Las demandas fueron presentadas por cuatro supuestos prestamistas, quienes como prueba para el fallo mostraron un documento en el 2009, en el cual aseguran haber hecho los préstamos a Vela.
El secretario edil Hugo Letona explicó que el primer préstamo fue de Q930 mil; el segundo, de Q337 mil; el tercero, de Q300 mil, y el cuarto, de Q150 mil, lo cual suma Q1 millón 717 mil.
Ofrece aporte
En documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre se detalla que el ex jefe edil debió cancelar el monto en el plazo de un año, pero por impago dejó como garantía el 10 por ciento del situado constitucional.
Resaltan que el 1 de diciembre del 2011, la jueza Ruth García Chinchilla, quien emitió el fallo contra la comuna en octubre del 2014, informó al Instituto de Fomento Municipal sobre cuatro juicios ejecutivos por la deuda.
En esa misma fecha, García ordenó al Ministerio de Finanzas que del dinero del referido fondo emita cheques a nombre de los tres prestamistas.
El alcalde, Amílcar Alvarado, expuso que presentó cuatro amparos, ya que los préstamos no se hicieron a la municipalidad, sino al exalcalde, por lo que considera que el fallo es ilegal.
Sorprende decisión
Alvarado añadió que en el cuarto juicio, presentado el 3 de enero del 2012, Vela ya estaba enterado de que había perdido las elecciones, y además le sorprende que la jueza García haya agilizado los procesos y resuelto a favor de los prestamistas.
“El acta de reconocimiento judicial efectuada por los magistrados de la Sala Undécima de Apelaciones de Retalhuleu afirma que nunca fue ingresado el dinero a la comuna. Fue algo bien organizada para estafar a la municipalidad”, indicó Alvarado.
“Es lamentable que la jueza haya aceptado demandas de préstamos privados”, resaltó.
El alcalde explicó que el artículo 113 del Código Municipal resalta que los préstamos con personas individuales o jurídicas que no sean supervisados por la Superintendencia de Bancos serán nulos, y el alcalde y el Concejo que lo hayan autorizado serán los responsables.
El tesorero nacional, Juan Manuel López, también se pronunció en un oficio enviado a la jueza, en el que expone que por mandato legal no pueden embargarse las asignaciones presupuestarias, según el artículo 459 del Código Civil.
Autoridades ediles de San Pablo Jocopilas reiteraron que la decisión de jueza García es ilegal, y que seguirán en la lucha donde corresponda; además, anunciaron la paralización de proyectos que se mantienen en ejecución, debido al embargo.
Se trató de conocer la versión del exalcalde Francisco Vela, pero no respondió las llamadas efectuadas a su celular.
El vecino José Pacay expresó: “No es posible que sigamos en esta situación, porque ni siquiera sabemos en qué se usó ese dinero, que al final nosotros pagamos”.
“Se tapan con la misma chamarra, porque sabiendo de los problemas que tienen exfuncionarios los dejan participar para que ocupen de nuevo un cargo público”, lamentó Pacay.
