En Totonicapán, el 98 por ciento de la población habla k’iche’. El Juzgado de Primera Instancia Penal y el Tribunal de Sentencia solo cuentan con un intérprete en ese idioma para atender los casos, lo que causa atrasos en los procesos.
Josefa Pérez Pastor, quien recientemente inició un proceso contra su esposo por negación de asistencia económica y violencia intrafamiliar en el Juzgado de Primera Instancia Penal, comentó: “Debido a la falta de traductores, el juez ha suspendido dos veces la audiencia. Esta situación causa atrasos e inconvenientes, por lo que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto”.
Jeremías Álvarez, presidente de la organización de los 48 cantones, dijo que la barrera que se tiene es que la mayoría de trabajadores de los juzgados y Ministerio Público (MP) no hablan los idiomas mayas que predominan en ese departamento, lo cual causa que la resolución de los debates sean lentos.
“Si una persona no entiende de qué se le acusa no puede defenderse, el sistema de justicia está obligado a proporcionar este servicio”, expresó.
Pertinencia
Para Fermina López, líder comunitaria en Chimaltenango, aseguró que la falta de pertinencia cultural y respeto al idioma materno, por parte del sistema de justicia, continúa vulnerando a la población indígena, debido a las barreras idiomáticas que encuentran al momento de acceder y buscar solución a los maltratos, abusos y violaciones que afrontan.
Manifestó que algunas personas que no hablan español son víctimas de discriminación y tratos desiguales, pues algunos traductores no dominan bien ese idioma y tergiversan la información.
José López, delegado del Instituto Nacional de Estadística, refirió que el 52.28 por ciento de la población habla kaqchikel en ese departamento.
Cristina Canux, intérprete del MP, aseguró que requieren de sus servicios en casos de violaciones, maltrato contra la mujer y manutención.
“Cuando el traductor es hombre las víctimas no tienen la misma confianza para declarar, por eso también es importante más personal”, resaltó.
Karen Azurdia Velásquez, oficial del Instituto de la Defensa Pública Penal, señaló que en cuatro de cada 10 casos necesitan el acompañamiento de traductores.
Wálter Jiménez, juez del Tribunal de Sentencia Penal, dijo que en ese departamento hay unos 25 intérpretes, 16 de ellos en los juzgados de paz y el resto en el MP y juzgados de familia y niñez.
En Sololá, los tres intérpretes de kaqchikel, tzutujil y k’iche’ disponibles no se dan abasto para cubrir las necesidades de los indígenas, cuya población representa el 95 por ciento de la población.
La municipalidad indígena atiende a más de dos mil casos al año, cuyos denunciantes no confían en la justicia oficial.
En Quiché, donde el 86 por ciento de la población es indígena y habla k’iche’ e ixil, las autoridades de justicia aseguran que se gestiona la contratación de intérpretes de esos idiomas, extranjeros y lenguaje de señas.
Iván Morán, juez del Tribunal de Sentencia Penal, aseguró que es importante la intervención de los expertos para garantizar la justicia en los procesos.
