público en el municipio, el cual establece que solo la Dirección del Medio Ambiente municipal emite licencias todo tipo de aparatos reproductores, amplificación voz y sonido.
La normativa establece que el juez de Asuntos Municipales podrá ordenar el cierre inmediato de los establecimientos que infringen la ley.
En la zona 9, al igual que el resto de zonas, la comuna ha establecido un máximo de 65 decibeles durante el día y 40 en la noche, mientras que la Policía Municipal de Tránsito debe controlar el desorden vial.
La Ley de Tránsito establece multas de Q500 para conductores que obstaculizan la vía y Q200 por circular en vehículos que tengan el silenciador o escapa inadecuado.
Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, afirmó que junto con otras instituciones patrullan la zona.
Desde el 2008, el Ministerio de Ambiente busca impulsar un reglamento para regular el ruido, pero a la fecha no existe. Además, la Ley de Protección del Medio Ambiente no especifica mediciones ni sanciones por bullicio.
Según el Código Municipal, las comunas deben controlar la generación de audios. El código establece que las personas que operan cualquier aparato de sonido, megáfono o similares sin licencia, o si la misma ya hubiera vencido, se les impondrá multa de Q500 a Q50 mil.